Este miércoles 22 de octubre, se conoció el veredicto del Caso SQM tras casi tres años de audiencias y ocho desde el inicio de la investigación. La instancia judicial definió el destino de ocho acusados, entre ellos el exsenador y exministro de la UDI Pablo Longueira, el actual candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami (MEO) y el exgerente general de la compañía, Patricio Contesse.
De los mencionados previamente, figuran en la nómina de imputados: Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de Marco Enríquez-Ominami; Marcelo Rozas, exembajador y militante histórico de la Democracia Cristiana; Roberto León, exdiputado de la DC; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; y Carmen Luz Valdivieso, exasesora de Pablo Longueira.
El juicio comenzó formalmente el 13 de febrero de 2023. En total -según constató El Mostrador– el proceso SQM registró 558 días de audiencia, con la participación de más de 615 testigos y 52 peritos. Dado el tiempo de investigación, incluso la fiscal con dedicación exclusiva, Carmen Gloria Segura, se jubiló durante el desarrollo del juicio.
En el caso de Pablo Longueira, la Fiscalía le imputó el delito de cohecho, por presuntamente haber favorecido los intereses de SQM durante la tramitación del royalty minero a cambio de aportes económicos.
Por su parte, MEO enfrentaba cargos por delitos tributarios, vinculados al uso de boletas ideológicamente falsas emitidas por su exasesor Cristián Warner para financiar sus campañas políticas con recursos provenientes de SQM. La Fiscalía solicitaba para él 4 años de cárcel y una multa.
Finalmente, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho imputados del caso SQM, causa que indagó por años eventuales delitos de corrupción vinculados al financiamiento irregular de la política chilena.
Los errores del Ministerio Público
En el veredicto que absolvió a los acusados -entre ellos, Longueira y MEO-, el Tribunal deslizó la serie de falencias del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación. Uno de ellos refiere a la decisión de agrupar diversas causas en una sola investigación.
Según el órgano, esta estrategia -adoptada por la Fiscalía antes del cierre del caso- contribuyó a dilatar innecesariamente el proceso y a complejizarlo más allá de lo razonable: “En juicio se evidenció, como consecuencia de la extensión del proceso penal, una merma evidente en la calidad de las probanzas, especialmente la testimonial y pericial”, consignó La Tercera.
A juicio de las magistradas, este desfase afectó la memoria de los testigos -con hechos ocurridos entre 2008 y 2015- y la fiabilidad de las pericias presentadas por la Fiscalía.
¿Cómo se originó el caso SQM?
El caso SQM se remonta al año 2015, como una de las aristas más relevantes del escándalo por financiamiento irregular de la política chilena. La investigación surgió a partir de revelaciones del caso Penta, al detectarse que la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) –entonces controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet– habría utilizado boletas y facturas falsas ideológicamente falsas para justificar pagos que, según la Fiscalía, se destinaron en parte al financiamiento irregular de la política, eludiendo los mecanismos legales del financiamiento electoral.
El mecanismo investigado era relativamente simple: asesores, consultores o empresas emitían boletas por servicios no prestados, que SQM registraba como gastos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los fondos, de esa manera, terminaban vinculados a distintas campañas parlamentarias, presidenciales y municipales, en un esquema que la Fiscalía describió como transversal.
Entre las figuras políticas que aparecieron mencionadas en las primeras pesquisas se contaron Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez-Ominami –ambos presentes en el juicio oral de hoy–, además de otros dirigentes investigados en distintas etapas, como Fulvio Rossi (PS), Jorge Pizarro (DC) y Rodrigo Peñailillo (PPD) (ver artículo de Ciper aquí). Algunos de ellos fueron formalizados o imputados por delitos tributarios; otros solo investigados o citados como testigos, sin llegar a ser acusados penalmente.
La investigación tomó fuerza en 2015, cuando el SII presentó querellas por delitos tributarios contra ejecutivos de SQM y decenas de emisores de boletas presuntamente falsas. En esta etapa fueron formalizados, entre otros, el exgerente general Patricio Contesse –quien habría autorizado la mayoría de los pagos– Cristián Warner, exasesor de Enríquez-Ominami; Roberto León Araya, exdiputado DC; Marcelo Rozas, exembajador y militante DC; Marisol Cavieres, exsecretaría de la UDI; y Carmen Luz Valdivieso, exasesora de Longueira.
El caso también llegó a excolaboradores de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Por ejemplo, Giorgio Martelli –recaudador de la campaña presidencial de Michelle Bachelet– fue investigado por boletas emitidas a SQM a través de de la sociedad Asesorías y Negocios SpA.
Durante los primeros años, la Fiscalía recopiló cientos de boletas y documentos tributarios cuestionados, por montos que superaban los $14,7 millones de dólares, según La Tercera. La investigación estableció indicios de pagos irregulares que no se limitarían a un solo sector político, sino que involucraría a partidos desde la UDI y RN hasta el PS, PPD y DC.
