La Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique reveló en un informe que, entre enero de 2022 y mayo de 2025, el municipio emitió 471 decretos de regularización para pagar servicios que ya habían sido prestados. Este mecanismo —que implicó desembolsos por más de $4.470 millones— permitió la ejecución de trabajos fuera del sistema de compras públicas y sin respaldo administrativo.
Fast Check CL informó previamente sobre este documento, que incluía la lista de los 471 decretos con el detalle de los proveedores y montos involucrados (“Regulariza” y “reconoce”: El mecanismo con el que la Municipalidad de Coyhaique ejecutó $4,4 mil millones sin regularización previa). Entre las mencionadas, la empresa que concentró la mayor cantidad de recursos fue Genera Gestión Ambiental SpA, encargada de la recolección de residuos, que acumuló más de $1.462 millones en pagos regularizados.
A esta información se suman dos oficios de la Contraloría Regional de Aysén, a los que tuvo acceso esta redacción, que profundizan en las irregularidades ligadas a Genera. Los documentos no solo confirman que la compañía prestó servicios sin contrato en reiteradas ocasiones, sino que además cuestionan los tratos directos por $1.553 millones mediante los cuales se le adjudicó inicialmente la recolección de basura en Coyhaique. El órgano fiscalizador asigna responsabilidad administrativa al alcalde Carlos Gatica.
Respecto a las regularizaciones, el pronunciamiento de Contraloría es categórico: se trata de una «situación abiertamente irregular e ilegal». Además, el oficio señala que remitirá los antecedentes al Concejo Municipal «para los fines del artículo 60, letra c) de la Ley N° 18.695». Dicha norma contempla la posibilidad de destitución del alcalde en casos de impedimento grave, contravención a la probidad administrativa o notable abandono de deberes.
Coyhaique y Genera Gestión Ambiental SpA
La empresa Genera Gestión Ambiental SpA fue constituida en Talca en marzo de 2021 por dos sociedades: Inversiones Santa Mercedes SpA, controlada por Michelle Duhart Gómez, y Inversiones Sofía Klein SpA, de Sofía Klein Santibáñez. Cada una suscribió el 50% del capital inicial, fijado en $20 millones.
Su objeto social es amplio: abarca desde contratos vinculados al medio ambiente, aseo y recolección de residuos, hasta servicios de vigilancia, estacionamientos, obras civiles, consultorías y transporte (ver constitución acá).
De acuerdo a los registros de Mercado Público, Genera solo registra nueve órdenes de compra entre abril de 2022 y septiembre de 2024. Ocho corresponden a la Municipalidad de Coyhaique, aunque en la práctica se reducen a cinco contratos, ya que algunos fueron divididos en más de una orden de compra. Estos tratos directos serán detallados más adelante en este reportaje. La única orden fuera de la capital regional corresponde a la Municipalidad de Talca, que en 2024 contrató un servicio puntual de camión volcador por $1.969.997.
Los tratos directos bajo la lupa
En abril de 2022, apenas tres meses después de que Genera Gestión Ambiental SpA asumiera la recolección domiciliaria en Coyhaique, el propio alcalde Carlos Gatica reconoció que la empresa estaba entregando un servicio «deficiente», según un artículo de prensa publicado en la web municipal (ver acá).
«Como municipio pedimos disculpas a toda la comunidad por lo acontecido con la contratación que fijamos para el retiro de basura domiciliaria; hoy tenemos un grave problema porque la empresa ha prestado un servicio de manera deficiente, es una vergüenza de cómo la empresa ha llevado el proceso, como municipio ya le dimos un ultimátum porque ya no podemos seguir aguantando que se vulneren los derechos de nuestros vecinos y vecinas», señaló.
EL comunicado del municipio sostenía que Genera había obtenido la concesión mediante una licitación. Sin embargo, de acuerdo con los registros de Mercado Público —y como confirmó la Contraloría en el oficio E113171—, dicha licitación fue declarada desierta. En realidad, la contratación se concretó a través de un trato directo autorizado en febrero de 2022, por un plazo de seis meses (de febrero a julio) y un monto de $628.399.320.
