Esta semana el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitó un sumario a tres subsecretarías: Turismo, Derechos Humanos y Cultura y las Artes. Esto luego de que la fiscalización rutinaria determinará niveles de cumplimiento bajo el 80%.
Ya sean procesos fiscalizadores o solicitudes de transparencia, estos han dado pie para destapar casos de irregularidades en distintas entidades públicas. La más reciente: los millonarios sueldos que se pagaban en la Corporación de Salud y Educación de la Municipalidad de Las Condes, arista que costó cuestionamientos contra la alcaldesa actual, Catalina San Martín.
Uno de los engranajes detrás de estas acciones es la nueva consejera, la abogada María Jaraquemada, quien en conversación con Fast Check CL, analiza el rol del organismo en el combate contra la corrupción y pone sobre la mesa modificaciones necesarias a la ley de transparencia.
“El Estado debiera contribuir con recursos para que los municipios que no tienen esas capacidades puedan cumplir del modo más adecuado con la ley”
—En relación a todos los escándalos de probidad que han surgido en el último tiempo. ¿Cuál es el rol que juega el CPLT en temas, por ejemplo, de corrupción?
El Consejo para la Transparencia es una de las entidades públicas que está en el ecosistema de la prevención y la persecución de la corrupción. Nosotros, efectivamente, no investigamos casos de corrupción, no vamos a sancionar por casos de irregularidades administrativas, pero sí se sabe que la transparencia y el acceso a la información pública muchas veces son un medio para prevenir la corrupción.
—¿Cada cuánto tiempo se realizan fiscalizaciones y, por lo general, cuál es el resultado de éstas?
Periódicamente estamos haciendo fiscalizaciones y constantemente se está detectando, especialmente en gobiernos locales, que hay municipios que no cumplen al cien por ciento. A veces cumplen muy poco, de hecho las corporaciones municipales se han demorado en subirse al carro, y ese es un trabajo continuo que hay que hacer.
Muchas veces los sancionamos, pero yo creo que también hay que ser realistas de que muchas veces hay municipios que tienen escasos recursos y no tienen las capacidades para cumplir adecuadamente con la ley, y está bien aplicar las sanciones, pero deberíamos pensar en que el Estado debiera contribuir con recursos para que los municipios que no tienen esas capacidades puedan cumplir de modo más adecuado con la ley.
—¿Pasa solo por un tema de recursos o juega un rol preponderante la voluntad política de no cumplir la ley?
A veces hay problemas de voluntad política, a veces tenemos municipios que tienen muchos recursos y no cumplen por razones políticas. Por otra parte, también hay municipios con escasos recursos que cumplen y por lo tanto ponen toda su voluntad política para hacerlo. El mundo ideal sería que cuando haya la voluntad política también estén las capacidades.
“Como CPLT aún tenemos la función de velar por el resguardo de los datos personales en el sector público”
—¿En qué aspectos fundamentales cree que debe ser modificada la ley?
Hay varios aspectos que nosotros creemos importantes. Por ejemplo, el proyecto de ley, y esto es antes del caso convenio, incluye normas de transparencia activa para las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos. Esto incluye a universidades privadas, a raíz de toda esta discusión que ha habido post caso de la Universidad de San Sebastián.
Además de eso, es muy importante considerar de fondo el tema del uso de algoritmos y la inteligencia artificial por parte del Estado. Obviamente, el sector privado tiene su lógica pero cada día el sector público usa más la inteligencia artificial o los algoritmos para poder atender necesidades o demandas de la ciudadanía de manera mucho más eficiente.
—Eso confluye directamente con el tratamiento de datos personales. ¿Cómo se va a garantizar ese resguardo, sobre todo ahora con la nueva ley de datos personales?
Hoy en día tenemos la ley de protección de datos, que obliga al sector público a resguardar el uso de datos. No puede llegar y cederle una base de datos a una empresa del sector privado y que la utilicen como quiera, tiene que haber una garantía de que si esa empresa, por ejemplo, es la que provee el algoritmo acceda a los datos, sólo los utilicen para lo que se contrató y no para fines comerciales.
— En el ámbito internacional, ¿cómo puede afectar a la libertad de expresión y la protección de datos personales la llegada de Trump?¿Puede marcar un precedente?
La libertad de expresión es una piedra angular en una democracia y eso implica muchas cosas, una de ellas diversidad de medios de comunicación y que éstos sean responsables de la información que entregan. Y, también, que cada uno pueda decir lo que quiera, sin temor a censura, pero todo esto con responsabilidad . Si no tenemos eso, estamos frente a una democracia defectuosa.
—¿Cuál es el límite de la libertad de expresión?
Cuando atribuyo delitos o hechos a otras personas tengo que hacerme responsable y, por otra parte, no criminalizar. De hecho, Chile ha tenido ciertos reproches en el sistema interamericano debido a que la persecución por injuria y calumnia puede se, mal utilizada, para acallar medios de comunicación o a personas opositoras, y esto tampoco puede ser un arma para silenciar a las personas.
—¿Y qué pasa con las redes sociales?
Hay una discusión que se está dando en el mundo y creo que en Chile también deberíamos tenerla, y es preguntarse cuál es la responsabilidad de las plataformas, cómo sus algoritmos determinan que cierto tipo de información sea replicada con mayor facilidad que otra. Si bien, las plataformas no son igual a los medios de comunicación, tampoco pueden quedar del todo desregulados porque tienen un rol social muy relevante.
