En enero de 2023, la Municipalidad de Corral firmó un trato directo con la empresa Construcción Mónica Viviana Sanhueza Stuardo EIRL para realizar labores de aseo urbano y mantención de espacios públicos. Según la Contraloría Regional de Los Ríos, el contrato se realizó sin la toma de razón obligatoria por parte del órgano contralor, y pese a que la empresa no tenía el giro comercial necesario.
Aunque el informe no lo explicita, Fast Check CL corroboró que la empresa contratada pertenece a Mónica Sanhueza Stuardo, funcionaria docente que cumplió labores en el municipio por más de dos décadas. La Contraloría concluyó que su doble rol configuró una inhabilidad sobreviniente: firmó un contrato con su propio empleador por un monto superior a 200 UTM, lo que debió obligarla a informar a su superior jerárquico y presentar su renuncia. Nada de eso ocurrió.
Una revisión de registros públicos revela que esta situación no es una excepción. Solo en 2023, la empresa resultó beneficiada con más de $460 millones en contratos con el municipio. Entre 2013 y 2024, acumuló pagos por un total de más de $2.470 millones.
La Contraloría Regional ordenó a la Municipalidad de Corral realizar un sumario administrativo, resultando con el sobreseimiento de Mónica Sanhueza. Sin embargo, tras revisar los fundamentos de dicha decisión, el órgano contralor instruyó a la administración actual a reabrir el sumario. Esta decisión llevó a la docente a presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra del municipio.
Los vínculos de Sanhueza con Corral
Mónica Sanhueza Stuardo se desempeñaba como profesora de inglés en una escuela dependiente de la Municipalidad de Corral. En el portal de Transparencia del municipio, los registros de sus pagos comienzan en julio de 2016. No obstante, se indica que su contrato habría iniciado en marzo de 1998, dato que la propia docente respalda en el recurso de amparo que presentó contra el organismo.
A fines de diciembre de 2012, la docente constituyó la empresa Construcción Mónica Viviana Sanhueza Stuardo EIRL, con un capital inicial de $400.000 en efectivo. El giro declarado incluía la construcción de todo tipo de obras menores, entre otros rubros, y se registró bajo el nombre de fantasía San Carlos Construcciones EIRL.
La empresa inició actividades en enero de 2013 y en julio del mismo año se adjudicó su primera licitación con la Municipalidad de Corral. Desde entonces, la EIRL de la docente ha mantenido contratos recurrentes con el municipio, hasta que la Contraloría en su informe 828/2024, cuestionó contrataciones recientes.
En el recurso de amparo interpuesto por Mónica Sanhueza contra el municipio, la docente argumenta que desde enero de 2025 pasó a depender del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valdivia, por lo que ya no sería funcionaria dependiente de la Municipalidad de Corral.
El trato directo que avanzó sin permiso
El informe de la Contraloría Regional de Los Ríos se centró en los contratos y pagos vinculados a la «concesión administrativa de servicios de recolección de residuos, aseo de calles, mantención de infraestructura pública y social» de la comuna de Corral, durante el período comprendido entre enero de 2023 y febrero de 2024.
El 12 de enero de 2023, la municipalidad adjudicó dicho servicio mediante licitación pública a la empresa Construcción Mónica Viviana Sanhueza Stuardo EIRL. Sin embargo, apenas cuatro días después, el municipio dejó sin efecto la adjudicación, ya que el proceso no cumplió con el trámite obligatorio de toma de razón por parte de la Contraloría.
Al someter las bases ante el órgano contralor, este formuló diversas observaciones: durante 2023, realizó cuatro objeciones a distintas versiones de las bases de licitación y a los decretos alcaldicios relacionados. A pesar de ello, la municipalidad nunca presentó una versión que cumpliera con los requisitos exigidos por el ente fiscalizador.
De igual forma, el municipio consultó a Contraloría si podía seguir adelante con un trato directo mientras la licitación seguía tramitándose. No obstante, la institución abstuvo pronunciarse mientras las bases continuaran objetadas.
