Críticas a informe psiquiátrico realizado por Jacqueline Van Rysselberghe: podría cambiar condena a exsargento por matanza durante la dictadura

El informe psiquiátrico realizado por Jacqueline Van Rysselberghe ha generado polémica y cuestionamientos debido a su posible impacto en la condena del exsargento José Otárola Sanhueza, implicado en la Matanza de Laja San Rosendo en 1973. Críticos, como el abogado querellante Patricio Robles, han señalado que Van Rysselberghe no fue contratada por el Servicio Médico Legal (SML) para intervenir en casos de Derechos Humanos, sino para cubrir brechas en psiquiatría en casos criminales.

El informe psiquiátrico realizado por Jacqueline Van Rysselberghe ha generado polémica y cuestionamientos debido a su posible impacto en la condena del exsargento José Otárola Sanhueza, implicado en la Matanza de Laja San Rosendo en 1973. Críticos, como el abogado querellante Patricio Robles, han señalado que Van Rysselberghe no fue contratada por el Servicio Médico Legal (SML) para intervenir en casos de Derechos Humanos, sino para cubrir brechas en psiquiatría en casos criminales.


Por Fast Check CL

Controversia ha generado un informe psiquiátrico realizado por Jacqueline van Rysselberghe, quien lo realizó como perito del Servicio Médico Legal (SML). En este sentido, la exsenadora fue cuestionada por su intervención en un caso de Derechos Humanos relacionado con la Matanza de Laja San Rosendo en 1973, a pesar de que el SML declaró que no fue contratada para tales fines. La solicitud del informe provino del ministro en visita, Carlos Aldana, a petición de la defensa del condenado José Otárola Sanhueza.

Otárola, un exsargento de Carabineros de 82 años, cumple una condena de 15 años en la cárcel El Manzano por el homicidio de 19 trabajadores de EFE y la papelera de Laja, y según consigna Radio Bío Bío, su defensa argumenta que una grave patología mental justifica un cambio en el cumplimiento de su condena. No obstante, el abogado querellante, Patricio Robles, ha puesto en duda el peritaje realizado por Van Rysselberghe, señalando que no fue contratada para intervenir en causas de Derechos Humanos, en base a lo afirmado por la directora nacional del SML, Marisol Prado.

En la misma línea, el SML aclaró que Van Rysselberghe fue contratada para cubrir brechas en psiquiatría entre 2018 y 2022 para casos criminales, no para causas de Derechos Humanos, información que ha llevado a Robles a considerar el informe inválido debido a la posición política de la doctora. Además, organizaciones como Londres 38 han criticado los resultados del informe, calificándolos como una muestra de “impunidad”.

Finalmente, se señala que Jacqueline van Rysselberghe ha preferido no hacer declaraciones al respecto. La decisión sobre la validez del peritaje recae ahora en el ministro Aldana, quien deberá evaluar este y otros informes que también indican problemas mentales en Otárola.

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