Previo a su investidura, el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que en su primer día aprobaría una cifra “record” de decretos. Cumplió su palabra. Durante la jornada de ayer, Trump revocó 78 órdenes ejecutivas de Joe Biden.
Al arribar a la Casa Blanca, Trump firmó decretos que van desde la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre emergencia climática, hasta indultar a los casos involucrados en el asalto al capitolio el 6 de enero de 2021, caso por el que cerca de 1.270 personas estaban condenadas.
Sumado a eso, Trump firmó una orden ejecutiva denominada “Restaurando la libertad de expresión y terminando con la censura federal”, cuya finalidad, según el escrito, es recuperar la libre expresión perdida durante el mandato del expresidente Biden.
“Durante los últimos 4 años, la administración anterior pisoteó los derechos de libertad de expresión al censurar el discurso de los estadounidenses en las plataformas en línea, a menudo ejerciendo una presión coercitiva sustancial sobre terceros, como las empresas de redes sociales, para que moderaran, eliminaran de la plataforma o suprimieran de otro modo el discurso que el Gobierno Federal no aprobaba”, subraya el decreto.
La determinación no es sorpresiva. Uno de los bastiones de la campaña de Trump fue el multimillonario y dueño de X, Elon Musk, férreo opositor a las políticas que combatan la desinformación. Así lo dejó entrever cuando impulsó las “notas de la comunidad” en la red social.
Misma política que adoptó el dueño de Meta —empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp— Mark Zuckerberg, quien a principios de enero anunció que dejaría de financiar el programa de fact checking, que pretendía refutar las mentiras que circulaban por sus plataformas.
De esta manera, los usuarios no tendrán limitaciones para publicar contenido y los dueños de las redes sociales tampoco deberán ejecutar acciones garantizando que lo difundido sea real.
El detalle del decreto
La sección dos del decreto expresa que “es política de los Estados Unidos: (a) garantizar el derecho del pueblo estadounidense a expresarse en términos protegidos por la Constitución”.
Bajo esa misma línea, el decreto de “libertad de expresión” obliga a que ningún empleado o agente del Gobierno Federal pueda limitar la libertad de otro ciudadano estadounidense.
Asimismo, prohibe que se utilicen recursos de los contribuyentes para participar o facilitar conductas que puedan tener injerencia en la libertad de acción de otro ciudadano.
El castigo de Trump a la administración de Biden
Por otra parte, pretende sancionar y corregir las actitudes que haya efectuado el gobierno de Biden en esta materia.
“El Procurador General, en consulta con los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas, investigará las actividades del Gobierno Federal durante los últimos 4 años que sean incompatibles con los propósitos y políticas de esta orden y preparará un informe que se presentará al Presidente, a través del Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas, con recomendaciones para las acciones correctivas apropiadas que se deben tomar con base en las conclusiones del informe”, explica el decreto.
El decreto argumenta que nada de lo expuesto perjudica o afecta de otro modo a una persona en particular, sino que se cumple con la autoridad otorgada por la constitución.
“Esta orden no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona”, concluye el decreto.
