El Presidente Gabriel Boric concluirá su mandato el miércoles 11 de marzo de 2026, jornada en la que traspasará la banda presidencial al mandatario electo José Antonio Kast. De este modo, se cerrará el ciclo iniciado el 11 de marzo de 2022, marcado por la llegada de una nueva generación política a la conducción de la izquierda chilena.
Boric asumió tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021. Su llegada a La Moneda marcó el primer gobierno encabezado por el Frente Amplio. Su administración se desarrolló en un contexto posterior a la pandemia de COVID-19, con alta inflación, debate constitucional en curso y un escenario político fragmentado en el Congreso.
A continuación, se revisan indicadores económicos, sociales, legislativos y políticos del gobierno de Gabriel Boric, correspondientes al período 2022-2026.
Economía
En materia de crecimiento, el gobierno comenzó tras un año 2021 que cerró con una expansión de 11,3% del PIB bajo la administración anterior. En 2022 la economía creció 2,2%, mientras que en 2023 la variación anual se ubicó en 0,5% según datos del Banco Central.
En 2024 el crecimiento alcanzó 2,6% y en 2025 se estima que la variación habría sido en torno al 2,3%, lo que llevaría a que el promedio de expansión durante el período 2022-2025 se situara bajo el 2% anual.
La inflación, en tanto, alcanzó su punto más alto en agosto de 2022, con una variación anual de 14,1%. Posteriormente, inició un proceso de descenso, cerrando 2025 con una variación de 3,5% en doce meses y registrando 2,8% en enero de 2026.
En el mercado laboral, la tasa de desempleo completó 37 meses consecutivos sobre el 8%, según cifras oficiales. El salario mínimo aumentó desde $350.000 en 2022 hasta aproximarse a $539.000 en 2026, conforme a la legislación vigente.
Seguridad y migración
Las cifras de homicidios aumentaron en 2022, cuando se registraron 1.330 víctimas, un 46,8% más que las 906 de 2021, según la Subsecretaría de Prevensión del Delito. Posteriormente, los casos bajaron a 1.249 en 2023 y a 1.207 en 2024. Durante el primer semestre de 2025 se reportaron 511 víctimas, cifra preliminar que representa una disminución respecto del mismo período del año anterior, aunque la cifra anual queda sujeta a la consolidación del segundo semestre.
Durante el período de Boric se promulgaron leyes vinculadas a crimen organizado, delitos económicos y fortalecimiento de atribuciones policiales, además de incrementos presupuestarios para Carabineros y la PDI según las Leyes de Presupuesto 2023-2025. En paralelo, el Ministerio Público implementó equipos especializados en homicidios y crimen organizado.
No obstante, el principal hito en esta materia fue la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que inició sus funciones en abril de 2025. El proyecto de ley que dio origen a la nueva cartera ingresó al Congreso en septiembre de 2021, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. Posteriormente, la actual administración retomó la iniciativa, introdujo modificaciones y la incorporó a su agenda legislativa, hasta su promulgación en enero de 2025.
En el ámbito migratorio, la gestión de Gabriel Boric estuvo marcada por la aplicación de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y el despliegue de Fuerzas Armadas en la macrozona norte bajo el decreto de Infraestructura Crítica. Se desarrolló un proceso de empadronamiento biométrico que registró a más de 127.000 personas en situación migratoria irregular y se ejecutaron expulsiones administrativas y judiciales.
Reformas sociales y legislación aprobada
Durante el mandato de Gabriel Boric, se aprobó la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, cuya implementación continuará de forma progresiva hasta abril de 2028. Asimismo, se promulgó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que estableció mecanismos de investigación de activos y pago forzado de deudas mediante la retención de fondos bancarios y previsionales.
También, se consolidó el programa Copago Cero en Fonasa, eliminando el arancel de atención para los afiliados de los tramos C y D en la Red Pública de Salud. Luego, en 2025, se despachó la reforma al sistema previsional, que incorporó una nueva estructura de cotización con un componente de seguro social y ajustes al alza en la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Respecto de los Derechos Humanos, en agosto de 2023 el gobierno lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, destinado a continuar las labores de localización, recuperación e identificación de personas víctimas de desaparición forzada y/o fallecimiento relacionado con estos hechos.
