Acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, la titular de Interior, Carolina Tohá y una frustrada contra el presidente Boric, han abierto un flanco entorno a la finalidad de los libelos acusatorios. Expertos señalan que pese a ser un mecanismo de control, actualmente, se usa como una herramienta política, desvirtuando su rol principal.
Por Álvaro Marchant
Las acusaciones constitucionales (AC) han estado en el centro del debate en las últimas semanas luego de que diputados, tanto de la bancada oficialista como opositora, ingresaran dos libelos contra los ministros de la Corte Suprema: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.
En sistemas presidenciales como el chileno, las acusaciones constitucionales son concebidas como una herramienta de control político sobre autoridades de gobierno, con la finalidad de garantizar la separación entre los poderes del Estado. Según el artículo 52 éstas son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y Diputadas.
En el citado artículo se establece que los líbelos deben ser presentados por un mínimo de diez parlamentarios y un máximo de veinte. Posterior a su ingreso, la Cámara deberá elegir, de manera aleatoria, una comisión de cinco diputados entre los cuales no pueden estar los acusadores. El acusado es notificado dentro de los tres primeros días posteriores al ingreso de la AC y tiene diez días para presentar su defensa ante los congresistas.
En caso de que la iniciativa sea aprobada en la Cámara Baja, el Senado actúa como juez. Dentro de las autoridades que pueden ser sometidas a una acusación constitucional se encuentran:
- El presidente de la República: por actos administrativos que hayan comprometido el honor o la seguridad del país, o infringir la constitución.
- Ministros de Estado: éstos pueden ser acusados por lo mismas razones que el presidente, sin embargo, se agregan los delitos de: traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
- Magistrados de los máximos tribunales y Contralor General de la República: pueden ser acusador por “notorio abandono de sus deberes”.
- Generales o almirantes pertenecientes a las Fuerza de la Defensa Nacional: por comprometer gravemente el honor o la seguridad del país.
- Intendentes y gobernadores: por infringir la constitución o por sospechas de delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
Tomás Jordan, abogado constitucionalista y académico de la UAH, recalca que las AC tienen un rol controlador y no fiscalizador. “La fiscalización busca examinar el cumplimiento específico en ciertos imperativos de actuación. En cambio, el control busca evitar ese accionar fuera de la norma jurídica y de la ley. Es una herramienta de control político y de poder”, argumenta el jurista.
¿Cómo utilizó el oficialismo las AC durante el segundo mandato del Presidente Piñera?
Durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la oposición de entonces, presentó diez acusaciones constitucionales contra ministros del gabinete. Sin embargo, gran parte de éstas no obtuvieron los resultados esperados.
Las acusaciones constitucionales levantadas por los sectores de la izquierda fueron contra Emilio Santelices, Marcela Cubillos, Felipe Guevara, Jaime Mañalich, Víctor Pérez, Raúl Figueroa y Andrés Allamand.
No obstante, la más relevantes fueron contra el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick y el expresidente Piñera. Estas acusaciones se dieron en el marco del estallido social, pero solo se aprobó el libelo contra el exministro convirtiéndose en el único jefe de cartera en ser destituido.
Segunda acusación contra Piñera
La segunda acusación contra el expresidente Piñera se originó luego de que la investigación periodística “Panama Papers” revelara que la compra venta del proyecto minera Dominga entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano, había sido ejecutada en Islas Vírgenes Británicas, en un paraíso fiscal.
La discusión del libelo se dio en pandemia y contó con bullados hitos. Durante quince horas expuso el diputado Jaime Naranjo (PS) para que su compañero de labores, Giorgio Jackson, alcanzara a llegar a Valparaíso a emitir su voto en un trayecto que fue seguido por redes sociales. La urgencia nació ya que el entonces parlamentario, Gabriel Boric, se encontraba con PCR positivo y no podía ir al hemiciclo.
Entre esos años, Constanza Martínez se desempeñaba como asesora parlamentaria del diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter. Hoy como presidenta de la tienda política comenta que las AC “son una herramienta legítima pero que no debería usarse para el rédito político pequeño, tratar de generar un empate artificial, ni menos entorpecer el trabajo en materias tan importantes como lo es hoy la seguridad”.
Al ser consultada si es que mientras eran oposición abusaron de esta herramienta, Martínez señala que “correspondió a un momento específico, principalmente post estallido, donde efectivamente hubo razones de fondo que terminaron por ejemplo con la salida de Andres Chadwick”.
La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, en conversación con Fast Check CL, valora que cuando al expresidente Piñera se le criticó políticamente, éste implementó cambios en su gabinete “cosa que no ha pasado en este gobierno”.
