Por Felipe Arancibia
Funcionarios de “asuntos internos” visitando a su familia y deambulando por su ciudad y la posible intercepción de comunicaciones, son algunos de los hechos denunciados por el ex oficial Luis Parada en contra del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, en una reciente querella en que acusa espionaje y persecución de parte de la institución en la que trabajó por casi 17 años.
Según el escrito, presentado el 28 de noviembre de este año y al que tuvo acceso Fast Check CL, tras ocho años trabajando en penales de Concepción con reos de alta peligrosidad, en octubre de 2021 Parada cayó en una depresión que le llevó a dejar temporalmente su carrera.
A pesar de sus licencias médicas, en noviembre de 2022 dejó de recibir el pago de su sueldo. Por ello, acudió a la Corte de Apelaciones de Concepción, la que tres meses después ordenó a Gendarmería entregar las remuneraciones al oficial.
Sin embargo, este hecho habría significado el fin de la carrera del ex oficial Parada. La querella relata que cuando corrió la noticia de que un gendarme “le había doblado la mano” a la máxima autoridad institucional, “todos sabían que ‘su cabeza estaba pedida’ y que sólo sería cuestión de tiempo para verlo caer”.
A partir de entonces, Gendarmería comenzó un proceso de investigación interna contra Parada que, según la querella, habría durado ocho meses y acabado en septiembre de este año con su retiro temporal de la institución penitenciaria.
La investigación interna de Gendarmería
La investigación interna, encargada a los departamentos de Inteligencia Penitenciaria y de Investigación Criminal (DICRIM), habría descubierto que Parada posee una empresa particular denominada “Daymar Congelados”, en San Javier de Loncomilla, región del Maule.
Según la resolución que decretó el retiro temporal del ex oficial, Parada “se encontraría enfocado en la administración, gestión y productividad de establecimientos comerciales de los cuales sería socio o propietario, durante el período en que se encontraría haciendo uso de licencia médica”, por lo que “resulta incompatible su permanencia en las filas institucionales”.
Sin embargo, la querella rebate esta teoría argumentando que, “ante su inminente cesantía”, la madre de sus hijos -de la que se encuentra separado- se contactó con Parada para ofrecer ayuda participando en algunos de sus negocios.
Según la denuncia, el ex oficial fue informado de que estaba siendo buscado en los establecimientos comerciales de la madre de sus hijos. Además, recibió comentarios de funcionarios en retiro que aseguraban haber identificado a personal de “asuntos internos” de Gendarmería “deambulando por San Javier en tareas de vigilancia cerca de su vivienda y de los lugares que frecuentaba su familia”.
Es más, Parada afirma tener testigos que le confirman que el jefe de la Oficina Regional del Biobío del DICRIM, Felipe Campos Leal, manifestó en reuniones sociales que “estuvo encargado personalmente de seguir e interceptar las comunicaciones del Mayor Parada por más de ocho meses, realizando seguimientos entre la séptima y región del Bío-Bío, entre otras ciudades del país, todo ello con la finalidad de encontrar argumentos para lograr su desvinculación”.
Este medio se contacto con el denunciante, el ex oficial Luis Parada, quien nos confirmó la historia que narra en su querella, pero no quiso dar declaraciones.
Gendarmería y la Ley de Inteligencia
La querella, patrocinada por el abogado Víctor Manuel Barros, apunta a dos delitos. El más importante sería la violación de la Ley de Inteligencia, que establece los organismos que pertenecen al sistema de inteligencia nacional, sin que entre ellos se considere a Gendarmería.
Derivado de ello, se apunta a un segundo delito por aplicación diferente de caudales o efectos públicos. En este caso, de los departamentos de Inteligencia Penitenciaria y de Investigación Criminal.
Para probar los hechos, el abogado Barros solicitó como diligencias la entrega de los informes y diligencias relacionadas a la investigación interna contra su representado. Además, solicitó que la unidad de Administración y Finanzas informe si Gendarmería ha adquirido aparatos para la intercepción de comunicaciones y quiénes tienen acceso a ellas.
Así también, solicita que se cite a declarar a los funcionarios relacionados a la investigación en contra de Parada, incluyendo al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.
Las dudas sobre la investigación interna
Fast Check CL se contactó con el abogado de Parada, Víctor Manuel Barros, quien declinó dar declaraciones, debido a que su representado se encuentra muy afectado por la situación.
Así también, nos comunicamos con Gendarmería, donde declinaron darnos respuesta, pues aún no han sido notificados de la querella.
De todas formas, nos contactamos con funcionarios de Gendarmería, que pidieron hablar en off, para conocer del funcionamiento del DICRIM.
Según estos funcionarios, el departamento de Inteligencia Penitenciaria tiene facultades para investigar a sus propios funcionarios. Sobre todo, en lo que respecta a casos de narcotráfico al interior de los recintos penales.
Sin embargo, señalan que en estos casos, el DICRIM debe actuar por orden de un tribunal que autorice las diligencias investigativas. De este modo, tras la investigación interna, se inicia un sumario administrativo para el retiro del gendarme en que la información recopilada por el DICRIM funda las medidas tomadas en su contra.
En esta línea, la querella adjunta el decreto de creación del DICRIM. En este se explicita como tarea específica que el departamento debe: “Desarrollar labores de contrainteligencia que propendan a la seguridad integral del servicio”.
De todas formas, los funcionarios contactados por Fast Check CL afirman que los casos de gendarmes con licencia médica que se dedican a trabajar en sus pymes o estudiar han aumentado. En este sentido, estas fuentes desconocen de si la normativa de inteligencia respalda a la DICRIM para investigar a sus propios funcionarios en estos casos.
