La Contraloría General de la República (CGR) observó la entrega de espacios de estacionamiento desde la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Innova Recoleta, entidad creada por el exalcalde Daniel Jadue. El organismo fiscalizador determinó que los permisos otorgados «no se ajustan a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control ni a lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades».
Fast Check reveló el domingo anterior que un dictamen de la CGR ordenó la disolución de la Corporación Innova de San Joaquín, debido a que dentro de sus estatutos se otorgaban atribuciones municipales a la entidad privada, lo que por ley no corresponde.
Asimismo, en ese artículo se compararon los estatutos de la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de San Joaquín (Innova San Joaquín) con los de la corporación Innova Recoleta. El análisis mostró que los artículos cuestionados en la entidad de San Joaquín también están presentes en la de Recoleta. En ambos casos se establecen atribuciones de carácter municipal —como el uso de bienes públicos—, lo que no está permitido de acuerdo con el dictamen de la Contraloría.
En ese contexto, Fast Check tuvo acceso al Informe Final N° 781 presentado en el concejo municipal de Recoleta, el cual detalla que la explotación de parquímetros «constituye la prestación de un servicio municipal». No obstante, explica que estos pueden ser administrados por el municipio o entregarlo a un particular «únicamente mediante el mecanismo de la concesión», pero el municipio —dirigido ahora por Fares Jadue (PC)— lo hizo con permisos precarios de ocupación.
El funcionamiento de Estaciona Recoleta
Estaciona Recoleta es un programa implementado por la Corporación Innova Recoleta para administrar estacionamientos en algunas calles de la comuna. Según su sitio web, el programa busca «generar un ordenamiento y uso eficiente de los espacios en los barrios comerciales de la comuna e invertir lo recaudado en proyectos y obras de mejoramiento urbano y proyectos de vivienda en Recoleta».
El programa comenzó a operar en Patronato y posteriormente se extendió al Mercado Tirso de Molina y al Barrio Bellavista.
Para operar, el informe de Contraloría expone que el municipio le otorgó permisos precarios de ocupación a la corporación Innova para ocupar esos espacios, con el compromiso de la entidad privada de invertir en «mano de obra local, tecnología innovadora y en obras y proyectos de mejoramiento urbano para la comuna».
El monto fijado para que Innova Recoleta gestionara el servicio de parquímetros fue de 0,142 UTM mensuales por cupo, según la CGR. No obstante, se explica que como los pagos por la totalidad de calzos era superior a las 100 UTM mensuales, el proceso debió ser realizado como «procedimiento de concesión, que para el caso, además, debió ser realizado a través de una licitación pública».
¿En qué consiste un permiso precario de ocupación?
Según los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica Constitucional Municipal un permiso precario de ocupación es un acto administrativo que permite a un tercero usar temporalmente un Bien Nacional de Uso Público —como calles o veredas— y se caracteriza por su precariedad, ya que la autoridad puede revocarlo en cualquier momento y sin derecho a indemnización.
A diferencia de una concesión, el permiso precario no otorga un uso preferente protegido por condiciones contractuales ni requiere necesariamente un proceso de licitación pública. Las concesiones, en cambio, se utilizan cuando se entrega la explotación de un servicio o bien público por un período determinado y bajo reglas contractuales más estrictas, generalmente mediante licitación para asegurar la libre concurrencia y la mejor oferta para el interés público.
Las observaciones de Contraloría
El informe final N°781, que revisa el periodo entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025, cuestiona que no se haya realizado una licitación por la falta de competencia en el proceso, señalando que en el otorgamiento de un permiso precario «no es posible cautelar» el principio de libre concurrencia, cuyo fin es que la Administración elija la «propuesta más satisfactoria al interés público».
Sobre la vigencia de estos permisos, el organismo comprobó que la corporación siguió operando 1.099 calzos sin decretos que renovaran la vigencia de los permisos, los cuales quedaron «sin validez a contar de diciembre de 2022». Es decir, entre 2023 y 2025 estos estacionamientos fueron explotados sin contar con los actos administración que renovaban su uso por parte de Innova Recoleta.
Además, se constató que la entidad privada «se encontraba explotando sin autorización 112 estacionamientos de la comuna».
El ente fiscalizador también identificó pagos fuera de plazo, con demoras de hasta 61 días. En términos financieros, se registraron brechas por «error en el cálculo de los derechos municipales, al no considerar la totalidad de estacionamientos otorgados», generando un detrimento de $11.234.379 el cual ya está subsanado.
De igual manera, se detectaron $2.656.592 por fallos en la fórmula de cálculo, estos montos están en proceso de restitución, quedando pendiente un saldo de $114.390. Según la CGR, Innova Recoleta también adeuda el pago de los derechos municipales de agosto de 2025, estimado en $11.044.341.
La CGR identificó que el municipio no mantuvo en custodia la garantía de conservación del bien nacional de uso público, debido a que la corporación «no la había proporcionado, incumpliendo con ello lo consignado en el permiso precario otorgado». Tampoco se establecieron controles para verificar el «cumplimiento de las obligaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación», lo que representa un riesgo jurídico para el patrimonio municipal.
Lo ordenado por Contraloría
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la Contraloría determinó que la Municipalidad de Recoleta «deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas» de los funcionarios involucrados.
Además, el organismo fiscalizador ordenó regularizar los pagos adeudados. El municipio deberá exigir a la Corporación Innova Recoleta el pago de derechos municipales correspondientes a agosto de 2025, junto con las diferencias generadas por errores de cálculo y por la explotación de calzos no autorizados.
Finalmente, la Contraloría exigió modificar el modelo de gestión del servicio. El municipio deberá elaborar un «plan de acción tendiente a concesionar el servicio municipal de estacionamientos afectos al cobro por parquímetros», el cual deberá ser informado a la CGR en un plazo de 60 días hábiles. Asimismo, se instruyó «reforzar la estructura de control existente» y elaborar manuales de procedimiento para la entrega de estos permisos.
Los descargos del municipio
Consultados por Fast Check CL, desde la Municipalidad de Recoleta respondieron con un comunicado, señalando que enviaron un recurso de reposición a Contraloría que aún no se encuentra resuelto:
«Dicho informe contiene una serie de observaciones y conclusiones que aún no están firmes, ya que nuestra Institución tramitó, ante dicho órgano contralor, un recurso de reposición, del cual esperaremos los resultados. En este sentido, consideramos improcedente referirse a dicho documento hasta que se resuelva dicho trámite.
Nuestra Municipalidad ha expuesto ante la Contraloría General de la República argumentos contundentes y relevantes, con la firme convicción que serán considerados para seguir manteniendo el servicio de Estaciona Recoleta, pues a nuestro juicio dicha prestación cumple con toda la normativa vigente»
Vea el comunicado completo aquí.
