Corría el año 2014 y el entonces diputado de la UDI, José Antonio Kast, enviaba junto a su par, Felipe Ward, un requerimiento clave a la Contraloría General de la República (CGR). La solicitud buscaba que el órgano de control se pronunciara sobre una duda que hoy, doce años después, adquiere un nuevo sentido: ¿constituye una falta a la probidad administrativa que un servidor público mantenga deudas morosas por crédito, particularmente por el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado (CAE)?
Meses más tarde, en diciembre de 2014, vino la respuesta del entonces contralor Ramiro Mendoza, quien estableció un criterio interpretativo que validó la tesis de fondo del parlamentario. El Dictamen N° 98033N14 planteó que mantener deudas impagas con el fisco —especialmente en un sistema donde el Estado es aval— puede configurarse como una contravención a los deberes funcionarios.
Los deberes a los que aludía el contralor eran los dispuestos en el inciso i) del artículo 61 de la Ley N° 18.834 y en el artículo 58 de la Ley N° 18.883, referidos a la obligación de «observar una vida social acorde con la dignidad del cargo». El dictamen fue tajante: esta falta se podría configurar cuando la morosidad «trascienda a la comunidad y genere desprestigio para la institución».
Si bien en 2014 Kast centró su consulta en cargos de elección popular y autoridades locales, la interpretación de la Contraloría resultó extensible a todo el aparato de la Administración del Estado. No obstante, el organismo dejó en manos de cada jefatura de servicio la determinación de una eventual falta, al establecer que debía evaluarse «caso a caso», mediante investigaciones sumarias o sumarios administrativos, y la eventual aplicación de sanciones.
Esta interpretación, que se mantiene vigente, es hoy la «llave maestra» que permitiría a Kast, ahora como Presidente, impulsar una revisión masiva de la situación financiera de los funcionarios públicos. Bastaría, para ello, una instrucción a sus autoridades para que dicho precepto se aplique en las instituciones de Gobierno.
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La “lista de la vergüenza” del CAE
Esta estrategia de cercamiento administrativo tomó fuerza este martes 17 de marzo. En un punto de prensa, el mandatario lanzó una advertencia directa a los morosos del CAE y el Fondo Solidario, sin distinguir si pertenecen o no al sector público: «¿Ustedes quieren aparecer publicados? ¿Para qué? Si son datos públicos».
La advertencia no es trivial. Al amenazar con publicar los nombres de los deudores, el Gobierno está activando el gatillo que la Contraloría definió en 2014. Si el propio Estado es quien publica la lista, es el mismo Ejecutivo el que crea la «trascendencia pública» necesaria para que la morosidad deje de ser un asunto privado y pase a ser una causal de sumario por «desprestigio institucional». Es un diseño de presión circular: la publicidad podría generar el desprestigio, y el desprestigio justificaría la sanción.
Kast comparó esta medida con la fiscalización de licencias médicas: «Había muchas personas que abusaron de las licencias, y dejaron de hacerlo porque una autoridad administrativa publicó los datos». Esta lógica involucra directamente a la gestión de la contralora Dorothy Pérez, quedando abierta la posibilidad de una auditoría masiva y cruce de datos similar a los realizados con funcionarios que asistieron a casinos con reposo médico o los que salieron del país estando con licencia.
