Antes de asumir como concejal, Jaime Gutiérrez Flores (RN) acumuló diversos contratos con la Municipalidad de Peralillo, donde trabajaba simultáneamente y donde su hermana también se desempeña como funcionaria. Entre 2023 y 2024, Gutiérrez recibió más de $40 millones en contratos municipales, primero mediante tratos directos y luego a través de una licitación pública. Todos los servicios fueron prestados al mismo municipio en el que él figuraba como funcionario a honorarios.
Si bien los primeros contratos no habrían infringido la normativa vigente en ese momento, su última adjudicación podría constituir una vulneración del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas, en vigor desde diciembre de 2023. Esta disposición prohíbe a los organismos del Estado contratar con su propio personal o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el objetivo de prevenir conflictos de interés en el uso de recursos públicos.
Cuatro días después de la entrada en vigencia de la nueva norma, la Municipalidad de Peralillo adjudicó a Jaime Gutiérrez Flores un contrato por más de $20 millones, mediante una licitación pública destinada a labores en la Oficina del Adulto Mayor.
En enero de 2025, un informe del Observatorio de ChileCompra detectó la situación y la remitió a la Contraloría General de la República, para que evaluara una posible infracción a la ley y determinara eventuales responsabilidades administrativas.
Actualmente, Gutiérrez Flores se desempeña como concejal de Renovación Nacional en la misma comuna donde se originaron los hechos observados por ChileCompra.
Fast Check CL intentó comunicarse con el concejal Jaime Gutiérrez a través de distintos medios, pero no se obtuvo respuesta. Del mismo modo, considerando que los hechos ocurrieron durante el primer periodo del actual alcalde de Peralillo, Claudio Cumsille (PS), se tomó contacto con la Municipalidad y se enviaron preguntas al respecto; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo comentarios.
Funcionario y prestador de servicios al mismo tiempo
Según los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Peralillo, Jaime Gutiérrez Flores inició su vínculo laboral con el municipio en enero de 2020, bajo la modalidad de contrata, desempeñándose como profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Tras un periodo fuera del servicio, regresó en noviembre de 2021 como funcionario a honorarios, cumpliendo funciones de encargado de organizaciones comunitarias en la misma dirección.
Durante los años siguientes, Gutiérrez mantuvo su relación con la municipalidad mediante contratos a honorarios sucesivos. En 2023, mientras continuaba desempeñando ese rol, se adjudicó dos tratos directos —entre enero e inicios de mayo— por un total de $7.388.461, ambos destinados a prestación de servicios en la Oficina del Adulto Mayor, dependiente de la misma DIDECO. (Ver decretos aquí y aquí)
Posteriormente, en abril de 2023, el municipio publicó una licitación pública que fue adjudicada a Gutiérrez el 16 de mayo, por labores de «Coordinación Oficina del Adulto Mayor», con una duración hasta diciembre del mismo año y por un monto de $12.314.100. (Ver decreto aquí)
El 15 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Peralillo publicó una nueva licitación que fue adjudicada a Jaime Gutiérrez Flores y formalizada el 29 de enero de 2024. El contrato contempló la prestación de servicios de apoyo a la Oficina del Adulto Mayor entre enero y diciembre de 2024, por un monto total de $20.615.462. (Ver decreto aquí)
En total, entre tratos directos y licitaciones, Jaime Gutiérrez Flores recibió $40.317.923 en contratos con el municipio, mientras mantenía simultáneamente un vínculo laboral como funcionario a honorarios en la misma administración comunal.
El incumplimiento a la Ley 19.886
Cabe precisar que los tratos directos y la primera licitación, que en conjunto suman $19.702.561, no estaban afectos a una prohibición expresa en la Ley de Compras Públicas. No obstante, la segunda licitación fue adjudicada después de la entrada en vigencia del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886 —el 11 de diciembre de 2023— disposición que establece una prohibición respecto de la contratación con personal propio o con personas naturales contratadas a honorarios por el mismo organismo.
En específico, dicho artículo señala:
«Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad».
Meses después, y tras concluir su vínculo como funcionario y prestador de servicios, Jaime Gutiérrez Flores fue electo concejal de RN en la Municipalidad de Peralillo durante las elecciones municipales de 2024, obteniendo el 10,08% de los votos, cargo que mantiene hasta la actualidad.
El eventual conflicto de interés con su hermana
Además del eventual incumplimiento de la Ley N° 19.886 por haberse adjudicado contratos mientras ejercía funciones en la misma entidad, el caso de Jaime Eduardo Gutiérrez Flores presenta otro elemento que podría configurar una infracción a la normativa: su parentesco directo con una funcionaria de planta del municipio.
De acuerdo con los antecedentes disponibles en Transparencia Activa, Elizabeth Gutiérrez Flores, hermana del actual concejal, trabaja en la Municipalidad de Peralillo desde febrero de 2020 en calidad de funcionaria de planta. Ingresó como administrativa en la DIDECO y, desde julio de 2021, se desempeña como administrativa de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), cargo que mantiene hasta la actualidad.
El vínculo familiar entre ambos fue verificado por Fast Check CL mediante certificados de nacimiento, los cuales acreditan una relación de segundo grado de consanguinidad, también prohibida por el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886. Dicha disposición impide a los organismos del Estado suscribir contratos con personas que mantengan ese tipo de parentesco con funcionarios del mismo servicio.
De esta manera, además de haber contratado con la municipalidad mientras formaba parte de su dotación, Jaime Gutiérrez mantenía un vínculo familiar directo con una funcionaria de planta, lo que amplía el eventual conflicto de interés. Ambos antecedentes —su calidad de funcionario y la relación de parentesco— fueron señalados por el Observatorio de ChileCompra como posibles infracciones a la Ley de Compras Públicas.
El hallazgo del Observatorio de ChileCompra
El Observatorio de ChileCompra inició una revisión del caso tras recibir una denuncia reservada por una posible infracción a la Ley de Compras Públicas cometida en la Municipalidad de Peralillo.
En su informe fechado el 17 de enero de 2025, el equipo de ChileCompra advirtió que Jaime Gutiérrez figuraba como funcionario a honorarios del municipio al momento de adjudicarse la última licitación –a fines de enero de 2024– es decir, después de la entrada en vigencia del artículo de la Ley de Compras Públicas que prohíbe este tipo de contratos. (Ver informe aquí)
El documento también consigna que Jaime Gutiérrez habría firmado una declaración de ausencia de conflicto de interés, en la que se señalaría que:
«No integro la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886 (cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad)».
Como resultado, el Observatorio de ChileCompra resolvió remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que esta determine si efectivamente se vulneró la normativa y si existen responsabilidades funcionarias asociadas.
