La Contraloría Regional del Biobío emitió el Informe Final de Investigación Especial 398 de 2025, que identifica presuntas irregularidades y faltas al principio de probidad en la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB). El documento concluye que recursos humanos, equipamiento e infraestructura del establecimiento público fueron utilizados para procesar miles de exámenes vendidos por la Universidad de Concepción (UdeC) a entidades externas, sin —según el ente contralor— un marco regulatorio que lo respaldara ni una compensación cuantificable para el hospital.
El periodo observado, que abarcó el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, se inició tras una denuncia por la venta de servicios cuyos ingresos no estaban siendo percibidos por el recinto asistencial.
Durante la fiscalización, se estableció que los cuatro laboratorios de la unidad (citometría de flujos, citogenética, biología molecular e inmunohistoquímica) realizaron 54.996 exámenes. De ellos, 9.824 —equivalentes al 17,7%— correspondían a convenios y licitaciones gestionadas por la UdeC con organismos públicos, como el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y el Servicio de Salud del Maule, además de laboratorios y sociedades médicas privadas.
La UdeC facturó más de $850 millones por estos procedimientos. Sin embargo, el informe constató que el Hospital Grant Benavente asumió casi la totalidad de los costos operacionales: el 96% del gasto total, lo que incluye el 100% de las remuneraciones y honorarios del personal y el 89% de la adquisición de bienes y equipos. En ese contexto, la Contraloría advierte que el Estado «termina pagando en dos ocasiones, por los mismos procedimientos», lo que vulnera los principios de legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
El documento detalla que las remuneraciones y honorarios financiados por el hospital sumaron $4.487.644.858 durante el periodo fiscalizado, y que, en materia de infraestructura, el 30% de los inmuebles utilizados por la unidad correspondían a dependencias del establecimiento público.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría Regional del Biobío resolvió centralizar las investigaciones administrativas derivadas del informe, ordenando al hospital suspender los procesos disciplinarios que había iniciado y remitir los expedientes originales, los que serán incorporados a un único sumario que instruirá directamente el organismo contralor.
Empresa de funcionarios de la UAP
Contraloría identificó una red de vínculos entre funcionarios de la Unidad de Anatomía Patológica (UAP) del Hospital Guillermo Grant Benavente y empresas privadas relacionadas directamente a ellos. Según el organismo, en varias de las sociedades y laboratorios que mantenían convenios con la Universidad de Concepción (UdeC) para procesar exámenes en la UAP figuraban como socios profesionales pertenecientes a la misma dotación del hospital.
Uno de los casos observados corresponde al Laboratorio Instituto Patología Concepción Limitada, donde uno de los socios es Jaime Madariaga Boero, funcionario de la UAP contratado en el hospital desde noviembre de 1996, según los registros de Transparencia. Madariaga constituyó el laboratorio en abril de 2005 y no registra modificaciones posteriores (ver constitución aquí). El informe consigna que la UdeC facturó a esta empresa $1.642.200 entre 2023 y 2024.
Otra situación destacada es la de la Sociedad Médica Spencer y Compañía Limitada, cuya socia es María Spencer León, funcionaria del hospital desde marzo de 2010. Spencer creó la sociedad en febrero de 2017 y se mantiene como socia tras una modificación societaria realizada en octubre de 2022 (ver constitución y modificación). Durante el periodo analizado, la universidad facturó a esta firma un total de $9.137.934.
El informe también detalla el caso de Servicios Médicos Dra. Claudia Cabezas SpA, empresa con convenios vigentes con la UdeC y cuyo control societario corresponde a Claudia Cabezas Osorio, funcionaria de la UAP al menos desde enero de 2018. Cabezas constituyó la sociedad en julio de 2020 y no registra cambios posteriores (ver constitución aquí). La universidad facturó a esta compañía $11.097.201 en el periodo revisado.
