«Los contratos de prestación de servicios a honorarios no establecían una jornada laboral definida, lo que impide determinar el inicio de dichas horas extraordinarias, por lo que el pago resulta improcedente conforme a lo dispuesto en los dictámenes Nos 68.222, de 2012; 68.135, de 2013, y 74.674, de 2015. En consecuencia, la municipalidad deberá dar cuenta del reintegro de las sumas indebidamente percibidas por los servidores individualizados (…)».
Así lo consigna el Informe de Investigación Especial N° 739 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Atacama, respecto de pagos improcedentes de horas extraordinarias a prestadores de servicios a honorarios en la Municipalidad de Copiapó, encabezada por el alcalde Maglio Cicardini, junto a otras observaciones.
Entre los servidores mencionados en la investigación —fechada el 22 de diciembre y a la que accedió Fast Check CL— figura Leonardo Jorquera Silva, jefe de gabinete del municipio de Copiapó, considerado como el «brazo derecho» de la administración de Cicardini y excolaborador de la destituida senadora Isabel Allende. Según el reporte de noviembre de 2025 en Transparencia Activa, Jorquera percibe una remuneración bruta de $4.815.214.
No es la primera vez que Leonardo Jorquera, militante socialista, queda expuesto públicamente. En octubre, T13 dio a conocer un audio en el que el entonces jefe de gabinete realizaba solicitudes explícitas de votos en favor de la hoy senadora electa de Atacama, Daniella Cicardini —hija del alcalde Maglio Cicardini—, mientras sostenía conversaciones con dirigentes en el marco de gestiones vinculadas a ayudas sociales.
Pero el pago improcedente de horas extraordinarias no fue un hecho atribuible solo a Jorquera. Se identificó un patrón similar en otros dos prestadores de servicios a honorarios del municipio: Cristian Huiriqueo Allende, administrativo y de la confianza del alcalde, y Erika Fernández Rodas, asistente administrativa y de gestión, quienes también percibieron pagos sin que sus contratos contemplaran una jornada laboral definida.
Con Jorquera, Huiriqueo y Fernández, el municipio pagó $10.920.385 por horas extraordinarias improcedentes.
Adicionalmente, el órgano fiscalizador detectó otras irregularidades que exceden las horas extraordinarias pagadas al jefe de gabinete de Cicardini, que incluyen vulneraciones a los principios de probidad, legalidad y control interno.
El jefe de gabinete y las horas extraordinarias
La Contraloría fundamentó la improcedencia de los pagos en la naturaleza del vínculo contractual y en la ausencia de una definición de jornada laboral en los contratos suscritos con el municipio.
En primer término, el organismo fiscalizador estableció que Jorquera Silva fue contratado a honorarios, mediante el decreto alcaldicio N° 1.299 de 2025, para desempeñarse como jefe de Gabinete. Al revisar dichos contratos, la Contraloría advirtió que estos «no establecían una jornada laboral definida», ni precisaban el número de horas semanales que debían cumplir los prestadores de servicios.
Así, el informe recordó la jurisprudencia administrativa vigente, citando los dictámenes 68.222, de 2012; 68.135, de 2013, y 74.674, de 2015, según la cual, si un contrato no fija una jornada de trabajo, «no es posible determinar el horario a partir del cual comenzarían a regir las horas extraordinarias, diurnas o nocturnas». Por esta razón, concluyó que el pago de horas extraordinarias resulta improcedente.
Si bien en enero de 2025 el decreto alcaldicio N° 1.984 aprobó un «Programa de Trabajos Adicionales en Horario Extendido del Departamento de Gabinete y Comunicaciones», que autorizaba hasta 40 horas mensuales diurnas y 80 nocturnas para Jorquera Silva y otros prestadores, la Contraloría determinó que dicha autorización carecía de sustento legal, al no existir una jornada base previamente definida.
Respecto del desglose de los montos, el informe precisó que el total de $7.292.641 corresponde al pago de 223 horas diurnas y 97 horas vespertinas efectuadas por Leonardo Jorquera enero y junio de 2025, según consta en los decretos revisados por el órgano fiscalizador.
Los otros servidores de Copiapó
Tanto Cristian Huiriqueo como Erika Fernández prestaban servicios bajo la modalidad de honorarios y, al igual que con Jorquera, Contraloría constató que recibieron pagos por horas extraordinarias pese a que sus contratos «no establecían una jornada laboral definida».
Si bien la normativa, indica el órgano contralor, no exige que los contratos a honorarios fijen una jornada, la ausencia de esa definición impide determinar «el horario a partir del cual comenzarían a regir las horas extraordinarias, diurnas o nocturnas». En consecuencia, concluyó que todo pago por horas extra en estas condiciones resulta legalmente improcedente.
