Por Álvaro Marchant
El viernes pasado una nueva arista de investigación se abrió en el bullado caso Monsalve, luego de que se revelara la declaración del subsecretario del Interior, Luis Cordero, ante la fiscalía.
Según lo expuesto por El Mercurio, Cordero aseguró que el día 29 de octubre, fecha en que asumió en su nuevo cargo, se habría encontrado con poco más de $1 millón de pesos en la caja fuerte de gastos reservados.
En conversación con Radio Infinita, el subsecretario Cordero explicó que “ha sido cuidadoso, porque probablemente hubo utilización de esos gastos reservados”. A lo que agregó que la rendición de esta cuenta debe “hacerse ahora y le corresponderá, de hecho, al exsubsecretario hacerlo”.
El manto de dudas nació producto de las fechas en que se habrían realizado los retiros, dado que el dinero podría haberse utilizado para financiar actividades personales de Monsalve, hoy formalizado por el delito de violación y de abuso sexual.
Ante ese cuestionamiento, Cordero comentó que “yo reporté a la Contraloría para estos efectos, porque la Contraloría es la que permite arquear, entonces una vez que se realice el arqueo y la auditoría de la Contraloría de los gastos reservados, más o menos, va a existir claridad de eso”.
Sin embargo, durante la mañana de este martes, Luis Cordero precisó que aunque “es prematuro hacer ese juicio”, existen “precedentes” de posibles delitos económicos.
¿Cuánto dinero invierte el Estado en gastos reservados?
Los gastos reservados se encuentran regulados en la Ley 21.211. La normativa establece que los recursos se otorgan “para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia“.
Los montos destinados a cada órgano estatal son aprobados mediante la Ley de Presupuestos que se discute cada año. En virtud de la misma, las entidades que cuentan con gastos reservados son: la Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Agencia Nacional de Inteligencia.
Justamente, la semana pasada comenzó a zanjarse la discusión por la Ley de Presupuestos 2025, sin embargo, debido a los gastos del exsubsecretario Monsalve, la bancada de Demócratas propuso reducir los gastos reservados de Interior a $1.000, medida que fue aprobada en la Cámara baja. No obstante, los fondos fueron restituidos en el Senado.
El diputado Andrés Celis, querellante en el Caso Monsalve por obstrucción a la justicia, amplió la acción judicial, junto a su abogado, apelando a malversación de caudales públicos.
“Estos son delitos muy graves porque lo que está en juego es la recta administración de fondos destinados por ley a fines de orden público, seguridad interior y exterior, así como de inteligencia y contrainteligencia, los cuales se habrían utilizado para fines diferentes”, argumenta a Fast Check CL el parlamentario.
Gastos por organismo público
Si bien el foco de la utilización de los gastos reservados está en la Subsecretaría del Interior, otros organismos también cuentan con una gran cantidad de recursos extras.
Según la Dirección de Presupuestos para este año se destinaron $8.744.470.800 millones en gastos reservados, el cual se desglosa de la siguiente manera: Ejército ($3.116.606.500 millones), Presidencia ($1.242.000.000 millones), Armada ($966.451.300 millones), FACH ($856.059.000 millones), Anid ($554.189.000 millones), Subsecretaría del Interior ($530.197.000 millones), Carabineros ($429.780.000 millones), Servicio Exterior ($389.580.000 millones), PDI ($385.510.000 millones).
Pese a que el monto anual destinado al Ministerio del Interior supera los $500 millones, la caja fuerte se alimenta a partir de remesas solicitadas por el subsecretario a la Dirección de Administración y Finanzas de la cartera.
Según consigna La Tercera, la última solicitud realizada por Monsalve habría sido de $50 millones.
¿Se justifican los gastos reservados?
Con el escenario actual, uno de los cuestionamiento que surge al respecto es sobre la justificación de estos cuantiosos montos a los organismos públicos.
Al ser consultado sobre este tema, el diputado Andrés Celis afirma que “siempre se justifica disponer de fondos para que los fines del servicio público sean realizados, siempre teniendo presente el bien común de todos los chilenos”.
La normativa de gastos reservados plantea que cada autoridad, de manera semestral, debe rendir cuenta a Contraloría de lo que se hizo con el dinero utilizado. El mecanismo contempla controles internos y externos, que en algunos casos pueden terminar en sanciones.
Al respecto, el director de la Escuela de Gobierno de la UNAB, Álvaro Bellolio cuenta que “a pesar de estos controles, el carácter confidencial de los gastos limita la transparencia y dificulta la fiscalización ciudadana, lo que a menudo genera cuestionamientos sobre su efectividad“.
Por otra parte, Bellolio explica que el uso de gastos reservados tiene sentido en actividades que requieren absoluta confidencialidad, donde destacan labores de inteligencia u otras operaciones de índole similar. Sin embargo, “el abuso de estos fondos, evidenciado en algunos casos, demuestra un preocupante desinterés de ciertas autoridades en combatir eficazmente la delincuencia y priorizar los recursos para tareas esenciales”, detalla el director.
“El problema aquí no es la existencia de fondos reservados, sino el procedimiento de rendición de aquellos. Simples declaraciones juradas parecieran que no cumplen el estándar que requiere una correcta fiscalización de estos recursos, tanto por parte de Contraloría como de la Cámara de Diputados a través de la comisión de inteligencia”, precisa el diputado Celis.
“En mi experiencia, el uso de estos fondos en ámbitos de los que fui testigo siempre fue para situaciones extraordinarias y reservadas. Nunca observé que se destinaran a fines personales o triviales, como hoteles o pisco sour”, comenta Álvaro Bellolio.
