Luego de que la causa no registra novedades por cerca de tres años, finalmente este miércoles 3 de septiembre, a las 09:00, se realizará la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Coyhaique —a solicitud de la Fiscalía Regional de Aysén— de siete personas, entre ellas, exautoridades y directivos del municipio de dicha comuna.
El caso se remonta a septiembre del año 2021, cuando la Municipalidad de Coyhaique —con el alcalde Carlos Gatica (DC) en sus primeros meses en el cargo— presentó una querella por fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y asociación ilícita en contra de su antecesor, Alejandro Huala (exPS), y Waldemar Sanhuez, exdirector jurídico del municipio, por fraude al Fisco y prevaricación.
La querella tenía por objetivo esclarecer un perjuicio de casi $150 millones, más una deuda liquidada de $79.855.061 al mes de abril de 2021, producto de un presunto pago irregular de un bono compensatorio a asistentes de la educación.
El conflicto tiene su origen en una bonificación especial establecida por la Ley N°20.313 para personal de educación en zonas extremas, vigente desde 2009. Posteriormente, la Ley N°20.717 dispuso su carácter imponible para funcionarios de planta y contrata, y creó una compensación no imponible para cubrir las deducciones por cotizaciones de salud y pensiones. No obstante, en 2017 la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que los asistentes de la educación regidos por el Código del Trabajo no cumplían con los requisitos para recibir dicho beneficio. A partir de 2018, el municipio cesó los pagos.
Según la querella, lo que vino después fue un «concierto de voluntades» para sortear lo dispuesto por CGR. En octubre de 2018, Huala declaró al Diario Regional de Aysén que la vía judicial era «la salida legal» para mantener el bono, palabras que dio a conocer incluso antes de que la demanda de los trabajadores fuera notificada al municipio. Ese mismo mes, el Concejo Municipal de aquel entonces autorizó al entonces director jurídico, Waldemar Sanhueza, a transigir judicialmente con los trabajadores en la causa RIT O-64-2018. El acuerdo aceptó en su totalidad las pretensiones de los demandantes, sin evaluar el fondo del asunto ni realizar una audiencia preparatoria.
Meses después, en abril de 2022, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por los hechos descritos, pero ampliando el número de involucrados, sumando —además del exalcalde y su director jurídico— a los concejales de Coyhaique de aquel periodo: Ricardo Cantín (quien actualmente está en ejercicio), Georgina Calisto (exconcejala y madre del diputado Miguel Ángel Calisto), Doris Carrasco, Rudecindo Adio y Franklin Hernández. La acción judicial presentada por el CDE fue agrupada con la presentada por el municipio.
La querella de la Municipalidad y el CDE
El caso se remonta a 2018 y 2019, cuando el Concejo Municipal de Coyhaique aprobó acuerdos judiciales que permitieron seguir pagando el bono compensatorio de zonas extremas, creado por la Ley 20.717, pese a que la Contraloría había ordenado detenerlo. Con esa decisión, el municipio desembolsó $149.657.904 y asumió compromisos por otros $79.855.061 en deudas judiciales, cifras que –según la querella– significaron un perjuicio fiscal.
El beneficio se originó en 2014 para compensar otro bono que comenzó a tener descuentos previsionales, pero solo correspondía a funcionarios de planta y a contrata. En 2017, la Contraloría precisó que los asistentes de la educación regidos por el Código del Trabajo no cumplían con ese requisito. Pese a ello, en Coyhaique se siguió pagando hasta junio de 2018, cuando finalmente fue suspendido.
La suspensión derivó en demandas de parte de asistentes de la educación, quienes alegaron la existencia de una «cláusula tácita» por la entrega reiterada del bono. En ese escenario, el entonces alcalde Rigoberto Huala anunció públicamente que el municipio celebraría acuerdos judiciales para validar el bono, lo que la querella de la Municipalidad califica como un «fraude procesal», ya que buscaba desconocer lo resuelto por la Contraloría incluso antes de que los tribunales emitieran un fallo.
El rol de los concejales
Según la acción judicial del CDE, las actas de las sesiones extraordinaria N° 18 y ordinaria N° 79 evidencian que los concejales en ejercicio de la época —Ricardo Cantín (hoy aún en el cargo), Georgina Calisto (tía de Miguel Ángel), Franklin Hernández (padre de la actual concejal Yohana Hernández), Doris Carrasco y Rudecindo Adio— conocían el dictamen de Contraloría que declaraba improcedente el beneficio.
Aun así, el escrito señala que respaldaron los acuerdos bajo el argumento de razones laborales y de justicia hacia los trabajadores. El CDE, en cambio, sostiene que la actuación fue ilegal y que los concejales actuaron en conjunto con el alcalde y el director jurídico para eludir la fiscalización de Contraloría.
Tras la presentación de la querella, el tribunal decretó la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre vehículos y bienes raíces. La causa está en etapa de formalización: los concejales fueron citados el 18 de agosto, pero Franklin Hernández y Doris Carrasco no asistieron, lo que obligó a postergar la audiencia hasta el 3 de septiembre.
Fast Check CL se comunicó con el concejal en ejercicio Ricardo Cantín, quien también se encuentra entre los ediles que serán formalizados, pero manifestó que no le interesa hablar al respecto.
Adicionalmente, esta redacción se contactó con Alejandro Huala —quien actualmente es funcionario de planta del municipio de Coyhaique— para conocer su versión. Sin embargo, declinó dar comentarios.
