El pasado sábado 31 de enero se formalizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura. Los cargos presentados por la fiscalía se centran en un presunto fraude al fisco consumado por el mal manejo de fondos estatales.
Luego de cuatro jornadas de formalización, el juez Patricio Álvarez rechazó la petición de prisión preventiva instalada por el Ministerio Público. Los cinco protagonistas formalizados por el ‘Caso ProCultura’ quedan con arraigo nacional:
- Alberto Larraín Salas, cofundador de la Fundación ProCultura
- María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura
- María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura
- Evelyn Magdalena, exjefa de División Desarrollo Social Humano del GORE RM
- Gabriel Prado, pareja de Abusleme, fue contratado por el GORE para relacionarse con ProCultura
En el centro de esta historia aparece el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien posee la calidad de imputado por su rol en la aprobación de millonarios convenios. La fiscalía indaga si su vínculo de amistad con Larraín influyó en la asignación directa de $1.683 millones para el programa ‘Quédate‘ de salud mental.
El abogado querellante, Pablo Toloza, apuntó contra Orrego, afirmando que en la carpeta investigativa no se encuentran todas las comunicaciones entre el Gobernador y Larraín, ya que habrían chats borrados respecto al caso.
El origen de la Fundación ProCultura y su nexo al Caso Convenios
La Fundación ProCultura se fundó en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag. El 23 de septiembre de 2010 la entidad fue inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
Originalmente, la ONG se enfocó en el rescate del patrimonio y la identidad. Con los años, diversificó sus objetivos hacia la habitabilidad, educación y salud mental. Esta expansión le permitió suscribir más de 60 convenios con diversas reparticiones del Estado.
Su vínculo con el Caso Convenios se profundizó tras detectarse que sus ingresos públicos crecieron diez veces entre los años 2021 y 2022.
El colapso institucional de la ONG se concretó el 17 de noviembre de 2023, cuando anunciaron su cierre inmediato y definitivo:
«Este cierre es consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones».
Los hitos que desplomaron a la Fundación ProCultura
La trama suma hitos polémicos como la incautación de dispositivos a Larraín o las filtraciones de diálogos privados entre el Presidente Boric y la exesposa del psiquiatra, Josefina Huneeus. Asimismo, convenios millonarios desde entidades estatales.
El GORE transfirió $1.683 millones a ProCultura para el programa “Quédate”
El día 29 de junio de 2022 el Gobierno Regional Metropolitano aprobó por unanimidad el programa «Quédate. No me sueltes, yo no te voy a soltar», liderado por ProCultura. La iniciativa, buscaba ofrecer atención especializada 24/7 mediante chats con psicólogos tras la crisis de salud mental post-pandemia.
El 9 de noviembre de 2022 se concretó el traspaso de $1.683 millones a ProCultura para el programa de prevención del suicidio. El dinero se entregó en una sola cuota y sin licitación previa.
El quiebre definitivo ocurrió a mediados de noviembre de 2023. Tras detectar inconsistencias en la rendición de cuentas de agosto, el GORE Metropolitano emitió un ultimátum el día 14 exigiendo las cartolas bancarias para verificar el destino de los fondos. Ante el silencio de la Fundación, el organismo actuó de inmediato: solo dos días después, el 16 de noviembre, decretó el término anticipado del convenio mediante la Resolución Exenta N.º 3551.
Una vez cerrado el contrato, el GORE procedió a realizar la liquidación de los montos utilizados en el programa. El resultado de esa disolución estableció que la Fundación ProCultura quedó con gran parte del dinero sin justificar: $1.015.283.548. Este proceso se oficializó mediante la resolución N°36, firmada el 9 de enero de 2024.
Millonario convenio por pintar fachadas en Antofagasta
En junio de 2023 se reveló el convenio por $629 millones del GORE Antofagasta con ProCultura para restaurar tres fachadas en el casco histórico. La controversia estalló por el costo de $262 mil pesos por metro cuadrado, monto ocho veces superior al valor real de mercado.
La querella del caso ProCultura destaca que Miguel Crispi, quien fuera Subsecretario de Desarrollo Regional (y actual jefe de asesores de La Moneda), fue quien validó la experiencia de la Fundación Pro Cultura para participar como ejecutor de ese proyecto de fachadas.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, terminó el contrato de fachadas el 20 de septiembre de 2023 y exigió devolver $373 millones. Presentando además, una querella de apropiación indebida contra los representantes legales de la fundación.
La ONG emitió con anterioridad una declaración pública, enfatizando que operan bajo la actividad económica de «Fundaciones y Corporaciones». Según sus estatutos, su objeto social les permite legalmente realizar actividades en una vasta gama de sectores.
Ingresos públicos de ProCultura pasan de 316 millones a más de 3.200 millones
El 29 de mayo de 2024, un informe de la fiscalía reveló que los ingresos públicos de ProCultura aumentaron 10 veces. El reporte del fiscal Luis González detalló que la entidad pasó de recibir $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022.
El oficio de seis páginas (publicado por Ex-Ante) fue remitido al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el informe destacó que los recursos traspasados a ProCultura superaron con creces los montos involucrados en otros escándalos de la época, como el caso Democracia Viva, que consideraba convenios por $426 millones.
Intercepciones telefónicas: Diálogos entre el presidente Boric y Josefina Huneeus
En octubre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) grabó una conversación telefónica entre el presidente Gabriel Boric y Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín. La psiquiatra tenía su celular «pinchado» por solicitud del equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, quién estuvo llevando el caso ProCultura hasta mayo de 2025.
Según un artículo publicado por CIPER en mayo de 2025, al menos 42 teléfonos fueron interceptados, entre ellos, personajes como Alberto Larraín, Miguel Crispi y María Constanza Gómez.
El viernes 9 de mayo de 2025, Teletrece compartió la transcripción del llamado entre Boric y Huneeus, revelando preocupación del presidente respecto al caso y dejando consigo frases como: «Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota…» o «yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso».
Formalización de los implicados en el caso ProCultura
El sábado 31 de enero del presente año inició la formalización de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdalena y Gabriel Prado por fraude al fisco.
Luego de cuatro jornadas de formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, rechazó la solicitud de prisión preventiva puesta por la fiscalía en contra de Larraín, siendo dejado solo con arraigo nacional. Asimismo el resto de formalizados.
Según la resolución del magistrado, el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de delitos, presentando antecedentes contradictorios.
Otro de los apuntados en el caso, ha sido el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Según constató Ex-Ante, el gobernador fue mencionado 70 veces durante la formalización de fiscalía.
Orrego fue quién autorizó más de $1.600 millones a Procultura en el marco del proyecto ‘Quédate’, anteriormente mencionado.
