La Contraloría General de la República (CGR) remitió el Informe Final N° 281 de 2025, que contiene los resultados de una investigación especial realizada a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). El objetivo fue revisar los procesos de contratación llevados a cabo con la empresa Conectikids Software Limitada, anteriormente Conectikids SpA, durante los años 2019 al 2025, así como conocer el uso del aplicativo o app «Mi Jardín JUNJI».
«Mi Jardín JUNJI» fue presentada como una herramienta de comunicación directa entre los jardines infantiles de la JUNJI y las familias. Su propósito, según la propia institución, era fortalecer el proceso pedagógico con la participación de los padres y apoderados, entregando orientaciones y recomendaciones para el desarrollo y bienestar integral de los niños y niñas que participaran de esta red de establecimientos educacionales.
De acuerdo al informe, la investigación se inició por una denuncia que señalaba que desde el año 2018, la JUNJI y la Subsecretaría de Educación Parvularia habrían manipulado licitaciones públicas para beneficiar a Conectikids Software Limitada. No obstante, el órgano fiscalizador no comprobó dicha acusación, aunque sí detectó otras irregularidades.
La denuncia indicaba contratos con ambas entidades y que Conectikids, constituida en 2018, solo había participado en procesos de estas dos instituciones públicas. De acuerdo a lo que consigna el ente contralor, la JUNJI contrató los servicios de la aplicación «Mi Jardín JUNJI» a Conectikids por más de $458 millones en un periodo de seis años, utilizando diversos mecanismos de compra.
Asimismo, el informe detalla que la aplicación presenta un alto porcentaje desuso. Los datos más concluyentes del informe de la CGR señalan que, en 284 unidades educativas —94% del total en la Región Metropolitana— no se registra interacción entre educadoras y apoderados en ítems clave como «Comunicaciones enviadas», «Me gusta comunicaciones», «Anuncios mural» y «Actividades».
Los inicios de Conectikids
Vicente Pirozzi Meyer constituyó, el 28 de diciembre de 2017, la empresa Conectikids, con un capital social de $1 millón de acciones nominativa, abarcando como objeto social el desarrollo, implementación, distribución y comercialización de software y plataformas digitales, la prestación de servicios informáticos y de computación (ver documento aquí).
De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, Conectikids inició actividades el 1 de febrero de 2018, emitiendo su primera factura electrónica el 5 de febrero del mismo año a la Subsecretaría de Educación Parvularia, según Contraloría. No obstante, este dato contenido en el informe no es correcto, pues la primera orden de compra emitida por este servicio a Conectikids ocurrió recién el 29 de noviembre del citado año.
En adelante a 2018, la Subsecretaría de Educación Parvularia y la JUNJI se convertirían en los principales compradores de Conectikids —que cambiaría su razón social en 2023 a Conectikids Software Limitada—, acumulando de acuerdo a Mercado Público $948.807.099 desde el año 2018 hasta enero de 2025, última fecha en la que se registra una orden de compra.
Fue ese año 2018 cuando se probó el piloto para aplicaciones bidireccionales y un programa de computación titulado CONECTIKIDS, que buscaba impulsar programas digitales para facilitar el acceso de los padres a información sobre la situación de sus hijos a través de una aplicación móvil, por un monto de $8.079.353.
Así las cosas, la Contraloría analizó antecedentes de la etapa piloto de la aplicación realizada en 2019 en jardines infantiles de la Región Metropolitana. El organismo constató que en varios de los recintos hubo dificultades en su implementación, tanto por la falta de uso de la herramienta como por problemas de conectividad, aspectos que se detallan más adelante.
Hallazgos principales
Fast Check CL corroboró mediante Mercado Público que Conectikids tuvo seis órdenes de compra con la JUNJI —entre 2019 y 2025— por un total de $458.940.213. De estos, cuatro son tratos directos que constituyeron $262.940.213 y dos licitaciones públicas por $190.000.000.
No obstante, el informe de Contraloría señala que en tres de los cuatro tratos directos –que suman $172.940.213– la JUNJI utilizó la causal de «propiedad intelectual exclusiva del proveedor» para justificar los tratos directos. Pero, según señala el órgano contralor, esta causal no fue debidamente acreditada.
Asimismo, en el trato directo restante –por $90.000.000– la CGR determinó que la JUNJI eximió a Conectikids de presentar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sin una fundamento adecuado que resguardara el cumplimiento contractual. Sobre este punto, la junta de jardínes infantiles argumentó que se debió a la situación vivida en pandemia, sin embargo el órgano contralor mantuvo su observación sobre este contrato.