En materia habitacional, el Ejecutivo informó el cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional con la entrega de 260.000 viviendas a marzo de 2026. También, se reportaron 150.000 unidades adicionales en ejecución, extendiendo la estrategia de gestión de suelos y construcción hasta 2029.
Objetivos no cumplidos
Respecto a la gestión legislativa y política, el período registró dos hitos críticos. Primero, el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo de 2023 por la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que obligó al Ejecutivo a reestructurar su agenda económica bajo la fórmula de un «Pacto Fiscal» e ingresar proyectos específicos sobre cumplimiento tributario y otras materias acotadas.
En el plano constitucional, el mandato coincidió con dos procesos fallidos de reemplazo de la Carta Magna. La propuesta de la Convención Constitucional fue descartada en septiembre de 2022 con un 61,89% de los votos, mientras que el texto del Consejo Constitucional fue rechazado en diciembre de 2023 con un 55,79%. Ambos resultados determinaron la mantención de la actual Constitución y el cierre del debate constituyente durante el resto del período presidencial.
En educación, uno de los proyectos que se busca aprobar antes del cambio de mando es el Financiamiento de la Educación Superior (FES), para poner fin al CAE. En agosto de 2025, fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero quedó estancado en el Senado. En entrevista con Radio Duna, el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció la demora en la presentación del proyecto: «Partimos muy tarde».
Diferencias con el programa
El gobierno de Gabriel Boric llegó con propuestas directas en varias materias. No obstante, en su programa de gobierno se plantearon iniciativas que, por distintas circunstancias, no se materializaron o tomaron un rumbo distinto al originalmente anunciado.
Un punto relevante era la propuesta de «refundaremos nuestras policías (…) asegurándonos que respeten los DDHH y se subordinen al poder civil». Sin embargo, las condiciones sociopolíticas del período, marcadas por asesinatos de Carabineros, llevaron a que se aprobara —con votos del oficialismo— el artículo que aludía a la legítima defensa privilegiada en la Ley Naín Retamal, lo que generó polémica en el caso de Gustavo Gatica contra Claudio Crespo.
Otra propiuesta que sufrió modificaciones durante el período fue el sistema de pensiones y las AFP. Mientras el programa señalaba que «terminaremos con el sistema de las AFP», la reforma de pensiones finalmente aprobada mantuvo estas administradoras, aunque con nuevas reglas y un mayor componente estatal.
De manera similar, el programa de gobierno planteaba que «terminaremos con el negocio de las Isapre». Pero, durante la administración de Boric, las Isapres fueron condenadas por la Corte Suprema a pagar cobros en exceso a sus afiliados, lo que llevó al Ejecutivo a enviar una «ley corta» que permitió reestructurar los pagos y rebajar la carga de la deuda original.
Controversias y hechos políticos
A partir de junio de 2023 se iniciaron investigaciones judiciales y administrativas por transferencias de recursos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y diversos gobiernos regionales hacia fundaciones privadas, en el denominado «Caso Convenios». Las indagatorias detectaron irregularidades en la asignación de fondos, derivando en la salida de autoridades y en nuevas normas de control para las transferencias a instituciones sin fines de lucro.
En octubre de 2024, Manuel Monsalve presentó su renuncia a la Subsecretaría del Interior en el marco de una investigación penal en su contra. El caso dio paso a diligencias por presuntos delitos de connotación sexual y eventuales infracciones a la Ley de Inteligencia.
Los primeros meses de 2025, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de cesación en el cargo contra la senadora Isabel Allende por infracción al artículo 60 de la Constitución de Chile, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Estado. El fallo se vinculó a su participación en la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Fisco. Asimismo, se produjo la renuncia de la ministra de Defensa y nieta del exmandatario, Maya Fernández.
En las semanas finales del mandato de Gabriel Boric se desató una controversia en torno al proyecto de cable submarino «Chile–China Express», concebido para establecer una conexión directa entre Chile y Asia. La eventual participación de compañías chinas generó objeciones desde Estados Unidos. En febrero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y de otros funcionarios vinculados a la iniciativa, invocando razones de seguridad nacional.
