Una pérdida de $4.000 millones generó el atentado incendiario a la empresa Rucalhue Energía S.A el pasado 20 de abril. Con cerca de 50 vehículos quemados y atacando a los guardias del sitio, el ataque ha sido calificado como “el más grande de la historia de la Macrozona Sur”.
En este contexto el Ministerio de Seguridad Pública, con Luis Cordero a la cabeza, anunció el ingreso de una querella en contra de los involucrados. El documento, al cual tuvo acceso Fast Check CL, cuenta con Francisca Souper Aburto y Felipe Guerrero Sánchez como abogados patrocinantes.
La primera por Ley Antiterrorista
Ingresada en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, la querella -primera para este ministerio por la nueva Ley Antiterrorista- acusa a “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores” de los hechos ocurridos el pasado 20 de abril en la central hidroeléctrica Rucalhue.
Los ilícitos que se imputan contemplan el delito por Asociación Terrorista, tipificado en el artículo 1º de la Ley Antiterrorista. Por otro lado, se imputa el delito de Incendio, y tres delitos asociados a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas: Porte Ilegal de Arma de Fuego, Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida y Disparos Injustificados.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, los querellados arriesgan penas que van desde los 3 hasta los 20 años de cárcel, los cuales sumados por cada uno de los delitos podrían llegar a ser décadas de presidio para quienes resulten responsables.
La querella ingresada fue admitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, encontrándose en estado de tramitación a manos del Ministerio Público, quienes, de acuerdo con el documento, se encargarán de “dar con la identidad de los responsables, formalizarlos, acusarlos y, en definitiva, condenarlos a las penas establecidas por la ley“.
Para ello, se solicitó a Policía de Investigaciones (PDI) levantar evidencia, entrevistar testigos, y hacer peritajes con el fin de proceder a imputar a los sujetos responsables.
Los hechos
Durante la madrugada del 20 de abril, entre las 1:30 y 2:30 horas, un grupo de al menos doce individuos encapuchados y armados con armas de fuego, irrumpió en la faena de construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en el kilómetro 45 de la Ruta Q-61R, en la comuna de Santa Bárbara. De acuerdo con la querella presentada, los sujetos actuaron de manera organizada.
Una vez en el lugar, los atacantes redujeron a los cuatro guardias de seguridad que custodiaban la instalación, empleando golpes de pies y puños para intimidarlos. Tras someter a los trabajadores, el grupo procedió a rociar vehículos, camiones y maquinaria pesada con líquidos acelerantes, para luego prenderles fuego.
En respuesta al ataque, funcionarios de Carabineros, que se encontraban en la ribera opuesta del río Biobío, intentaron disuadir a los responsables, solicitando apoyo adicional. A pesar de ello, los atacantes lograron huir realizando disparos al aire, utilizando rutas rurales y forestales. En su escape, además, bloquearon caminos mediante barricadas incendiarias con neumáticos, árboles derribados y el lanzamiento de abrojos metálicos (“miguelitos”).
Producto del atentado, quedaron completamente destruidos cuarenta y seis camiones tolva, un camión de combustible, dos retroexcavadoras, una camioneta y una motoniveladora. Uno de los guardias, identificado como P.E.A.S., de 43 años, resultó con lesiones de carácter reservado en la parrilla costal producto de las agresiones físicas.
En el sitio del suceso fueron halladas dos pancartas con mensajes alusivos a demandas políticas mapuches, incluyendo consignas como “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M.” y referencias al “Weichán Auka Mapu” (WAM), organización que ha reivindicado ataques incendiarios anteriores en la zona.
