Aborto sin causal: En los últimos 10 años solo 24 personas han sido condenadas por “aborto consentido”

Números del Poder Judicial reportan que entre 2015 y 2024, un total de 11 mujeres y 11 hombres (más otras dos personas cuyo sexo no se identifica) han sido condenadas por “aborto consentido”. Respecto al “aborto sin consentimiento”, se reportan 10 casos causados por hombres y 3 por mujeres. Las penas alcanzan los 541 días de presidio efectivo, las que generalmente son conmutadas por 61 días de cárcel.
Condenas por aborto

Han pasado siete años desde que el gobierno de Michelle Bachelet promulgó la ley de aborto en tres causales, con que se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: 1) inviabilidad del feto, 2) peligro para la vida de la madre y 3) embarazo por violación.

Desde entonces la Ley 21.030 modificó el Código Sanitario para viabilizar el aborto en tres causales, eliminando la disposición impuesta durante la dictadura, que prohibía ejecutar “ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

Sin embargo, los abortos sin causal declarada siguen sucediendo y siendo perseguidos y castigados penalmente.

En este sentido, el Código Penal -a través de sus artículos 342 al 345-, distingue dos tipos de aborto: el causado con consentimiento de la mujer y el sin consentimiento.

Fast Check CL consultó las condenas por abortar en el Poder Judicial entre los años 2015 y el primer semestre de 2024 y consignó un total de 37 causas de aborto, de las cuales 24 hubo condena por causas no reguladas en la ley.

11 mujeres han sido condenadas por abortar

Según las cifras oficiales, 37 personas han sido condenadas por abortar o provocar un aborto desde 2015. De ellas, 13 fueron condenadas por causar un aborto sin consentimiento de la mujer. En tanto, 24 personas fueron condenadas por provocar un aborto con consentimiento de la madre.

Respecto a los casos con consentimiento, 11 mujeres han sido condenadas por abortar entre 2015 y 2024. Los hombres también suman 11 condenas, más otros dos casos en los que el Poder Judicial no identifica su sexo.

Ahora bien, las edades de las condenadas se concentran entre los 20 a 25 años (6 casos) y 35 a 40 años (4 casos). Los casos se concentran principalmente en el Norte Grande, en la Región de Antofagasta (7 casos), seguida por la Región de Tarapacá (5 casos) y Metropolitana (3 casos).

En tanto las condenadas alcanzan los 541 días, considerada presidio menor en su grado máximo. No obstante, estas condenas suelen estar aparejadas con una remisión condicional, cambiando la pena por 61 días de cárcel.

Fast Check CL pudo comprobar con el Rol Único de Causa (RUC) reportado por el Poder Judicial que algunas de las causas de aborto no están bajo reserva. Por ello, es posible acceder a los nombres de las condenadas, la sentencias y los hechos narrados en las formalizaciones.

Cuatro de los casos a los que fue posible acceder relatan hechos similares: una mujer embarazada que, con o sin apoyo, aborta utilizando el método de pastillas. Tras el aborto, la mujer acude a un centro hospitalaria para tratar sus dolores abdominales, siendo “descubierta” y denunciada ante Fiscalía.

Sin consentimiento

Según las cifras de Poder Judicial, se reportan un total de 13 casos de aborto sin consentimiento de la madre en los últimos 10 años.

En este sentido, 10 de los condenados son hombres y 3 son mujeres. Las condenas se concentran en la Región Metropolitana (5 casos), seguida por Biobío (2 casos).

Un caso emblemático sobre los abortos sin consentimiento ocurrió en Valdivia, Región de Los Ríos, en noviembre de 2017, cuando dos sujetos asaltaron a una mujer embarazada, a la que apuñalaron causando la muerte del feto.

En 2018, el Tribunal Oral en Lo Penal de Valdivia condenó a Patricio Carrillo Gallardo a 17 años de cárcel como autor de los delitos de robo con homicidio frustrado, lesiones graves y aborto en grado de consumado. 