A pesar de ello, el 24 de enero de 2023, la Municipalidad contrató igualmente a la empresa de Mónica Sanhueza a través de trato directo, por un monto de $48.287.670. Dos meses después, mediante el decreto N° 742, el contrato se ampllió sin fecha de término, «hasta el día en que se perfeccione el proceso licitatorio», estableciendo pagos mensuales de $36.245.000.
Ninguno de estos actos figuró visado por Contraloría. El informe advierte que eso vulnera el artículo 6° de la Ley de Compras Públicas, que obliga a someter a control previo tanto las bases como la adjudicación de contratos de recolección de residuos sólidos.
Pagos por $480 millones sin respaldo
El trato directo y su posterior ampliación significaron pagos por un total de $480.591.546, realizados en 14 decretos entre enero de 2023 y febrero de 2024. Pero, sostiene la Contraloría Regional de Los Ríos, ninguno de esos pagos cumplió con los respaldos exigidos por el contrato.
No se presentaron nóminas de trabajadores, liquidaciones firmadas, comprobantes de sueldos ni certificados del relleno sanitario. Tampoco hubo constancia de que el municipio exigiera esos documentos o suspendiera los pagos por su ausencia.
Además, la EIRL de Mónica Sanhueza «no contaba con el giro o negocio necesario para ser considerado como oferente en el rubro». De igual forma, el municipio la validó como tal y le asignó el contrato.
Contraloría también constató graves falencias en la fiscalización municipal. No hubo control de asistencia, nóminas, pagos ni planificación. A pesar de eso, las facturas —incluso con diferencias de monto respecto al contrato— fueron pagadas sin objeción.
También se dio cuenta que aunque el contrato se amplió de forma indefinida, el último pago se realizó en febrero de 2024, pero cuando el órgano contralor solicitó el decreto que lo dio por finalizado, el municipio reconoció que dicho documento no existía.
Recién en abril de 2024, Contraloría analizó un hecho clave: al momento de firmar el contrato con su propia empresa, Mónica Sanhueza Stuardo seguía trabajando como docente municipal. El monto ascendía las 200 UTM, lo que —según el artículo 64 de la Ley N° 18.575— la inhabilitaba automáticamente para seguir en el cargo. Debía avisar a su jefatura y renunciar, pero no lo hizo.
Aunque el informe de Contraloría no lo menciona, registros públicos muestran que esta situación se ha reiterado por al menos una década.
Pagos por más de $2.470 millones
Fast Check CL revisó las órdenes de compra vinculadas a Construcción Mónica Viviana Sanhueza Stuardo EIRL en el portal de Mercado Público. En más de diez años de vigencia, la empresa solo ha prestado servicios a dos municipalidades: Lago Ranco y Corral.
En el primer caso, su participación se mantuvo acotada, con apenas cuatro órdenes de compra emitidas entre noviembre y diciembre de 2014, por un total de $50.175.243. La situación cambia drásticamente en la Municipalidad de Corral, donde se concentró la mayor parte de sus contrataciones: entre 2013 y febrero de 2024, la firma recibió pagos por $2.477.433.913.
Durante gran parte de ese periodo (2023 y 2024), Mónica Sanhueza se desempeñó además como funcionaria docente del mismo municipio, cargo que ocupó desde marzo de 1998 hasta noviembre de 2024.
Cabe precisar que en Mercado Público aún figura como vigente la licitación de 2023, aunque esta quedó sin efecto, por ende, no se consideró para este conteo. En su reemplazo, se incluyeron los pagos realizados por trato directo detectados por el órgano contralor, los cuales no están disponibles en la plataforma de compras públicas. Estos pagos ascienden a $408.540.900 en 2023 y $72.050.646 en 2024.
