La autorización del tribunal para levantar el secreto bancario de la alcaldesa y siete implicados en el caso, busca esclarecer presuntas irregularidades en la compra de terrenos en la comuna.
Por Fast Check CL
La investigación sobre la compra de terrenos para el Centro de Salud Familiar (Cesfam) en Las Condes da un gran avance con la autorización del levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa Daniela Peñaloza (militante de la UDI) y otras siete personas vinculadas al caso, concedida por el Cuarto Juzgado de Garantía. Esta medida incluye la revisión de cuentas tanto de la municipalidad como de Vulcon Asset Management, empresa intermediaria en la transacción.
Según consigna la investigación realizada por Ciper, El foco de la pesquisa reside en dilucidar por qué el municipio pagó el doble por una propiedad destinada al Cesfam, cuando Vulcon Asset Management la había adquirido meses antes a mitad de precio, generando un sobrecosto potencial de $430 millones, según una indagación previa de Ciper. La solicitud de alzamiento bancario abarca a figuras relevantes como la alcaldesa Peñaloza, funcionarios municipales y socios de Vulcon Asset Management.
En este sentido, se establece que será levantado el secreto bancario de Daniela Peñaloza, alcaldesa en ejercicio y militante de la UDI, Juan Manuel Masferrer, administrador municipal de Las Condes, Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Nicolás Lucero, jefe jurídico de la municipalidad, Patricio Navarrete, ex director jurídico de la municipalidad, Paul Capdeville, socio de Vulcon S.A., Nelo Fabricio Travesany, socio de Vulcon S.A.
Aunque algunos implicados manifiestan disposición para colaborar con la investigación, argumentan su distancia temporal o falta de conocimiento sobre los hechos investigados. La pesquisa se origina a raíz de denuncias de concejales municipales sobre presuntas irregularidades en la compra de inmuebles para el Cesfam, destacando especialmente el caso de una propiedad vendida a precios inflados, lo que desencadenó el proceso judicial en curso.
