La fundación representada por Camila Ramírez, solicitó ante la justicia su proceso de liquidación apuntando a una grave crisis económica. Deben $274 millones en finiquito a sus ex empleados.
Por Fast Check CL
El “Caso Convenios” sigue golpeando a las fundaciones involucradas, y esta vez deja en la lona de manera definitiva a una de ellas. La fundación Urbanismo Social, a través de su representante, Camila Ramírez, solicitó la quiebra ante la justicia.
Urbanismo Social, constituida en 2008, lleva 15 años funcionando. En ese tiempo, según la información publicada en su página web, han ejecutado más de 155 proyectos, que se tradujeron en la entrega de 2.200 viviendas.
No obstante, todo comenzó a ir mal para la institución no gubernamental, cuando en junio de 2023 explotó el “Caso Convenios”. En dicha instancia, se inició una investigación sobre dineros traspasados de manera directa, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a distintas fundaciones. Bajo este escenario Urbanismo Social, también quedó en la lupa de la justicia.
Según consignó el Diario Financiero, Camila Ramirez, señaló que: “La fundación tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio. Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”.
Ramirez, también tuvo palabras para referirse al impacto que tuvo estar siendo investigados por el caso mencionado anteriormente. “El mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado “Caso Convenios”, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, agregó la representante.
A esto añadió que: “el conocimiento público del denominado Caso Convenios generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante”. Sumado al desprestigio de su imagen, se añadieron denuncias interpuestas por el Estado y sus instituciones, y medidas precautorias.
Hasta el 30 de abril de 2024 la fundación sumaba una perdida contable de $270 millones. Como si fuera poco, deben pagar $635millones de pasivos exigibles (deudas) por gastos ejecutados rendidos al Minvu y servicios dependientes. Por otra parte, hay $281 millones que permanecen en la caja social, dinero retenido a favor del fisco.
Urbanismo Social, también, deberá restituir $506 millones que recibieron por adelantado de parte del Minvu y otros organismos, para la ejecución de convenios que no se realizaron, aunque dicho dinero, hasta ahora, no ha sido requerido. Sumado a eso, tienen una deuda de $274 millones en finiquitos a ex trabajadores, a los cuales no les han pagado.
