A inicios de julio, la Sociedad de Seguridad Privada Integral (Seprivat SpA) interpuso una querella por estafa y falsificación de instrumento privado en contra de Héctor Bravo Solari, actual asesor del diputado Sebastián Videla (IND-Rad/Lib), ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según el escrito, Seprivat se adjudicó una licitación con la Municipalidad de Concepción, que exigía una boleta de garantía por $293.418.666. Para gestionarla, la empresa recurrió, presuntamente, a Bravo Solari.
El problema surgió cuando el municipio intentó verificar la autenticidad de la garantía y descubrió que esta era falsa. Como consecuencia, revocó la adjudicación y presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Concepción contra Seprivat.
Por su parte, la empresa de seguridad privada se declara víctima de un engaño perpetrado por Bravo Solari, quien habría simulado gestiones bancarias, entregado documentos falsificados y cobrado por un trámite que nunca se concretó.
Municipalidad de Concepción contra Seprivat
El 25 de abril de 2025, la Municipalidad de Concepción adjudicó a Seprivat SpA —representada legalmente por Carlos Valenzuela— una licitación para proveer servicios de seguridad en recintos municipales. El contrato tenía una duración de 36 meses y un valor mensual de $96.991.170. Como requisito, la empresa debía presentar una boleta de garantía equivalente al 10% del total adjudicado, es decir, $293.418.666.
Según la acción judicial, la exigencia aparentemente se cumplió el 16 de mayo, cuando Seprivat entregó una boleta emitida por el Banco Santander. Tres días después, la Municipalidad solicitó al banco verificar su autenticidad y este respondió que no existía registro alguno de dicha operación.
A raíz de esto, Seprivat reenvió un correo de una supuesta ejecutiva de Santander validando la boleta, junto con un certificado de vigencia. Pero, paralelamente, el municipio realizó consultas al banco y en uno de los intercambios una ejecutiva confirmó que el correo utilizado no provenía de personal del banco, escalando el caso a la unidad de fraude.
Con estos antecedentes, el 05 de junio la Municipalidad de Concepción resolvió revocar el contrato adjudicado a Seprivat, y al día siguiente interpuso una querella por estafa en el Juzgado de Garantía de Concepción. En la acción legal también solicitó la retención de bienes correspondientes al último estado de pago del contrato.
En respuesta, la empresa de seguridad presentó a inicios de julio una querella contra Héctor Bravo Solari, apuntándolo como el responsable de gestionar la boleta falsa y posicionándose como víctima de una estafa. Fast Check CL contactó a Carlos Valenzuela, representante legal de la empresa, quien declinó referirse al tema.
La querella contra Héctor Bravo
A raíz de la querella presentada por la Municipalidad de Concepción, Seprivat SpA se querelló —este 1 de julio— en contra de quien sería el presunto responsable de la boleta de garantía falsa, Héctor Bravo Solari. Pero la acción judicial no fue en solitario, lo hizo junto al representante legal de Rocktech SpA.
De acuerdo al documento, Sergio Manríquez López (Rocktech) contactó a Bravo Solari para gestionar la boleta a través del Banco Santander, a cambio de $26 millones, de los cuales $14 millones serían por adelantado. Manríquez López y Bravo Solari, indica la querella, ya habían tenido interacciones previas, en las que Bravo Solari se había presentado como gestor comercial de proyectos y había destacado sus «dotes de excelente relacionador público».
Cabe agregar que Sergio Manríquez es amigo y socio comercial de Carlos Valenzuela (Seprivat), por lo cual, esta habría sido la relación que permitió el conducto a través del cual Bravo Solari fue presentado para la presunta gestión de la boleta de garantía.
Una vez lista, el 16 de mayo, Seprivat entregó a la Municipalidad la boleta N°7718497. Luego de tres días, el banco negó haber emitido tal documento. En la querella, se acusa que Bravo respaldó la validez de la boleta con correos electrónicos enviados desde una cuenta atribuida a Marjorie López Díaz, supuesta ejecutiva del banco.
El 3 de junio, la misma ejecutiva reconoció que había un «error de registro» y solicitó la devolución del documento, encendiendo las alertas.
Al percatarse de este «error de registro», según describe la querella, Héctor Bravo dejó de responder las llamadas y mensajes. Seprivat informó lo ocurrido al municipio de Concepción y anunció las acciones legales.
La querella invoca los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil. En consecuencia, se solicita una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de 20 UTM y el pago de costas. También se solicita considerar la agravante de abuso de confianza, conforme al artículo 12 N° 7 del Código Penal.
Entre las diligencias solicitadas se incluyen: declaración en calidad de víctimas de Carlos Valenzuela Lobos y Sergio Manríquez López; citación a Bravo Solari en calidad de imputado; y un oficio al Banco Santander para confirmar si Marjorie López Díaz pertenece a esa entidad.
La versión del acusado
Además de desempeñarse como asesor del diputado Sebastián Videla —cargo por el que recibie una remuneración de $2.621.667 a junio de 2025—, Héctor Bravo Solari figura como militante del Partido Socialista. En el ámbito político ha sido candidato en dos ocasiones: en 2012 postuló al cargo de concejal por Antofagasta y posteriormente a consejero regional (CORE) por la misma región, sin resultar electo en ninguna de las dos.
Previo a la consulta realizada a Bravo, el diputado Videla afirmó a Fast Check CL no tener conocimiento de la querella presentada en contra de su asesor.
Consultado por esta redacción, Héctor Bravo señaló no haber sido notificado de la acción judicial y negó los hechos que se le imputan. Aseguró no haber gestionado ninguna boleta de garantía y declaró: «No tengo contacto con ninguna persona de ese banco».
Si bien reconoció conocer a Sergio Manríquez, Bravo afirmó: «No conozco a ninguna persona de la empresa Seprivat SpA, por tanto, no he intermediado en nada para ellos». También sostiene no haber recibido ningún pago de $14 millones por concepto de intermediación.
Respecto al motivo de la querella, concluye: «Desconozco los motivos, pero me imagino que podría haber una intención política, con el solo hecho de dañar y mancillar la honra».