En ambos casos, el detalle de pagos y fechas es el siguiente:
- Cristian Huiriqueo: percibió $1.886.734, correspondientes a 240 horas diurnas y 202 horas vespertinas, pagadas entre enero y junio de 2025.
- Erika Fernández: recibió $1.741.009 por 179 horas diurnas y 78 horas vespertinas en el mismo período.
Así las cosas, la Municipalidad de Copiapó tiene -explicita Contraloría- la obligación de «dar cuenta del reintegro de las sumas indebidamente percibidas por los servidores individualizados», en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.
Las otras observaciones al jefe de gabinete
Pero Contraloría determinó, además de las horas extras improcedentes, que a Leonardo Jorquera —contratado a honorarios— se le asignaron funciones exclusivas de un cargo directivo de planta, lo que constituye una infracción a la legalidad y un uso indebido de la modalidad contractual.
Mediante dos decretos alcaldicios se modificó su contrato para encomendarle «coordinar, autorizar y organizar el área de Administración de la Municipalidad, lo que se extiende a todas las Direcciones Municipales».
La segunda modificación justificó estas tareas en la vacancia del cargo de Administrador Municipal. Sin embargo, el órgano fiscalizador concluyó que «no se ajusta a derecho la asignación de funciones internas al señor Jorquera Silva», recordando que dicho cargo «se encuentra contemplado en la planta municipal, asociado a la directiva municipal, grado 4».
En consecuencia, enfatizó que no puede recurrirse a la contratación a honorarios «bajo el pretexto de cubrir carencias de personal».
Como medida correctiva, la Contraloría mantuvo la observación e instruyó modificar el contrato del jefe de gabinete, «eliminando las funciones vinculadas a la gestión administrativa interna del municipio».
Actividades particulares y autorizaciones irregulares
La investigación del órgano fiscalizador también identificó un cobro específico por una actividad de carácter personal. El 27 de abril de 2025, Jorquera Silva asistió al Campeonato de Básquetbol de Canadela, instancia que declaró «de forma particular» en un acta de fiscalización (N° 3009-1).
Pese a ello, los registros de control horario consignaron entrada a las 16:41 horas y salida a las 22:59 horas, lo que «generó seis horas extraordinarias remuneradas con un recargo del 50%». La Contraloría ordenó dar cumplimiento al reintegro de esas horas, por tratarse de actividades ajenas al servicio.
El informe, adicionalmente, estableció que Jorquera intervino en procesos de validación y control que vulneran el principio de segregación de funciones. De ese modo, el Director de Recursos Humanos (S) informó que las modificaciones manuales de los registros horarios de directores «deben ser autorizadas por el Jefe de Gabinete» Pero, la Contraloría objetó esta práctica por concentrar funciones de registro, autorización y aprobación, aumentando el riesgo de conductas irregulares; además, calificó el hallazgo como reiterativo, al haber sido advertido en un informe de 2024.
Esta debilidad se reflejó cuando Jorquera autorizó el informe de gestión de Erika Fernández —objetada en sus horas extras— correspondiente a mayo de 2025, pese a que ella «no registra marcación de asistencia correspondiente al día 9 de mayo», informándose aun así 31 días trabajados, asegura Contraloría.
A lo anterior se suma la constatación de que Jorquera Silva presentó «informes de gestión idénticos y/o genéricos» entre enero y abril de 2025, documentos en los que «no se detallan las tareas y funciones efectivamente realizadas de forma cronológica». En un caso relacionado, Jorquera como jefe de gabinete suscribió un «informe de cumplimiento» —distinto del informe de gestión requerido— para autorizar el pago de Zarko Sepúlveda Machuca; dicho documento «no indica la fecha exacta en que se efectuó la aprobación».
“Estamos reuniendo todos los antecedentes”
A través de mensajes y llamadas telefónicas, esta redacción intentó contactar a Leonardo Jorquera con el fin de recabar su versión respecto de las observaciones formuladas por la Contraloría. Pese a los reiterados intentos, no fue posible obtener una respuesta.
Asimismo, Fast Check CL remitió un cuestionario a la Municipalidad de Copiapó para conocer las medidas que se adoptarán frente a los hechos expuestos. No obstante, se limitaron a señalar lo siguiente:
En atención a lo consultado por el medio en cuestión, desde la Ilustre Municipalidad de Copiapó informamos que actualmente tomando (sic) todas las medidas para cumplir con las indicaciones de Contraloría, para mejorar la gestión. Asimismo, estamos reuniendo todos los antecedentes que procedan sobre cada una de las observaciones para responder a la Contraloría General de la República de manera clara y oportuna, por tanto, no emitiremos más detalles hasta finalizar dicho proceso con el organismo contralor.
