La Contraloría General de la República (CGR) el pasado 27 de febrero emitió un dictamen que modifica la regulación sobre el uso de gastos reservados, dineros que fueron cuestionados luego de que se diera a conocer que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, utilizara $847 millones durante sus 30 meses de gestión.
Dichos dineros pueden ser solicitados por la Presidencia y los ministerios de: Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. A ellos se suman la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia. Dichas platas están destinadas expresamente para funciones de orden público, seguridad interna y externa e inteligencia.
El primer ajuste establecido por la Contraloría tiene relación con la rendición de estos dineros. Concretamente, los órganos solicitantes de los gastos reservados deben, mediante una resolución fundada de carácter reservada, identificar a las unidades operativas solicitantes del dinero. Estas deben ser emitidas directamente al Contralor General de la República.
Sumado a esto, dicho documento debe individualizar a cualquier otro funcionario que integre la unidad operativa y que, por razones de continuidad del servicio, deba subrogar a la jefatura.
Dos Declaraciones de Intereses y Patrimonios: un avance en transparencia
Por otra parte, el oficio publicado por la Contraloría establece que las jefaturas de las unidades operativas deberán emitir dos Declaraciones de Intereses y Patrimonios (DIP), una de ellas la ordinaria para todo sujeto obligado.
En cuanto a la segunda, se deben declarar bienes de sus vínculos familiares, por ejemplo, cónyuge en caso de estar casado, conviviente civil, hijos u otra persona que se encuentre bajo la tutela del declarante.
Asimismo, se debe entregar información sobre cuentas o libretas de ahorro, depósitos a plazo, ahorros previsional de cualquier tipo y seguros de vida. Según se lee en el oficio de Contraloría, esta medida busca incrementar la transparencia y prevenir conflictos de interés.
“La declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones”, detalla el dictamen.
Contraloría exige de caución para el manejo de gastos reservados
El órgano contralor exige que rendir la caución de los gastos reservados estén apegados a la Ley Orgánica Constitucional 10.336. De esta manera se busca adjudicar aún más responsabilidad a aquellas personas que administren estos recursos.
También, la Contraloría dictamina que los jefes de las unidades operativas que tengan a su cargo gastos reservados deben suscribir un informe anual que debe ser entregado al Contralor General.
Además, obliga a que los beneficiados por los gastos reservados deban emitir, de forma semestral y secreta, un informe sobre la utilización de dichos recursos. A raíz de lo mismo, establece un plazo de sesenta días hábiles, siguientes al vencimiento del semestre, para cumplir con el deber de información requerido.