También, el informe señala que en 2020 la JUNJI habilitó en su sitio web un link que llevaba al sitio gratuito, «Del Jardín a la Casa». Este espacio ofrece herramientas prácticas, cápsulas y fichas educativas que contienen los mismos contenidos que se encuentran en la aplicación «Mi Jardín JUNJI» de la Conectikids, sostiene el documento.
Al respecto, el órgano fiscalizador recalcó que seguir contratando un servicio pagado sin evaluar su uso y teniendo una opción gratuita que realiza esas funciones va contra «los principios de control, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos».
El desuso de la aplicación
La aplicación «Mi Jardín JUNJI» tuvo una etapa inicial de pilotaje en 2019, en 50 unidades educativas del organismo a lo largo del país, de las cuales ocho estaban en la Región Metropolitana. Tras la ejecución del piloto, se entrevistó a los jardines de la RM y se constató que el 75% de ellos optó por utilizar WhatsApp como herramienta principal de comunicación y apoyo educativo, en lugar de la aplicación, señala el informe de la Contraloría General de la República (CGR).
En esta misma línea, la CGR advirtió que la JUNJI no contó con los informes estadísticos de uso que debía entregar la empresa Conectikids en esta etapa. El documento incluso establece que «no consta que se hayan revisado al momento de adoptar la decisión de continuar con el servicio».
El bajo nivel de uso durante el piloto no se condice con la decisión de continuar contratando el servicio, advirtió la Contraloría. Este aspecto, de acuerdo al informe, «transgrede los principios de eficiencia, eficacia y transparencia».
La situación de desuso se ha agudizado en la actualidad, según constató el órgano fiscalizador. De las 301 instituciones de la Región Metropolitana, 108 no tienen apoderados inscritos en la aplicación y en 284 (94%) no se registra interacción entre educadoras y padres en ítems clave como «Comunicaciones enviadas», «Me gusta comunicaciones», «Anuncios mural» y «Actividades».
Asimismo, la CGR entrevistó a directoras de 48 jardines infantiles en Santiago: 39 señalaron no utilizar la aplicación, 22 solo la emplearon durante la pandemia y 17 nunca la implementaron. Entre las principales razones figuran la escasa participación de los apoderados, problemas de conectividad a internet y la falta de tiempo de las educadoras.
Exigencias de Contraloría y respuesta de Subsecretaría
La Contraloría ordenó a la JUNJI iniciar en un plazo de 15 días hábiles un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas por la falta de acreditación en los tratos directos con el proveedor.
Además, la institución deberá justificar el uso del aplicativo en futuras contrataciones, garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, conservar los informes de los programas piloto y cumplir estrictamente con la normativa de compras públicas.
A través de un comunicado, desde la JUNJI explicaron que la decisión de contratar el servicio se adoptó en 2019, durante la administración anterior, «en el marco de los focos del programa de gobierno 2018-2022», que contemplaba el desarrollo de programas digitales para apoyar a las familias en educación parvularia.
El proyecto comenzó como piloto de la Subsecretaría de Educación Parvularia en 16 jardines infantiles, 12 de ellos pertenecientes a JUNJI. Según la institución, en ese contexto de pandemia, los resultados mostraron que «el 80% de los apoderados encuestados consideraron que el uso de la APP les permitía estar más informados sobre las actividades del jardín infantil y que el 70% se sentía más involucrado con las experiencias de aprendizaje de sus hijos».
En cuanto a la modalidad de contratación, JUNJI explicó que se aplicó la causal de trato directo vinculada a la propiedad intelectual. Sin embargo, el órgano contralor determinó que esta justificación no fue acreditada, lo que derivó en la instrucción de un sumario administrativo. «Esto ya tiene un sumario vigente; además y como parte de su compromiso con avanzar hacia medidas correctivas, se reforzará el control mediante circulares y una mayor regulación a las contrataciones directas en el Nuevo Manual de Adquisiciones», indicó la institución.
Actualmente, JUNJI informó que la aplicación sigue en funcionamiento a través de un proceso de licitación pública y que se ha implementado un plan comunicacional para fomentar su uso en las comunidades educativas. Entre las medidas, mencionó la elaboración de «reportes quincenales a la comunidad educativa, a través de mailing masivos; así como también la difusión a través de las redes sociales y de los diversos canales de comunicación institucionales».
Lea aquí la respuesta completa.