En síntesis, estas sociedades mantuvieron convenios con la UdeC que derivaban en actividades comerciales directamente relacionadas con el trabajo que se ejecutaba en la propia Unidad de Anatomía Patológica. Según la Contraloría, las empresas enviaban muestras para su análisis a la universidad, pero estos estudios se realizaban utilizando recursos públicos del hospital y en la misma unidad donde sus socios cumplían funciones. Es decir, recibían pagos para procesar exámenes de sus propias empresas mientras la labor se efectuaba con infraestructura del HGGB.
Triple pago
El informe de la Contraloría determinó que profesionales de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Regional recibieron ingresos adicionales por parte de la Universidad de Concepción durante 2023 y 2024. Según el documento, estos pagos correspondían a labores efectuadas para esa casa de estudios en el marco de convenios suscritos con entidades externas.
El organismo fiscalizador estableció que «se determinó que seis funcionarios médicos de la citada unidad prestaron servicios a la Universidad de Concepción para el análisis de exámenes asociados a los convenios suscritos entre dicha casa de estudios y entidades externas», aun cuando dichas tareas se realizaban durante su jornada laboral en el hospital. En total, estos profesionales percibieron $73.170.729 por esas prestaciones.
La Contraloría también constató que cuatro de esos seis especialistas obtuvieron ingresos adicionales —por un total de $188.928.099— «desde las sociedades médicas y laboratorios privados con las cuales la Universidad de Concepción suscribió convenios»; específicamente, del Laboratorio Instituto Patología Concepción Limitada, la Sociedad Médica Spencer y Compañía Limitada y Servicios Médicos Dra. Claudia Cabezas SpA.
De este modo, estos cuatro funcionarios no solo recibían su remuneración habitual por cumplir su jornada en el hospital, sino también pagos de la Universidad de Concepción y de empresas privadas por el análisis de exámenes que, según la Contraloría, fueron realizados dentro de su horario institucional y utilizando la infraestructura pública.
A este escenario se agregó una cuarta sociedad: el Centro Diagnóstico Anatomopatológico Ltda. (CDA), otra firma con convenios vigentes con la UdeC y cuyos vínculos con funcionarios del hospital también fueron observados por el organismo contralor.
Los nexos del CDA con un funcionario del Hospital
El Centro de Diagnóstico Anatomopatológico (CDA) Limitada se constituyó en octubre de 1989 por Francisco Mucientes Herrera y Walter Klaassen Pinto, quienes continúan como socios según su última modificación societaria (ver constitución y modificación). Aunque ninguno de ellos es funcionario del hospital, sí lo son sus hijos: Pablo Mucientes Burotto, jefe de la Unidad de Anatomía Patológica, y Vanessa Klaassen, trabajadora de la misma área. La Universidad de Concepción facturó a la empresa más de $113.062.138 por exámenes derivados a sus laboratorios, entre 2023 y 2024.
En la práctica, los socios del CDA son padres de dos empleados en la unidad donde se procesaban las muestras que la empresa enviaba a la UdeC para su análisis, las cuales eran finalmente examinadas –con recursos públicos– en los laboratorios del hospital. Uno de esos familiares, además, ejercía la jefatura del servicio.
El órgano contralor también determinó que el CDA pagaba honorarios a funcionarios del hospital. Entre ellos se encontraba el propio jefe de la unidad, Pablo Mucientes, quien recibió $89.085.419 –entre 2023 y 2024– de la empresa en la que es socio su padre. El informe de Contraloría calificó la situación de Mucientes Burotto como un «eventual conflicto de intereses».
A ello se suman pagos a cinco funcionarios subordinados, que en conjunto alcanzaron $355 millones. La Contraloría advirtió que esa combinación de subordinación laboral y beneficios económicos externos resultaba incompatible con los estándares de probidad exigidos al sector público, en sus palabras:
«Lo expuesto pugna con el principio de probidad administrativa (…) [que] exigen de los servidores públicos una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, guardando estricta imparcialidad en sus decisiones».