Pese a las críticas, la relación contractual con Genera Gestión Ambiental SpA no se interrumpió. Tras el primer acuerdo, el municipio autorizó un segundo trato directo por $924.888.400, que extendió la prestación del servicio por ocho meses más, entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En total, ambos contratos sumaron $1.553.287.720 por 14 meses de recolección de basura. A continuación un detalle de los pagos mensuales.
La “improcedencia” en los tratos directos
Estos contratos son precisamente los que la Contraloría calificó como improcedentes en el oficio E113171 (ver documento acá). El órgano fiscalizador determinó que la municipalidad aplicó de manera errónea la causal de excepción de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, que permite el trato directo solo en casos de emergencia. Además, la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades, establece que, por los montos involucrados, debió realizarse una licitación pública.
La municipalidad, también omitió enviar uno de los decretos a Contraloría para su revisión de legalidad, constituyendo otro incumplimiento normativo. Por estas faltas, el ente contralor acreditó la responsabilidad administrativa del alcalde Carlos Gatica y de otros funcionarios municipales, e instruyó un sumario administrativo. Como resultado, el municipio aplicó sanciones disciplinarias que incluyeron suspensiones de empleo, multas y anotaciones de demérito a autoridades y asesores jurídicos que visaron los decretos (ver decreto municipal que acoge medidas disciplinarias acá).
La concejal Ana María Navarrete (PS) explicó a Fast Check CL que «el sumario se originó por situaciones que nosotros denunciamos y otras que denunció la misma comunidad». Añadió que se trataba de acciones que no se ajustan a la legalidad y «que deberían haberse realizado a través de un sistema transparente, como lo es el sistema de compras públicas».
Consultada por esta redacción, ChileCompra, el organismo encargado de administrar el sistema de compras públicas, explicó que «la ley exige como primera opción el uso de la licitación pública, salvo que se acrediten causales específicas de excepción» en el caso de servicios privativos de las municipalidades, como aseo y ornato.
Además, puntualizaron que «la prestación de servicios privativos sin la debida transparencia y formalización reduce el número de proveedores con oportunidades de participar e incrementa el riesgo de dependencia económica, sobrecostos y posibles conflictos de interés, especialmente cuando se invocan causales de trato directo que no están debidamente fundamentadas. Esto puede derivar en sanciones administrativas y, en caso de comprobarse perjuicio fiscal, en eventuales acciones judiciales».
Los otros tratos directos directos
Pese a los cuestionamientos de Contraloría, los tratos directos con Genera Gestión Ambiental SpA no terminaron en marzo de 2023. La municipalidad volvió a contratar a la empresa mediante tratos directos millonarios, utilizando la misma causal de excepción que había sido objetada por el ente fiscalizador:
- Abril a septiembre de 2023 → $775.800.000
- Junio a noviembre de 2024 → $592.620.000
- Servicio puntual de traslado de tolvas → $5.593.000
En febrero de 2024, un artículo del medio regional Santa María Radio y Televisión informó que la administración de Carlos Gatica intentó aprobar un nuevo trato directo con Genera por cuatro meses más. Sin embargo, el Concejo Municipal rechazó la propuesta, señalando que la forma de operar no sería la adecuada, ya que algunos camiones no contaban con la revisión técnica vigente.
Aun así, esta no fue la única ocasión en que se buscó contratar nuevamente a Genera mediante tratos directos. El 18 de junio de 2025, la municipalidad solicitó al Concejo la aprobación de un nuevo contrato por $448.000.000, por un plazo de cuatro meses. La propuesta fue aprobada por tres concejales —Yohana Hernández, Ricardo Cantín y Marcela Agüero— y rechazada por dos —Sebastián Vera y Ana María Navarrete—. El concejal Felipe León no estuvo presente en la sesión.
Este nuevo trato directo fue finalmente «representado» por Contraloría en el oficio E138711, es decir, no se dio curso al contrato (ver documento acá). Las razones señaladas por el ente fiscalizador fueron:
- El Acuerdo N° 174 del Concejo Municipal, que autorizaba la contratación excepcional y aprobaba los términos de referencia, no cumplió con el quórum legal.
- No se adjuntó el informe técnico requerido.
- La vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato no se ajustaba a la normativa vigente.
