El 5 de diciembre de 2024, Gonzalo Montoya Riquelme dejó el cargo como alcalde de Macul (Región Metropolitana) tras perder por estrecho margen con el militante de Republicanos, Eduardo Espinoza. Montoya salió del municipio haciendo un llamado a la unidad del progresismo, pero también en medio de una indagatoria: el Ministerio Público lo investiga por delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, en el marco de una arista derivada del caso Farmacias Populares.
A más de seis meses de su salida como edil, Gonzalo Montoya —independiente con pasado en Comunes— preparó su aterrizaje a un lugar que conocía: la Asociación de Municipalidades Libres (AML), organismo que financia sus operaciones con recursos públicos, paga sueldos, formula proyectos y que, sin embargo, se trata de una entidad fundada por derecho privado. Montoya fue parte del directorio y ejerció como tesorero en su periodo como jefe comunal de Macul.
Las asociaciones municipales —de carácter privadas— proliferan en nuestro país, siendo cerca de 55 en territorio nacional. Dada su estructura, la opacidad de la información que manejan ha estado en cuestionamiento. Recientemente, la Contraloría Regional levantó severas observaciones en contra de la extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (Amzo).
En el caso particular de Gonzalo Montoya, el exjefe comunal de Macul recayó en una asociación de la que hasta el año pasado había sido parte como miembro del directorio. Pese a que se trata de una entidad que opera con financiamiento público, las inhabilidades y conflictos de intereses no rigen su funcionamiento.
Macul y la asociación
El agosto de 2019, el alcalde de Cerro Navia, Mauricio Tamayo, constituyó la Asociación de Municipalidades Libres, cuya misión era «fomentar el desarrollo energético desde los gobiernos locales, contribuyendo a descentralizar la matriz energética». Uno de sus proyectos emblemas fue el denominado «Gas Popular».
Entre sus principales voceros estuvo el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Precisamente este último formó parte del primer directorio como vicepresidente, junto a Bernardo Leyton (segundo vicepresidente), Tamayo (presidente), Rodrigo Sánchez (secretario) y Gonzalo Montoya de tesorero. Ver documento aquí.
La última modificación del directorio disponible para examinar es de abril de 2024, cuando se determinó la siguiente estructura: Ana Albornoz Cuevas, alcaldesa de Santa Juana, presidenta de la Asociación; Daniel Jadue Jadue, alcalde de Recoleta, primer vicepresidente; Bernardo Leyton Lemus, alcalde de Canela, segundo vicepresidente; y Gonzalo Montoya Riquelme, Alcalde Macul, tesorero.
- Ver el última modificación aquí.
Al la fecha, la AML cuenta con seis socios: Cerro Navia, Recoleta, Canela, Santa Juana, Pudahuel y Macul. En esa calidad, los municipios deben aportar con financiamiento de sus arcas fiscales para la operatividad. Por ejemplo, en 2024 los ingresos declarados fueron poco más de $58 millones.
Fast Check CL examinó los gastos declarados por la AML en 2024 (ver aquí), constatando que se gastaron $155.477.969. Al desglosar cada monto, los recursos destinados para el personal (incluyendo remuneraciones y honorarios) fueron de $54.636.000; es decir, el 35,14% del total fue para el pago de sueldos.
De los proyectos que ejecutaron en 2024 —y que representan el 63% del total— está el «5 Estrategias» y «Planta Solar Regenerativa», ambos suman un costo de más de $98 millones.
| Categoría | Monto ($) | % |
| Personal | $54.636.000 | 35,14% |
| Proyectos | $98.249.969 | 63,20% |
| Operación | $2.042.000 | 1,31% |
| Viáticos y Capacitación | $550.000 | 0,35% |
| Total | $155.477.969 | 100% |
El sitio web de la organización no registra actualizaciones este año, ni siquiera en 2024. Hay fotografías que corresponden a actividades en pandemia, las noticias más recientes datan de 2021 y no se informa quiénes integran actualmente el directorio.
Gonzalo Montoya comenzó a aparecer en los registros como trabajador de la AML desde marzo de este año —a más de seis meses de dejar el cargo como alcalde— ejerciendo como «profesional coordinador general» y sujeto al Código del Trabajo. Recibe una remuneración de $2.269.200 brutos.
La versión de Montoya
No existe información pública que explicite si Montoya fue seleccionado para el cargo a través de algún concurso, ni cuáles fueron las consideraciones para ser contratado.
Fast Check CL conversó con Montoya, quien explicó que entró a trabajar producto de que la secretaria ejecutiva de AML «está con pre y post natal, entonces entré con un contrato a plazo fijo» hasta mayo y que ahora está en proceso para extender por un mes más. «Es como una especia de contrato no de reemplazo, pero en Código del Trabajo», comentó.
Sobre las labores que debe desarrollar, indica que debe supervisar los proyectos y los asuntos administrativos, el desarrollo de las asambleas, entre otras funciones. «Todo lo que tiene que ver con el ámbito de dirigir y coordinar la asociación», indicó el exedil de Macul.
Respecto de ser un trabajador remunerado, a poco más de seis meses de salir del directorio, Montoya no comparte que exista conflicto de interés, porque a su juicio, aquello es un beneficio, «y yo aquí lo que estoy haciendo es trabajar. Tengo, como todo el mundo, derecho al trabajo».
Respecto a su llegada a la AML, Montoya reconoció a Fast Check CL que él mismo se propuso para el cargo, particularmente al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, dado que en ese momento no había una secretaria ejecutiva —al estar con pre y post natal—, por tanto, «ellos (el directorio) consideraron la propuesta a mi experiencia como alcalde».
Fast Check CL envió preguntas al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien respondió que «Gonzalo Montoya presentó sus antecedentes, como lo haría cualquier persona interesada en un cargo laboral. Tras evaluar sus competencias como ingeniero civil y sus conocimientos en materia municipal —ya demostrados anteriormente durante su participación como miembro de la asociación— se determinó que era la persona idónea para asumir el cargo».
Tamayo sostiene que no existe conflicto de interés, ya que Montoya no mantenía vínculos vigentes con la AML al momento de su contratación. Además, argumentó que el nombramiento no requería un concurso público, pues se trataba de una designación temporal por tres meses y no estaba sujeto a exigencias legales ni estatutarias en ese sentido.
Entidad privada, normas privadas
Para los miembros del directorio, quedó establecido en los estatutos que sus labores en representación de la AML serían ad honorem, siendo solo el personal de la entidad —como el secretario ejecutivo, unidad y finanzas, comunicaciones— quienes recibirían una remuneración.
Al ser una entidad privada, las normas de la administración pública no le son aplicables, como tampoco las disposiciones generales o especiales emitidas para el sector público, salvo la normativa que permite a los municipios asociarse.
En el reglamento interno de funciones, la AML no incluye normas sobre inhabilidades, incompatibilidades, ni mecanismos para detectar o reportar situaciones donde un interés personal de algún miembro o funcionario pudiera interferir con el interés institucional de la asociación. En consecuencia, no regula, por ejemplo, el «salto» desde el directorio a la planta de trabajadores, sin mediar un concurso.
Una situación de similares características sucedió en la AMZO (municipios de la zona oriente), en la que Francisco de la Maza, quien ejerció como alcalde de Las Condes entre 2000 y 2016, y durante su último mandato también presidió el directorio, apenas seis meses después de dejar ambos cargos, fue contratado por la misma asociación mediante un contrato a honorarios.
