Tras las elecciones del 16 de noviembre, alrededor de 13 colectividades quedaron en riesgo de disolución. Una de ellas es el histórico Partido Radical (PR), que no logró superar el umbral del 5% de los votos válidos ni elegir al menos cuatro parlamentarios. Fast Check CL ya había revelado que, según los estatutos de la tienda, en caso de extinguirse sus bienes deben ser transferidos al Club de la República, entidad vinculada a la Gran Logia de Chile.
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Ahora, este medio accedió a la grabación de una reunión —ocurrida vía zoom el 21 de noviembre pasado— en la que participaron la Directiva Nacional, los presidentes regionales, los frentes nacionales y los diputados en ejercicio. En la instancia, el presidente del PR, Leonardo Cubillos, expuso los pasos a seguir para la colectividad. Entre ellos, adelantó una propuesta para constituir un nuevo partido político, cuya constitución, según el cronograma presentado debería concretarse a mediados de noviembre de 2026.
Respecto al proceso de disolución, se proyectó que la cancelación formal del PR ocurrirá a fines de enero y que el Servicio Electoral (Servel) designará una figura de administrador provisional, extendiendo la vigencia jurídica del partido exclusivamente para la liquidación de pasivos y la transferencia de bienes y recursos.
En esa misma línea, se informó un consenso interno para impulsar una reforma a los estatutos y modificar el artículo 120°, con el fin de evitar que los bienes sean transferidos a la Masonería. Según una minuta ejecutiva de la jornada, a la que esta redacción también accedió, esta modificación se justifica en la necesidad de «resguardar los bienes, para el nuevo partido».
Sin embargo, se recalcó que «antes de ejecutar cualquier transferencia de bienes muebles o inmuebles, todos los pasivos deben encontrarse totalmente liquidados». De este modo, se detalló la situación financiera de la colectividad: el partido mantiene deudas que superan los $580 millones, correspondientes a compromisos con personal, contribuciones, servicios básicos, proveedores y otras obligaciones.
Las deudas del Partido Radical
De acuerdo al audio y la minuta a la que accedió Fast Check CL, el Partido Radical mantiene una deuda vigente de $583.290.722. El desglose general indica que los ítem de morosidad son con el personal, el Servicio de Impuestos Internos (SII), contribuciones, servicios básicos de la sedes a nivel nacional, mutuos, proveedores e hipotecas:
Durante las intervenciones, Gonzalo Bascuñá -quien hizo la presentación de los pasivos del PR- subrayó que debe priorizarse el pago de remuneraciones, afirmando que «la parte remuneracional (…) pega fuerte. Es mal visto que no paguemos remuneraciones».
Entre los principales proveedores a los que el PR no ha pagado hasta la fecha, se encuentra —según exhibe el documento— M+E Comunicaciones, por un total de $48.000.000, firma con la que los radicales estuvieron en juicio civil tras una demanda en el año 2020, cuyo origen proviene de una deuda de 2017 que no fue pagada por el expresidente de la tienda, Carlos Maldonado.
En el detalle financiero, además, también aparecen deudas que se encuentran prescritas, las que deben ser «castigadas» o dadas de baja del balance. Entre ellas figura una obligación por $13 millones correspondiente a publicidad contratada con la agencia La Firme en 2017, y otra por $2.193 millones con Imagen Group, del mismo año, igualmente prescrita.
El plan de pago de deudas con las sedes del partido
En la reunión realizada se informó sobre la totalidad de las sedes que tiene el PR junto con las deudas que mantienen cada una. En total la colectividad cuenta con 17 sedes distribuidas a lo largo del país, ubicadas en comunas como Arica, Iquique, San Felipe, Maipú, Santiago, Chillán, Los Ángeles, Villarrica, entre otras.
Estas propiedades constituyen el principal activo del partido en proceso de disolución y, de acuerdo con lo expuesto por el propio Leonardo Cubillos —presidente del partido—, se considera «eventualmente la venta de bienes raíces» para el pago de pasivos.
En cuanto a las deudas que se mantienen en las sedes, se informó que arrastran obligaciones impagas en distintas categorías, entre ellas contribuciones, servicios básicos y una hipoteca vigente. En conjunto, las deudas asociadas directamente a estas propiedades es de $98.897.515. De este monto, uno de los más significativos corresponde a contribuciones, que suman $52.970.610 para el total de las sedes.