En el 2020 se configuró un punto clave en los contratos de la empresa: desde ese año en adelante, se adjudicó la «concesión administrativa de servicios de recolección de residuos, aseo de calles, mantención de infraestructura pública y social». Con ello, desplazó a un proveedor que había ejecutado esa tarea recurrentemente, ganando $271.854.853 por la ejecución de dicho servicio.
La comisión evaluadora le asignó la mejor puntuación, a pesar de que su empresa no contaba con el giro económico adecuado en el SII ni con experiencia previa en labores de recolección de residuos.
Causa en contra de la Municipalidad de Corral
A comienzos de junio de 2025, Mónica Sanhueza Stuardo presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de la Municipalidad de Corral. En el escrito judicial, alega que la reapertura de un sumario administrativo en su contra —ya sobreseído en 2024— es ilegal y vulnera sus derechos fundamentales. Además, cuestiona que dicho procedimiento continúe tramitándose pese a que ya no forma parte del municipio.
El recurso sostiene que la empresa EIRL por la cual se originó la investigación se constituyó en 2023. Sin embargo, Fast Check CL corroboró que la empresa, creada en diciembre de 2012, comenzó su inicio de actividades en enero de 2013. También se indica que la EIRL era administrada por su pareja, Carlos García Martínez, quien ejerció como concejal de Corral entre 2008 y 2012.
En el escrito se repasa el mismo proceso señalado por la Contraloría en su informe: en abril de 2024, el órgano contralor ordenó la apertura de un sumario administrativo por una posible inhabilidad sobreviniente. En noviembre del mismo año, la fiscal a cargo resolvió absolver a Sanhueza, cerrando el sumario sin aplicar sanciones mediante el Decreto Exento N°2975.
No obstante, Sanhueza acusa al actual alcalde de Corral, Claudio González, de haber solicitado reabrir el caso sin presentar antecedentes nuevos. A raíz de esto, conforme al recurso, la Contraloría emitió en febrero de 2025 un nuevo oficio ordenando la reapertura del sumario, el cual sigue en curso.
La acción judicial busca que se declare la ilegalidad del procedimiento, argumentando que el municipio no tiene competencia para investigar a una funcionaria que ya fue traspasada al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valdivia. Por su parte, el municipio —en su respuesta— negó haber actuado de forma autónoma y afirmó que simplemente acató una instrucción directa de Contraloría.
La reapertura del sumario
La Contraloría Regional ordenó la reapertura del sumario contra Mónica Sanhueaza mediante el Oficio N° E24554. En el documento —al que tuvo acceso Fast Check CL— el organismo ordenó reactivar el procedimiento disciplinario que había sido cerrado con sobreseimiento en noviembre del año anterior, al considerar que los argumentos que fundan esa resolución «no se ajustan al mérito del proceso».
La fiscal a cargo del sumario se basó en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, que regula las prohibiciones para contratar con el Estado. Argumentó que dicha norma fue modificada en diciembre de 2023, después de la firma del contrato, por lo que no sería aplicable retroactivamente. Pero Contraloría refutó esa interpretación: señaló que su observación original no apuntaba a ese artículo, sino al 64° de la Ley N° 18.575, que establece la obligación de informar y renunciar en casos de inhabilidad sobreviniente, y que estaba plenamente vigente al momento de los hechos.
De acuerdo al órgano fiscalizador, ese aspecto «no fue indagado y ponderado en el sumario». Por lo tanto, instruyó reabrir el proceso disciplinario para esclarecer la eventual responsabilidad administrativa y aplicar, si corresponde, una sanción.
Desde la Municipalidad de Corral afirmaron a Fast Check CL que el sumario está en su etapa final y que el resultado se conocerá durante las próximas semanas.
«El sumario ya está en etapa final, es decir, de informe o vista fiscal (…) lo que va a significar que la persona que lleva la investigación haga una propuesta al alcalde y que el alcalde tome la decisión de absolver o sancionar a la persona que está siendo investigada», puntualizaron.
Para este artículo se intentó contactar a Mónica Sanhueza Stuardo y a su abogado a través de correo electrónico, pero hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
