La Corporación de Educación y Salud de Las Condes -dependiente de la Municipalidad de Las Condes-, presentó una querella en contra de cinco personas. El escrito detalla que se habrían adjudicado más de $189 millones -sin licitación- a una empresa sin experiencia, creada días antes de comenzar sus actividades, además de contratar a familiares directos de una funcionaria. Las primeras alertas se dieron a principios de enero.
Esto es parte de la acción judicial, a la que tuvo acceso Fast Check CL, que acusa a exfuncionarios y personas relacionadas a la corporación, por haber montado -presuntamente- un esquema de contratación encubierta de familiares, el uso de una empresa fachada y un millonario contrato de alimentación sin concurso público. Situaciones que se dieron durante la administración de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza.
Concretamente, la corporación acusa los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en contra de: Natalia Fernández, exjefa del área de recursos humanos; Eddy Symmes, exdirector de administración y finanzas; Isolda Oyarce, madre de Natalia Fernández; Macarena Oyarce -sobrina de Isolda y prima hermana de Natalia-; y Solange Santos, amiga cercana de Fernández, además de representante legal de una empresa utilizada como fachada que se adjudicó un contrato millonario.
Todo esto, según estimación de la corporación, generó un perjuicio fiscal directo, cifrado en $28.108.400, sin perjuicio de lo que determine el transcurso de la investigación.
Contratación de familiares
Según expone el documento judicial, Natalia Fernández instruyó directamente la contratación de su madre, Isolda Oyarce Reyes, como supervisora de pabellón en el Vacunatorio Apoquindo durante la campaña de vacunación del año 2023, a pesar de que carecía de las capacidades para desempeñar el cargo, pues nunca ejerció como profesional de la salud, y sin que “David Cáceres ni Edna Pizarro se lo requirieran”, en referencia al administrador del vacunatorio y la directora de Salud de la Corporación, respectivamente.
La querella detalla que Oyarce firmó tres contratos sucesivos entre abril y julio de 2023, y que “no prestó los servicios por los que fue contratada y ni siquiera asistió al Vacunatorio Apoquindo”. No figuraba en las nóminas de trabajadores ni en registros internos del centro, pese a lo cual emitió cuatro boletas de honorarios, por un total de $9.495.300, que fueron íntegramente pagadas.
Uno de los documentos más llamativos es la boleta de julio de 2023, en la que se detalla un pago por $3.338.700. Esto implicaría que Oyarce trabajó 359 horas ese mes, “algo más que 16 horas al día”, precisa el escrito.
Para justificar estos pagos, Natalia Fernández elaboró informes mensuales de “bioestadística” que habrían consistido en “una descripción genérica de las funciones del vacunatorio Apoquindo, el plan de inmunización seguido, la indicación de la cantidad de pacientes inmunizados y el tipo de vacunas empleadas; todo en una sola página”.
La querella enfatiza que estos informes “incluyen íntegramente los cálculos estadísticos que David Cáceres recopilaba sobre la atención que se prestaba en el vacunatorio Apoquindo (…) sin incorporar un análisis más profundo”.
El documento añade que Fernández, para ocultar la contratación de su madre, instruyó a Natalie Brante que no aportara en el portal de Transparencia Activa las planillas de pago de honorarios del Vacunatorio Apoquindo” con el objetivo de impedir “que se detectara su clandestina contratación”.
En noviembre de 2024, tras recibir una solicitud vía Ley de Transparencia, Fernández confesó al asesor jurídico de la Corporación que Isolda Oyarce era su madre y restituyó la totalidad de los fondos pagados mediante un depósito bancario. La querella recalca que “dichas transferencias no fueron realizadas por Isolda Oyarce y que “(…) será materia de la investigación determinar si la querellada Natalia Fernández resultó beneficiada como fruto de esta fraudulenta operación”, agrega el documento.
Teletrabajo, pero desde Irlanda
También se acusa la contratación de Macarena Oyarce Chia, prima hermana de Natalia Fernández, como vacunadora. La querella afirma que “carece de formación académica alguna relacionada con las carreras profesionales de la salud”, y que “en la época en que estuvieron vigentes estos contratos la querellada se habría encontrado en Dublín, Irlanda, trabajando como barista”.
Pese a eso, firmó dos contratos de prestación de servicios (mayo y julio de 2023), y emitió tres boletas por un total de $4.224.000, también justificadas con informes supuestamente elaborados por ella, pero que eran, conforme al escrito, “idénticos a los que fueron utilizados en el caso de Isolda Oyarce”.
La empresa “fachada”
Otro de los hechos constatados en la querella, es la empresa Arayán SpA, representada por Solange Santos Vásquez, amiga personal de Natalia Fernández. Según el escrito, “la contratación de Arayán por parte de la Corporación comenzó a gestarse a fines de febrero del año 2024”, pese a que la empresa fue legalmente constituida el 6 de marzo de 2024; es decir, cinco días después de la firma del contrato de prestación de servicios, fechado el 1 de marzo de 2024.
Fast Check CL corroboró con información del Servicio de Impuestos Internos que, formalmente, el inicio de actividades de la empresa comenzó el 6 de marzo de 2024.
El contrato fue gestionado por Eddy Symmes, quien presuntamente instruyó su redacción y estableció los valores para los productos: $1.000 para desayunos, $2.000 para almuerzos y $500 para colaciones, más IVA. Posteriormente, en septiembre de 2024, ordenó un anexo para extender el contrato hasta octubre de ese año. Además, Symmes y Fernández -constata la querella-, mantenían una relación amorosa, permitiendo mayor flexibilidad con los procesos administrativos.
Durante los ocho meses de ejecución, se pagaron un total de $189.965.610 a Arayán SpA. La querella afirma que los pagos se realizaron “sin que se cumpliera el procedimiento establecido en la Ley de Compras Públicas”, y que la empresa fue creada para que Isolda Oyarce pudiera prestar servicios de manera encubierta.
“Era ella (Isolda) quien se apersonaba en los jardines infantiles para hacer entrega de las provisiones, presentándose ante las directoras como dueña de la empresa Arayán”, describe el documento.
La querella también denuncia un sobreprecio: al comparar los pagos realizados con los valores ofrecidos por Arayán en una licitación posterior, se concluye que “solo en octubre de 2024 la Corporación pagó $15.165.360″, más de lo que la empresa misma habría esperado recibir, es decir, un 70,8% de sobreprecio.
En total, el perjuicio fiscal estimado por la corporación es de $28.066.111, aunque la cuantificación completa, según el mismo documento, “deberá precisarse en el curso de la investigación”.
Sin declaraciones
Fast Check CL contactó a la Municipalidad de Las Condes, encabezada por Catalina San Martín, para obtener una versión oficial respecto a la querella presentada. Hasta el cierre de este artículo, no dieron declaraciones.
Adicionalmente, a través de mensajería en Facebook y Linkedin, contactamos a Natalia Fernández y Eddy Symmes, pero no hubo respuesta.
