La Contraloría General de la República (CGR) identificó a 910 funcionarios que, pese a tener prohibición legal para hacerlo, realizaron apuestas en casinos de juego. Estas personas pertenecen a 371 entidades del Estado y su conducta, según argumenta el ente contralor, contraviene la norma que prohíbe explícitamente a quienes gestionan recursos fiscales efectuar cualquier tipo de apuesta en dichos recintos.
El análisis de los datos reveló que un grupo de 181 personas concentra el 96,8% del monto total apostado, cifra que asciende a $11.118.431.871. En este segmento particular, la CGR determinó que las sumas de dinero transadas guardan una desproporción con los niveles de remuneración percibidos por los funcionarios involucrados.
Sobre esos 181 casos, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Las apuestas por institución
Dentro de los organismos que registran los mayores montos transados se encuentran funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República y la Policía de Investigaciones.
También se incluyen en esta lista diversas municipalidades y otros servicios públicos. Los reportes indican que existen casos individuales donde las apuestas superan los $1.000 millones, mientras que las 20 personas con mayor actividad transaccional suman un total superior a los $5.392 millones.
Los implicados en estos hechos desempeñaban funciones en distintos niveles jerárquicos, abarcando cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. Al respecto, el organismo contralor precisó que esta prohibición legal afecta exclusivamente a quienes administran fondos públicos, por lo que el personal que no ejerce dichas labores queda fuera del alcance de este informe.
Como consecuencia de estos hallazgos, la CGR remitirá el listado completo de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para el inicio de procesos sancionatorios y la aplicación de multas, garantizando el debido proceso.
En paralelo, se enviarán los antecedentes a cada servicio público y municipalidad para la apertura de procedimientos disciplinarios destinados a establecer responsabilidades administrativas. Finalmente, la información relativa a los 181 casos con montos desproporcionados será entregada al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para las acciones legales que correspondan a sus atribuciones.
