La causa conocida como la Muñeca Bielorrusa atraviesa uno de sus momentos más críticos, actualmente la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco está siendo formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del litigio entre el consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco. El caso indaga una serie de pagos irregulares que habrían tenido por objeto influir en decisiones judiciales clave que terminaron obligando a la estatal a desembolsar US$25 millones.
Uno de los testimonios centrales de la causa es el del abogado Eduardo Lagos, socio del estudio que representó a CBM y actualmente en prisión preventiva. En su declaración ante el Ministerio Público, Lagos reconoce la existencia de pagos destinados a influir en fallos de la Corte Suprema y entrega un relato detallado sobre los mecanismos utilizados, los montos involucrados y los actores que, según su versión, participaron en la trama.
Parte de ese testimonio fue dado a conocer por Reportea, que se enfocó en la estructura de las coimas, el rol de Gonzalo Migueles —pareja de Vivanco— y las maniobras financieras que habrían presuntamente permitido ocultar el origen ilícito de los dineros.
No obstante, la declaración de Lagos —a la que también tuvo acceso Fast Check— contiene antecedentes que permiten reconstruir la estrategia previa del consorcio CBM para intentar destrabar el conflicto con Codelco.
Esta estrategia se basó en gestiones de lobby del exdiputado demócrata cristiano, Aldo Cornejo y la contratación como lobista del hijo del ex senador Jorge Pizarro, del mismo nombre, Jorge Pizarro Cristi, debido a su entonces matrimonio con Paula Pacheco, hija del Presidente de Codelco, Máximo Pacheco.
La estrategia de Aldo Cornejo
Antes de recurrir a eventuales pagos ilícitos o vínculos familiares, la declaración de Eduardo Lagos sitúa el origen de la estrategia de Belaz Movitec en una serie de gestiones políticas orientadas a forzar una mesa de negociación con Codelco. En ese contexto aparece el exdiputado DC, Aldo Cornejo, quien —según Lagos— «prestaba servicios al consorcio, entiendo como lobista».

En base a su relato, Cornejo «participó y organizó reuniones en la Cámara de Diputados, Senado, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior», además de realizar gestiones para que el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, recibiera a uno de los representantes del consorcio, Josip Sekul. Estas reuniones, afirma Lagos, le fueron informadas tanto por el propio Cornejo como por Sekul.
De acuerdo con la declaración, la propuesta central de Cornejo era instalar una mesa de negociación directa entre Codelco y Belaz Movitec para destrabar el conflicto. En ese marco, Lagos sostiene que Cornejo «llegó a reunirse con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a propósito del llamado del presidente Piñera», como parte de un intento por abrir un canal político que permitiera modificar la posición de la estatal.
La estrategia de Sekul de sumar Pizarro Cristi
Tras el fracaso de la estrategia de instalar una mesa de negociación previo al litigio, la declaración de Eduardo Lagos describe un segundo intento de destrabar el conflicto con Codelco, esta vez a través del vínculo familiar entre Jorge Pizarro Cristi –hijo del exsenador DC Jorge Pizarro– y el entonces presidente de la estatal, Máximo Pacheco.
Lagos afirma en su declaración que fue Josip Sekul, representante del consorcio Belaz Movitec, quien impulsó la contratación de Jorge Pizarro Cristi por razones de parentesco con Máximo Pacheco.
En su declaración sostiene que: «el propósito de Josip Sekul (…) de contratar la asesoría de Jorge Pizarro hijo, y esto me lo dijo el mismo Josip, se debió exclusivamente por su vínculo familiar con el presidente de Codelco Máximo Pacheco, ya que estaba casado en ese entonces con una hija de Pacheco».

A lo que Lagos añade: «Imagínese lo que significa el hecho de que CBM le pague honorarios por asesorías al yerno del presidente de Codelco para que este destrabe las negociaciones y así ésta pague a CBM, por eso me pareció un error su contratación».
El objetivo de esta maniobra, de acuerdo con Lagos, era obtener una ventaja directa en la negociación con la estatal. «Lo que buscaba (Sekul) era la ventaja de tener como negociador de su parte a un familiar del presidente de Codelco, el acceso a la cercanía e influencia que éste podía ejercer en una negociación para que fuera favorable para el Consorcio Belaz Movitec», declaró.
En su relato, Lagos enfatiza que Pizarro Cristi fue «contratado como lobista, no como abogado», con el fin de lograr «una propuesta de Codelco que fuese superior».
¿Quién es Jorge Pizarro Cristi?
Jorge Pizarro Cristi es uno de los hijos de Jorge Pizarro Soto, exsenador por la región de Coquimbo y líder de la Democracia Cristiana durante la época de la Concertación. Pizarro Cristi fue vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y socio, junto a su hermano Sebastián Pizarro Cristi, de Ventus Consulting S.A., una empresa investigada por emitir boletas y facturas a Soquimich (SQM) por servicios que el Servicio de Impuestos Internos (SII) consideró sin respaldo.
Ventus Consulting apareció dentro de la denuncia por documentos sin respaldo emitidos a SQM, sumando cerca de 45 millones de pesos en facturas, y esto llevó a cuestionamientos públicos y a la renuncia de Jorge Pizarro Cristi a su cargo en el CIE. En cuanto a los resultados judiciales, su hermano Sebastián Pizarro Cristi fue condenado en procedimiento abreviado por delitos tributarios relacionados con el caso SQM.
El enojo de Máximo Pacheco
La estrategia, sin embargo, resultó contraproducente. Según Lagos, la reacción de Máximo Pacheco cuando se enteró de la contratación no fue la esperada. «La reacción de Pacheco (…) fue totalmente adversa, se enfureció con esto», relató, agregando que el episodio «generó un quiebre en la pareja de Pizarro». Más allá de las consecuencias personales, Lagos afirma que el efecto político fue inmediato: «Pacheco descartó cualquier propuesta que se hiciera y quedó sin efecto la oferta anterior», cerrando así una de las últimas vías extrajudiciales que el consorcio intentó activar antes de recurrir a pagos ilícitos.

