Fast Check CL es un medio de comunicación, que depende de sus suscriptores para financiar el equipo de trabajo que hizo este artículo. Sin ti este proyecto finalizará en 2025. Puedes ser suscriptor/a y ayudarnos a combatir la desinformación en Chile por solo 1.500 al mes. 

Te puede interesar:

Rengo: CDE se querella contra PDI por presunta falsificación de instrumento público en investigación por abuso sexual

El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), acusada por presunta falsificación de instrumento público, luego de que se estableciera que un informe policial consignó el envío y resguardo de un pendrive con evidencia clave en una investigación por abuso sexual, dispositivo que nunca llegó a la Fiscalía y que actualmente se encontraría extraviado.

CHV

(Video) Micrófono abierto en CHV revela que Servel manipula el conteo de votos junto a los medios de comunicación: #Falso

Circula en redes un video donde se escucharía a un periodista de Chilevisión decir que está alterando el conteo de votos junto a Servel en la transmisión de la segunda vuelta. Fast Check CL califica este contenido como #Falso. No existen registros de dicha manipulación y tanto del canal como desde el organismo confirmaron que su chat de coordinación se usa para compartir los cómputos el día de los comicios.

Migración venezolana y desinformación: 7 narrativas que se replican entre Chile y Venezuela

En una investigación conjunta de FastCheck CL y Cotejo.info se analizaron 73 verificaciones —publicadas por ambos medios entre enero de 2022 y octubre de 2025— sobre contenidos vinculados a migrantes venezolanos en Chile que circularon en ambos países. A partir de este análisis, se identificaron las principales narrativas presentes, que incluso llegan a operar como mecanismo de estigmatización. Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina” financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Cotejo.info y Fast Check CL, y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

La cofradía de Las Tacas: así es el exclusivo balneario que conecta a la élite judicial, notarial y política

Las Tacas es uno de los balnearios privados más frecuentados por figuras del mundo judicial, notarial y político en la Región de Coquimbo. En algunos de sus inmuebles se reunía un grupo integrado por la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, el suspendido conservador de Puente Alto Sergio Yáber y otras figuras del ámbito notarial. A partir de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, Fast Check CL revisó la información patrimonial disponible para identificar a los propietarios y dimensionar el perfil de quienes conforman el entorno habitual del balneario.

Últimos chequeos:

CHV

(Video) Micrófono abierto en CHV revela que Servel manipula el conteo de votos junto a los medios de comunicación: #Falso

Circula en redes un video donde se escucharía a un periodista de Chilevisión decir que está alterando el conteo de votos junto a Servel en la transmisión de la segunda vuelta. Fast Check CL califica este contenido como #Falso. No existen registros de dicha manipulación y tanto del canal como desde el organismo confirmaron que su chat de coordinación se usa para compartir los cómputos el día de los comicios.

Rengo: CDE se querella contra PDI por presunta falsificación de instrumento público en investigación por abuso sexual

El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), acusada por presunta falsificación de instrumento público, luego de que se estableciera que un informe policial consignó el envío y resguardo de un pendrive con evidencia clave en una investigación por abuso sexual, dispositivo que nunca llegó a la Fiscalía y que actualmente se encontraría extraviado.

Laja

Hospital de Laja: Funcionario evaluó licitación donde resultó beneficiada una profesional ligada a su clínica

El Observatorio de ChileCompra remitió a la Contraloría General de la República un informe en el que advierte un eventual incumplimiento de la normativa de compras públicas en una licitación del Hospital de la Familia y Comunidad de Laja, destinada a la contratación de servicios odontológicos y psicosociales. Fast Check CL revisó los antecedentes del proceso y constató que cuatro de las seis líneas de atención dental, por un monto cercano a los $37 millones, fueron adjudicadas a una cirujana dentista que, según su propio currículum, trabajaba en una clínica cuyo propietario integró la comisión evaluadora y firmó una declaración jurada de ausencia de conflicto de interés.