“Si constantemente nos están diciendo algo y vemos que no ocurre nos cuesta creer”
—Esta semana el Consejo ordenó una investigación sumaria a 3 subsecretarías. ¿Cómo interpretan este tipo de actitudes? Anteriormente, mencionó que cuando municipalidades locales no tienen recursos se entiende que fallen en las solicitudes pero no es el caso de las subsecretarías.
Si tú te fijas, los porcentajes de cumplimiento son mucho más altos en las subsecretarías que en los municipios, y también entendemos que la institucionalidad se está adaptando y aprendiendo. En ese marco, nosotros hacemos estas fiscalizaciones, y cuando notamos que hay entidades que están bajo ese estándar mínimo hacemos los sumarios para ver si es que hay responsabilidades administrativas en el curso de esos sumarios.
Si bien es un proceso de aprendizaje constante, si nosotros detectamos que acá el problema no es un tema de aprendizaje, sino que de otra índole, como falta de voluntad política, van a haber las sanciones correspondientes.
— A ojos de la ciudadanía la noticia al final es que las subsecretarías tienen un “bajo” porcentaje de respuesta. En un clima de desconfianza hacía las entidades pública, y con este tipo de antecedentes, ¿cómo se recupera la confianza?
Es un proceso largo y que implica muchos hechos. La manera de recuperar la confianza es demostrar a través de los hechos. Entonces, una manera es cumpliendo rápidamente con la ley y demostrando que, efectivamente, aquí no es falta de voluntad política, sino que se puede explicar debido a distintas circunstancias. La ciudadanía entiende cuando se explica.
Lo peor es no explicar o tratar de tirar como la pelota al córner, y lo digo en general, porque si miramos investigaciones del Ministerio Público por casos de corrupción, suele pasar que tiran la culpa al del frente, o es una persecución política o mediática o de cualquier otro tipo. Y, quizás, hay que explicar las situaciones, ponerse colorado y admitir que hubo errores.
— Una cosa es que la gente entienda y otra es que crean en lo que se les dice. Cuando las situaciones en una entidad son reiterativas, por ejemplo, en el caso de Las Condes con los pagos millonarios en las corporaciones, ¿Cómo la gente cree en un municipio que no es primera vez que pasa por eso?
Es muy complejo, pero también hay que ver qué es lo que pasa en la Municipalidad de Las Condes, donde hubo un cambio en el gobierno. Eso tiene sus propias implicancias y, obviamente, el desafío que tiene la nueva alcaldesa es de ver qué es lo que está ocurriendo, cómo puede generar esos cambios y mostrar con hechos de que en el fondo en su gobierno ese tipo de situaciones no van a ocurrir. Ese es su desafío.
Pero, a todos nos pasa lo mismo, o sea, es como el cuento de Pedrito y el Lobo, si constantemente nos están diciendo algo y vemos que no ocurre nos cuesta creer. Por eso mismo yo creo que los hechos dicen mucho más que las palabras. La ciudadanía hoy día está esperando más que dichos: hechos y eso se demuestra a través de corregir cuando corresponde.
“Nuestro Congreso y Poder Ejecutivo tienen que poder hacerse cargo de muchas prioridades al mismo tiempo“
—Precisamente, la Comisión Jaraquemada nació para avanzar en transparencia y confianza frente a entidades estatales. Hasta diciembre del año pasado había un 51% de avances. ¿Cómo evalúa el desempeño de la comisión?
Con el transcurrir del tiempo estas agendas empiezan a desacelerarse, porque dejan de estar en la noticia principalmente, y comienzan a haber otras prioridades ciudadanas que por cierto hay que atender. Muchas veces estas agendas “compiten” con otras prioridades. Yo soy de la idea de que uno tiene que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y que en el fondo, nuestro Congreso y Poder Ejecutivo tienen que poder hacerse cargo de muchas prioridades al mismo tiempo. Lamentablemente, hemos visto cómo se ha retrasado pero hay muchos proyectos de ley que el Gobierno ingresó en cumplimiento de estos compromisos que son muy relevantes y que esperemos que, ojalá, retomen su prioridad en el Congreso.
—Hace poco se activó nuevamente el foco en el Caso Convenios. ¿Qué piensa cuando ve que el tema vuelve a la palestra y no se ha avanzado tanto en la comisión que combate ese tipo de actos?
El Caso Convenio va a estar constantemente siendo noticia y qué se le responde a la ciudadanía cuando vuelva a ser tema si es que no avanzamos. Yo creo independiente de que esto no sea la prioridad hoy día, porque estamos hablando de pensiones, no podemos perder el foco de que esto es relevante y que si no nos hacemos cargo, situaciones así van a volver a ocurrir.
—¿Ha cumplido las expectativas?
Nosotros hicimos nuestro trabajo, entregamos las recomendaciones y ahora son los legisladores y otros órganos del Estado los que tienen que recoger el guante. Pienso que el gobierno ha cumplido, en parte, con su compromiso. Hay temas en los que ha estado un poco más lento pero también sabemos que esto no le corresponde solo al gobierno. El gran desafío del gobierno es que ellos fueron los que se comprometieron con esta agenda.