- El certificado de disponibilidad presupuestaria carecía de fecha específica y el contrato tampoco indicaba su fecha de suscripción.
- En una parte el decreto mencionaba a un proveedor distinto —Patagonia Sostenible de Aysén SpA— que no correspondía al proveedor real del contrato, Genera Gestión Ambiental SpA.
Mientras a inicios de 2024 se discutía la continuidad de Genera, la empresa seguía operando sin contrato formal, lo que dio paso al uso de «regularizas» para que la empresa siguiera operando.
Fast Check CL intentó obtener una versión de la Municipalidad de Coyhaique, con el objetivo de consignar en este artículo sus descargos. No obstante, no hubo comentarios al respecto.
El mecanismo de las “regularizas”
Según el peritaje realizado por la Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique, entre octubre de 2023 y mayo de 2025 la municipalidad regularizó 12 pagos a Genera por un total de $1.462.569.997, correspondientes a servicios prestados sin respaldo contractual.
Tras ser consultado por esta redacción, el concejal Sebastián Vera afirmó que la situación salió a la luz cuando envió una solicitud de información y se identificó la figura de las «regularizaciones»:
«Esto, en los hechos, implicaba evadir el sistema de la Ley de Compras Públicas, lo que podría interpretarse como un privilegio hacia ciertos proveedores y, en consecuencia, un perjuicio para la libre competencia y la transparencia en la gestión municipal. Quiero ser claro y firme: rechazo categóricamente todas las acciones que vulneran la ley».
Los decretos de regularización, a los que tuvo acceso Fast Check CL, justifican este mecanismo amparándose en la doctrina de Contraloría sobre evitar el «enriquecimiento sin causa», que establece que la administración no puede dejar de pagar un servicio efectivamente recibido.
En este sentido, Chile Compra explica que los organismos efectivamente deben pagar los servicios prestados, incluso cuando no se cumplieron los procedimientos formales. Sin embargo, aclararon que «este criterio no implica convalidar eventuales irregularidades ni eximir de responsabilidades administrativas a los funcionarios involucrados, por lo que cada caso debe ser investigado».
Además, advirtieron que situaciones como estas podrían vulnerar el principio de control y probidad administrativa, establecido en los artículos 3° y 62 de la Ley N° 18.575, lo que incluso podría derivar en «responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales para las autoridades que intervinieron».
Según Chile Compra, este tipo de actuaciones reduce la participación de oferentes, impide un análisis técnico y legal previo a la ejecución del gasto y dificulta la trazabilidad de las decisiones adoptadas. Por último, recordaron que las municipalidades deben realizar sus adquisiciones conforme a la Ley 19.886 de Compras Públicas, que garantiza transparencia y libre concurrencia.
Práctica irregular e ilegal
En ese sentido, Contraloría calificó que la ejecución de los servicios de recolección de residuos sin contrato formal constituye una «situación abiertamente irregular e ilegal» e instruyó la apertura de un nuevo sumario administrativo.
El oficio E118472, fechado el 14 de julio de 2025, indica además que los antecedentes serán remitidos al Concejo Municipal para los efectos del artículo 60, letra c) de la Ley N° 18.695, que establece las causales que podrían derivar en la remoción del alcalde. En particular, la causal c) se refiere a impedimento grave, contravención a las normas sobre probidad administrativa o notable abandono de deberes (ver documento acá).
Según la regulación, esta remoción puede tramitarse mediante un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER), presentado por un tercio de los concejales en ejercicio, o por uno solo en caso de que Contraloría ya haya acreditado una falta a la probidad.
Fast Check CL se contactó con los seis concejales de Coyhaique para conocer su perspectiva sobre lo ocurrido en el municipio. No obstante, solo dos respondieron a las consultas de esta redacción: Sebastián Vera y Ana María Navarrete. Ambos coincidieron en que el concejo debería evaluar la aplicación de este artículo y, de ser pertinente, presentar un requerimiento.
El concejal Vera afirmó estar «dispuesto a respaldar un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional si se determina que existen fundamentos jurídicos y responsabilidades políticas que lo justifiquen». Por su parte, la concejal Navarrete indicó: «Estoy a disposición de hacer esta acusación y creo que hay antecedentes suficientes para ello».
