El 4 de marzo, el Senado de Chile aprobó en general un proyecto de ley que propone permitir la conmutación de penas de cárcel por arresto domiciliario para reos adultos mayores. La iniciativa generó controversia, ya que podría beneficiar a internos del penal Punta Peuco.
La propuesta fue ingresada por los exparlamentarios Francisco Chahuán (RN) y Luz Ebensperger (UDI), junto con los senadores en ejercicio Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (IND-RN) y Carlos Kuschel (RN).
Dos días después de la aprobación, Informe Especial identificó similitudes entre el proyecto presentado por Francisco Chahuán y un documento elaborado por la abogada Carla Fernández Montero, quien ha representado judicialmente a exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán, ambos recluidos en el penal de Punta Peuco.
Según el reportaje, 21 de las 23 páginas del texto coinciden con el documento atribuido a la jurista. El artículo también informó que la metadata del archivo permitió identificar que el documento elaborado por Fernández Montero y el presentado por Chahuán cuentan con el mismo autor.
Tras la publicación del artículo, el exsenador Chahuán negó haber utilizado el documento de la abogada. El parlamentario afirmó que la iniciativa responde a un trabajo previo desarrollado durante varios años y planteó que la coincidencia entre los escritos podría explicarse en sentido inverso, es decir que la abogada se habría inspirado en la propuesta de ley para elaborar su texto.
Este episodio, sin embargo, no es el primer antecedente que vincula al exparlamentario Francisco Chahuán con el entorno de los internos de Punta Peuco. En 2011, su nombre encabezó el «Memorándum N° 001», un documento secreto incautado en la celda del exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, donde se le identificaba como nexo para entregar apoyo, respaldo y defensa a la administración de Sebastián Piñera.
El «Memorándum N° 001» que nombra a Chahuán
La relación del exsenador Francisco Chahuán —quien ha sido sondeado como posible embajador en México para el gobierno de Kast— con el entorno del penal Punta Peuco tiene un antecedente en 2011. Ese año, Ciper reveló la existencia de una minuta incautada en la celda del exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán.
El documento, titulado «Memorándum N°001» —al que tuvo acceso Fast Check—, exponía una estrategia elaborada por Álvaro Corbalán para manifestar apoyo al primer gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. En el texto se indicaba que ese respaldo se canalizaría «a través del senador Francisco Chahuán».
Tras la difusión del documento, Chahuán negó cualquier vínculo con el exagente. El parlamentario afirmó públicamente que no lo conocía y calificó la información como una «completa falacia», descartando haber tenido algún tipo de coordinación o contacto con el interno.
Chahuán explicó que su única visita a Punta Peuco se había realizado en el marco de su labor como integrante de la Comisión de Derechos Humanos cuando era diputado, entre 2006 y 2010. Según indicó en ese momento, el objetivo fue revisar las condiciones de reclusión de los internos, una tarea que —señaló— también realizó en otros recintos penitenciarios.
Fast Check envió preguntas al equipo de prensa del exsenador Francisco Chahuán, sin embargo hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.
El contenido del memorándum
En el «Memorándum N°001» Álvaro Corbalán planteaba que el entonces entrante gobierno de Sebastián Piñera enfrentaba una situación compleja al «partir de cero» en el control de áreas sensibles tras dos décadas de administraciones de la Concertación. Bajo ese diagnóstico, ofrecía un «voluntario apoyo» orientado a fortalecer la gestión del Ejecutivo en materias de seguridad e inteligencia.
Uno de los ejes del documento era la situación de la Dirección Nacional de Gendarmería, encabezada en ese momento por Luis Masferrer Farías. En la minuta, Corbalán aludía a la «juventud e inexperiencia» de Masferrer al mando de una institución que describía como de «extrema complejidad». A partir de esa caracterización, el texto planteaba la necesidad de reforzar su entorno de asesoría.
En ese contexto, el memorándum señalaba que se habían realizado «gestiones personales» para resguardar la reputación del director. Asimismo, recomendaba «reforzar su asesoramiento con la mejor gente». Con ese argumento, se validaba una lista específica de oficiales que, a juicio de Corbalán, debían ocupar posiciones estratégicas dentro de la institucionalidad.
Si bien no se puede confirmar que el «Memorándum N°001» tuvo un efecto directo o inmediato respecto de las personas mencionadas, con el paso de los años sí se observó que algunos de los nombres mencionados ocuparon cargos relevantes dentro de instituciones vinculadas al sistema penitenciario y de seguridad.
Los nombramientos posteriores de los nombres en el memorándum
Uno de los mencionados es Christian Alveal Gutiérrez. En la minuta, Corbalán planteaba la conveniencia de «mantenerlo como asesor en un nivel importante de manera permanente». Años más tarde, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alveal fue designado director nacional de Gendarmería de Chile.
Otro de los nombres es el de Marco Fuentes Mercado, que en ese momento ocupaba el cargo de Subdirector Operativo. Corbalán lo describe como una «persona que reúne los requisitos y colaborará al gobierno de turno». Así, en 2013 fue el sucesor de Masferrer en el cargo de Director Nacional.
La minuta también hacía referencia a Eduardo Muñoz Bravo, a quien Corbalán describió como de «probada lealtad» y el «mejor elemento que tiene Gendarmería». Muñoz había ejercido como alcaide de Punta Peuco entre 2009 y 2010. Posteriormente, en 2016 fue designado como jefe de Recursos Humanos de Gendarmería por el Director Nacional de la época, Jaime Rojas Flores.
El propio Luis Masferrer Farías, a quien Corbalán pidió asesorar, posteriormente ocupó un cargo designado por el expresidente Sebastián Piñera en su segundo gobierno. En 2018, Masferrer fue nombrado director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cargo que ejerció hasta fines de 2019.
Cabe precisar que el documento de Corbalán fue elaborado años antes del actual debate legislativo sobre beneficios penitenciarios para reos adultos mayores. Sin embargo, su contenido volvió a cobrar relevancia luego de que el nombre del exsenador Francisco Chahuán reapareciera en la discusión pública a raíz de la acusación sobre el eventual «copy-paste» en el proyecto que podría beneficiar a internos de Punta Peuco.
