La Ley Aula Segura fue promulgada el 19 de diciembre de 2018 y establece que los equipos directivos de los colegios con financiamiento estatal deben reportar a la Superintendencia de Educación las expulsiones y cancelaciones de matrícula aplicadas por hechos graves que afectan la convivencia escolar. Entre las causales se incluyen el uso o porte de armas y los hechos relacionados con drogas.
Según cifras publicadas por La Tercera en diciembre de 2024, desde la promulgación de la Ley Aula Segura se registraron más de 5.200 expulsiones, de las cuales aproximadamente el 86% de los estudiantes expulsados fue reincorporado al sistema al año siguiente.
Fast Check CL realizó una solicitud de información vía Ley de Transparencia —desde el año 2015 a 2025— para conocer en detalle los casos de expulsión por uso o porte de armas y hechos relacionados con drogas a nivel nacional, lo que permitió observar la evolución de estas sanciones en los últimos años.
Los resultados entregados abarcan desde el año 2016 hasta el 31 de agosto de 2024, puesto que los datos del trimestre restante estaban en «proceso de validación». No obstante, estas cifras muestran un aumento significativo: los casos de expulsión y cancelación por uso o porte de armas pasaron de 27 en 2019 a 231 en 2023, mientras que los relacionados con drogas subieron de 44 en 2019 a 161 en 2023.
Los datos de la Superintendencia
La Superintendencia de Educación explicó a Fast Check CL en la solicitud de Transparencia que no registran cada caso relacionado con los hechos solicitados, debido a que su función es ficalizar el cumplimiento normativo. Por ello, la información proporcionada se basa únicamente en sanciones administrativas, que incluyen expulsión y cancelación de matrícula.
De esta manera, los datos se entregaron bajo las causales de «Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios» y «Hechos relacionados con drogas», que abarca tráfico y/o posesión. La Superintendencia también señaló que los establecimientos particulares pagados no están obligados a reportar estos casos, por lo que las cifras disponibles podrían sobre o sub representar el fenómeno real.
Sobre este punto, Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, advierte que estas cifras deben leerse con cautela, ya que «registran sanciones, no incidentes: lo que vemos son los casos en que un conflicto deriva en expulsión o cancelación, no la totalidad de hechos de violencia o consumo de drogas que ocurren en los colegios». Según explica, distintos establecimientos pueden aplicar sanciones con criterios más o menos estrictos, lo que introduce sesgos en el registro.
Además, se compartieron cifras desde 2016 hasta mediados de 2024; no obstante, estas corresponden a marcos legales diferentes: las sanciones de 2016 se aplicaron bajo la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, mientras que desde 2019 todas las expulsiones se rigen por la Ley Aula Segura.
Expulsiones y cancelaciones por porte de armas: un aumento marcado desde 2022
En el caso de los expedientes por uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, la Superintendencia reportó cifras consolidadas de expulsiones y cancelaciones. Entre 2016 y 2019 los registros se mantuvieron bajos —entre 11 y 27 casos por año—, mientras que en 2020 no hubo y en 2021 solo se registraron 2.
Tras el retorno a la presencialidad, los casos se dispararon: en 2022 llegaron a 110 y en 2023 alcanzaron un peak de 231. En 2024, hasta agosto, ya suman 76.
El director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, sostiene que el aumento no solo se debe a un mayor registro de estos casos, sino también a un deterioro real del clima escolar: «Los niños evidenciaron haber perdido hábitos de convivencia, tensiones emocionales acumuladas y dificultades de reintegración de estudiantes», explicó Estrella.
Además, la Superintendencia compartió la variación según la dependencia administrativa de los colegios. Entre 2016 y 2024, los municipales registraron una parte importante de los casos, especialmente en 2023 con 94 expedientes, mientras que otras dependencias, como corporaciones de administración delegada y servicios locales de educación, tuvieron cifras mucho menores.
Aun así, al analizar el total, la mayoría de los casos se concentra en establecimientos particulares subvencionados, con 115 expedientes en 2023 y 30 hasta agosto de 2024.
Sin embargo, para Marcelo Estrella no se puede asegurar que estos casos ocurran más en colegios particulares subvencionados, puesto que «los datos muestran una cantidad neta y no un porcentaje. Para establecer esa comparación, necesitamos saber cuál es el total de colegios particulares subvencionados y cuál es el total de colegios municipales».
Expulsiones y cancelaciones por hechos relacionados con drogas
En el caso de los hechos relacionados con drogas, la Superintendencia entregó los datos desagregados de expulsiones y cancelaciones de matrícula. Las primeras muestran un repunte importante: de 23 casos en 2016 subieron a 109 en 2023. En tanto, las cancelaciones pasaron de 19 a 52 en el mismo período.
Si se consideran ambas sanciones, los casos se mantuvieron entre 30 y 45 anuales entre 2016 y 2019. Durante la pandemia (2020 y 2021) no se registraron, pero tras el retorno a clases subieron a 77 en 2022 y llegaron a un peak de 161 en 2023. En 2024, hasta agosto, ya se contabilizan 66.
Para Estrella, un factor relevante son los niños de sectores vulnerables con familias vinculadas a redes delictuales. En este sentido, el académico recordó que Chile fue uno de los países con el período más largo de suspensión de clases presenciales, lo que «implicó que los niños estuvieran la mayor parte del tiempo en sus hogares, que muchas veces pueden ser fuente de influencias negativas. Todo esto probablemente contribuyó a un aumento real de episodios de violencia y consumo de drogas».
En este caso, los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula por hechos relacionados con drogas también varían según la dependencia administrativa de los colegios. Tomando la totalidad de las sanciones, los municipales registran la segunda mayor cantidad de casos entre 2016 y 2024.
Adicionalmente, la mayoría se concentra en colegios particulares subvencionados, con 101 expedientes en 2023 y 41 hasta agosto de 2024.
“El país y el sistema educativo no están ajenos al incremento de la violencia“
Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, advierte que las cifras de expulsiones y cancelaciones de matrícula responden a una tendencia creciente de hechos de violencia y afectación de la convivencia escolar. Según explica, este fenómeno se debe tanto al aumento de episodios conflictivos dentro de los recintos como a una mayor disposición a denunciarlos y al rol más activo que ha asumido la institucionalidad en la última década.
El investigador subraya que estas cifras deben analizarse en conjunto con otros indicadores, como los estudios de Senda sobre consumo de drogas en escuelas o los informes de la Agencia de Calidad sobre convivencia. «Más allá de las limitaciones que puedan tener estos indicadores, lo cierto es que el país y el sistema educativo no están ajenos al incremento de la violencia y de las situaciones que afectan la convivencia en la sociedad chilena», enfatiza.
Respecto a la ley Aula Segura, Muñoz sostiene que esta norma acelera procesos ya existentes en contextos críticos. En esa línea, y al referirse a las cifras de reincorporación de estudiantes expulsados, puntualiza: «El problema de fondo no es si los mecanismos de expulsión son los mejores, sino si los establecimientos cuentan con apoyos suficientes para enfrentar los problemas de convivencia de buena manera». Asimismo, indicó que —en casos excepcionales— la expulsión debe ser posible, pero está lejos de resolver el desafío de fondo.
Por último, Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, afirmó: «La reincorporación al sistema es una buena señal, pues los jóvenes que delinquen y son expulsados de sus colegios, para luego ser abandonados por el sistema, son mucho más propensos a seguir delinquiendo».