Debido a la gravedad de los hechos, el organismo fiscalizador instruyó al hospital enviar el expediente disciplinario iniciado internamente y resolvió que la Contraloría Regional asumiera íntegramente la conducción del sumario administrativo.
Consultado por Fast Check CL, el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente afirmó que «los hechos descritos se encuentran actualmente sometidos a un proceso sumarial en curso que está actualmente siendo sustanciado por la CGR». En esa línea, la institución precisó que, debido a que el procedimiento aún está en etapa de investigación, «no es posible emitir declaraciones, entregar antecedentes adicionales ni referirse al fondo de los hechos consultados».
El recinto asistencial añadió que ya remitió «íntegramente a la Contraloría General de la República los antecedentes y expedientes sumarios» que habían sido iniciados de manera interna, cumpliendo así con la instrucción impartida por el organismo contralor. Además, aseguró mantener «plena disposición y colaboración activa» con el proceso disciplinario en curso, aportando toda la información y documentación requerida conforme a la normativa vigente.
La versión de la Universidad de Concepción
A través de un cuestionario, la UdeC respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría que, respecto de la inexistencia de un marco normativo para el uso de recursos públicos, sostiene que dicha premisa es incorrecta. Aunque el informe señala la necesidad de elaborar un acuerdo formal que valorice los aportes de cada institución, la universidad afirma que «sí existe un convenio formal, suscrito por ambas instituciones en 2014 y vigente hasta la fecha». Ese acuerdo contempla actividades de docencia, investigación, extensión y asistencia técnica, ámbito en el cual se enmarcan las prestaciones a terceros.
Sin embargo, el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente entregó una versión distinta a Fast Check CL. Desde el centro de salud afirmaron que no cuentan con un convenio formal y que están evaluando mecanismos para regularizar la relación. Recordaron que, desde su origen en 1932, han mantenido una colaboración histórica con la UdeC «sin que en su momento se implementaran instrumentos jurídicos».
Desde el hospital añadieron que «no se logró materializar un instrumento formal que regularara esta situación, manteniéndose hasta la fecha dicha colaboración sin un convenio vigente». No obstante, indicaron que actualmente analizan alternativas para formalizarla.
La UdeC argumenta que el informe «no incorpora la valorización completa de los aportes que la Universidad realiza», especialmente en infraestructura, equipamiento y personal profesional. Sostiene que su colaboración con el hospital supera los 95 años y recuerda que por más de medio siglo asumió completamente la operación de los laboratorios sin recibir contraprestación económica del HGGB.
Actualmente, la universidad afirma ser la «aportante mayoritaria tanto de la infraestructura como del soporte operativo». Indica que cerca del 70% de los laboratorios se emplaza en dependencias de su propiedad y que el valor estimado de arriendo de estos espacios supera los $500 millones para el periodo 2023-2024. Agrega que financia la remuneración del 100% de cuatro funcionarios clave que realizan labores diarias de procesamiento e informe de biopsias para ambas instituciones. Estos aportes, sostiene, «superan ampliamente los costos directos considerados en el informe de Contraloría».
El organismo contralor también cuestionó que la UdeC adjudicara licitaciones en Mercado Público utilizando personal dependiente del HGGB, como anatomopatólogos y tecnólogos médicos. Estas licitaciones involucraron desembolsos relevantes, entre ellos $347.675.520 del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y $251.041.425 del Servicio de Salud del Maule.
La UdeC afirma que no existe un uso unilateral de recursos y que se trata de un «esquema de recursos compartidos». Precisa que los funcionarios del hospital que participan en estas prestaciones lo hacen «exclusivamente fuera de su jornada regular y a través de extensiones horarias financiadas por la propia Universidad», con el fin de asegurar continuidad asistencial y evitar listas de espera. Añade que, en el caso de la inmunohistoquímica —la principal prestación licitada—, la universidad aporta equipos especializados esenciales.
