Todos los meses la institución penitenciaria chilena debe abastecer sus economatos, nombre que tienen los kioscos donde los reos pueden realizar sus compras mientras cumplen condena. Entre los abarrotes que adquiere Gendarmería se encuentran los cigarrillos, por los que en 2023 se pagó más de $503 millones. Según la institución, "utilizan recursos autogenerados, no recursos públicos".
El sistema penitenciario en Chile experimenta un sostenido crecimiento de su población penal, evidenciado principalmente en el sistema “24 Horas” —régimen cerrado—, donde la cifra global alcanza el 136% de capacidad total. Fast Check CL examinó todas las cárceles del país circunscritas a este régimen, detectando un desborde en el 76% de ellas y una crítica situación de hacinamiento en las regiones de Atacama y el Maule. En 2023, las autoridades proyectaban 50 mil reos a 2024; sin embargo, se estima que para el cierre de este año el número podría llegar a ser de 60 mil convictos.
El delito se evidenció el pasado 5 de junio, cuando funcionarios de Gendarmería se percataron que la fotografía de carnet de la persona que firmaba, no era la misma de la persona que debía hacerlo. Sumado a esto, el hombre que firmaba no pudo decir el rut.
Personal de Gendarmería constató que Edwards Nava Navarro, miembro del Tren de Aragua, fabricaba alcohol en un módulo de máxima seguridad. Por este motivo, es que fue sancionado con la privación de recibir visitas durante ocho días.
El domingo pasado, el ministro de Justicia Luis Cordero aseguró en Tolerancia Cero (CNN Chile) que el 90% de las mujeres privadas de libertad son jefas de hogar, mientras que el 85% son madres cuando ingresan a las cárceles. Luego corroborar las cifras con Gendarmería y el Poder Legislativo, Fast Check califica el discurso público como real.
La fundación Red de Acción Carcelaria compartió en sus redes sociales que el 47% de las mujeres privadas de libertad en Chile «están en calidad de imputadas, es decir, aún inocentes frente a la ley». Al revisar los datos de Gendarmería y de la propia ONG, Fast Check calificó el contenido como real.
Se afirma en publicaciones de redes sociales que los presos podrán votar, al contrario de gendarmes, carabineros y miembros de Fuerzas Armadas. Esto es engañoso, puesto que no toda la población penal podrá sufragar, ya que solo están habilitados 990. Además, el resto de las instituciones explicaron que legalmente sí pueden ejercer este derecho.
Se afirma en redes sociales que reos podrán votar, mientras que los funcionarios de Gendarmería «que deben vigilarlos no lo pueden hacer». Sin embargo, la información es engañosa, puesto que sin bien es cierto que reos están habilitados para sufragar, son solo 990; además, gendarmes sí ejercerán este derecho.