A estas obligaciones se suman los servicios básicos. Las deudas en luz alcanzan los $3.606.035, mientras que las de agua potable ascienden a $9.920.870. Si bien la situación varía entre una sede y otra, existen casos particularmente críticos. Entre ellos, destaca la sede de San Felipe, ubicada en San Martín 232, que concentra gran parte de las deudas: más de $3 millones en luz y $9,8 millones en agua.
Además de estas cuentas impagas, una de las propiedades mantiene un compromiso hipotecario vigente. Se trata de la sede de Maipú, cuya hipoteca asciende a $32.400.000. Según la información presentada en la reunión, la directiva busca saldar esta deuda de manera prioritaria para evitar la acumulación de intereses y facilitar el eventual proceso de venta o administración de este bien.
Finalmente, existe una sede que ya fue enajenada: la propiedad de Villarrica, vendida dos semanas antes de las elecciones con el fin de obtener recursos para cubrir pasivos urgentes. El uso de esos fondos dio inicio al proceso de liquidación de deudas, bajo supervisión del Servel, según lo señalado en la reunión.
La tensión interna
En medio de la reunión, surgió un tenso intercambio respecto de quién deberá conducir el proceso de liquidación del Partido Radical (PR) y tomar decisiones sobre la eventual venta de inmuebles. En ese contexto, Patricia Ortega —miembro del órgano ejecutivo del partido— expresó abiertamente su desconfianza hacia la actual conducción y el rol que desempeñarán los abogados encargados del proceso.
Ortega relató incluso un episodio ocurrido días antes en la sede del PR en Santiago, cuando —según afirmó— Leonardo Cubillos, presidente del partido, le habría manifestado que veía con buenos ojos vender la sede central: «Él siempre ha pensado que, en realidad, es bueno vender la sede central», aseguró.
Según su testimonio, ella se opuso a esa posibilidad: «Le dije que consideraba que eso no era conveniente y que además había más propiedades si es que se puede vender». La militante recalcó que su inquietud no es solo política, sino también ética: «No me voy a hacer responsable de que aquí haya malas prácticas con tema de venta (…) No quisiera entrar en algo ilegal».
Cubillos respondió directamente a la intervención de Ortega, señalando que parte de la información planteada era incorrecta. «Yo no voy a estar involucrado en ningún proceso, ni interno ni económico, por lo tanto, qué mayor tranquilidad para eso», afirmó. Respecto de la eventual venta de la sede central, matizó: «He dado una opinión solamente. Yo no voy a resolver eso, no he propuesto nada».
El presidente del PR enfatizó que las decisiones financieras y políticas han sido tomadas colectivamente: «Siempre las decisiones que se han tomado, se han tomado de manera colectiva a través de este CEN (…) Todo ha sido informado por esta vía». A la vez, insistió en que no pretende influir en el diseño del nuevo partido que se busca constituir: «No voy a estar disponible para participar en procesos de gestión interna ni de reinscripción ni de formulación de diseño».
Según explicó, su decisión se debe a que también es acreedor del partido: «Siento que tengo conflictos de interés, pero además de que podría perjudicar en un proceso, principalmente de probidad», puntualizó.
Volver a constituirse
El PR iniciará un proceso de «refichaje» con el objetivo de conformar una nueva colectividad tras la disolución obligada. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó por unanimidad tanto el cronograma como el plan de trabajo que guiarán este proceso. La hoja de ruta contempla tres etapas.
La primera corresponde al diseño, que incluye la definición de los lineamientos ideológicos y organizativos, la elaboración preliminar de los nuevos estatutos y la socialización de estos contenidos con las bases territoriales.
Así, la segunda etapa consiste en el ingreso formal de los estatutos al Servel, previsto para marzo de 2026, trámite que podría implicar ajustes posteriores según las observaciones que formule el órgano electoral. La tercera etapa es la recolección de firmas para el refichaje, que se proyecta extender hasta octubre de ese año. Por lo tanto, si todo sale de acuerdo al cronograma presentado, el nuevo partido político debería estar constituido a mediados de noviembre de 2026.