Respecto a las acusaciones constitucionales levantadas durante el segundo mandato de Piñera, la parlamentaria señala que “la de Chadwick me pareció injustificada porque en el fondo se hizo un juicio previo al tema del estallido social. Se buscó y se dio una responsabilidad política a la persona que efectivamente estaba a cargo del orden público en ese minuto. Correcta o no, la historia lo dirá, pero material existía”.
¿Cuál ha sido el caso de los ministros de educación?
Sin duda una de las carteras más controversiales y seguidas es la de Educación, y no es sorpresivo ya que muchas de las grandes promesas se realizan en esa materia.
En 2008 la ministra de Educación, Yasna Provoste, fue destituida de su cargo luego de que Contraloría detectara pagos no respaldados por $262 mil millones desde el ministerio a sostenedores educacionales, lo que se denominó “Caso Subvenciones”.
Años más tarde, en 2013, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer, quedando inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años. La decisión fue considerada como “injusta” por figuras políticas de la época.
De esta forma los titulares de educación acusados constitucionalmente son: Yasna Provoste, Harald Beyer, Marcela Cubillos, Raúl Figueroa y Marco Antonio Ávila.
¿Cuáles fueron las AC durante el mandato del Presidente Boric?
En lo que va de gobierno la oposición ha presentado seis acusaciones constitucionales contra ministros y exminisitros del presidente Boric, entre ellos se encuentran: Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Carlos Montes, Marco Antonio Ávila y, la última acusada, Carolina Tohá.
Pese a que ninguna ha sido aprobada, ciertas autoridades emplazadas dejaron sus respectivos cargos. La diputada enfatiza en que las acusaciones deben tener un argumento jurídico antes que político, “por ejemplo yo voté en contra de la acusación contra Giorgio Jackson porque a mi juicio no tenía argumentos jurídicos. Era más bien política”.
En los últimos días la bancada opositora se vio inmersa en una controversia luego de que diputados del sector anunciaran una acusación constitucional contra el presidente Boric. No obstante, la idea fue rechazada por el presidente del partido, Rodrigo Galilea, y por la misma Ossandón.
Aunque la idea de la acusación fue rechazada de manera transversal en la derecha, la jefa de la bancada de RN señaló que en los próximos días solicitarán una reunión con el presidente Boric con la finalidad de comunicarle que existe fundamento jurídico para levantar una AC.
“Hemos sido una bancada súper colaborativa, gestionando muchos cambios de buena forma. Es curioso que en las cosas más importantes, la oposición hemos estado mucho más cuadrada que su mismo grupo de referencia”, sentencia Ossandón.
Visión muy distinta es la que tiene Martínez, quien señala que la acusación “carece de fundamento jurídico” y da luces de que la derecha “está en una crisis y en un intento por levantar cortinas de humos, mientras se han visto envueltos en casos de corrupción”.
¿Cómo se han tergiversado las acusaciones constitucionales?
Es evidente que la finalidad de la acusación constitucional se ha distorsionado en el tiempo, llegando al punto en que algunas de ellas nacen solo con fines políticos.
Juan Ignacio Ipinza, experto en derecho constitucional, adhiere a esta premisa y explica que muchas veces la aprobación de éstas pasa por “obtener mayorías políticas”, aunque “en algunos casos, la acusación constitucional constituye el único modo de hacer efectiva una responsabilidad de manera directa contra alguna autoridad”.
Por otra parte, el experto pone en tela de juicio la relevancia que puedan tener las acusaciones posterior a su discusión en el Congreso. “Me llama mucho la atención que hay acusaciones constitucionales que se han aprobado en Chile, pero que no han terminado en causas penales. Se aprueban pero no tienen ningún impacto más allá de eso”.
Jordán también es critico de la forma en que se está utilizando esta herramienta y recalca en que las acusaciones no son un acto de fiscalización, como lo puede ser una comisión investigadora o una interpelación, sino que debe ser utilizada cuando se presenten hechos de gravedad.
“Se han utilizado malamente con fines políticos coyunturales sin que concurra necesariamente esta gravedad. Es importante porque se ha utilizado como herramienta de combate y lucha política más que como una constitucional, que busca que el poder se ejerza en conformidad de la ley”, cuenta el abogado.
La diputada Ossandón comenta que cada acusación constitucional es diferente, por ende, “no todas tienen ese vicio”. Aunque reconoce que en “Chile tenemos un defecto, que no tenemos acusaciones políticas, tenemos solo acusaciones constitucionales. Nos falta otra herramienta”.
Francisco Vicencio, cientista político y académico de la UAH, comenta que una forma contrarrestar esta realidad es “restringiendo su uso, limites y las propias causas que pueden ser ambiguas, tipificar de forma más específica. Obviamente, lo que se paga acá, indudablemente, son responsabilidades políticas”.
