El gobernador de la RM cree que estamos en una de las mayores crisis de seguridad de la historia de Santiago, un tema que aborda a fondo en esta entrevista junto a otras temáticas como su repostulación, transparencia y probidad. En este espacio, Orrego da sus impresiones respecto al rol del Estado ante una ciudadanía que demanda más protección, aunque para el gobernador, «algunas instituciones están tomando palco».
Por Maximiliano Echegoyen
Como una «pandemia de homicidios» se refirió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el 20 de enero en su cuenta de ‘X’. Y es que la crisis de seguridad que afecta al país, pero sobre todo a la capital, ha sido un tema al que la autoridad ya ha levantado la voz en otras ocasiones.
Hace dos meses atrás, Orrego acuñó el término «noviembre rojo» después de contabilizar 35 homicidios y 43 homicidios frustrados en noviembre del año pasado. De hecho, durante ese mismo mes, la autoridad pidió al Ejecutivo un estado de excepción en la Región Metropolitana.
Es un martes caluroso de enero y el gobernador recibe a Fast Check en su oficina, ubicada en el emblemático edificio en donde se aloja el Gobierno Regional, en Morandé 93. Preocupado por la situación de seguridad que atraviesa la capital en estos primeros días de 2024, Orrego también tiene tiempo para abordar otras temáticas, como la corrupción y su reelección.
— ¿Sigue encontrando necesario que en la Región Metropolitana se decrete un estado de excepción?
Sí. Por supuesto que un estado de excepción acotado, en algunos lugares y con algunas funciones, no un estado de sitio y no un patrullaje militar en todos lados. Es simplemente el uso de tecnología militar y de algunos elementos. Pero como el Gobierno ha dicho que no y la idea no es estar peleando, sino que contribuir, lo que hemos planteado como segunda opción es porqué no ocupamos la Ley de Infraestructura Crítica, que permite ocupar fuerzas militares para proteger, por ejemplo, espacios de gran concentración de público que son críticas para la ciudad.
Por ejemplo, como lo ha dicho el alcalde Felipe Muñoz de Estación Central, terminales de buses, de trenes y estaciones intermodales; ahí tienes un primer espacio donde, sin declarar estado de excepción, podríamos tener el apoyo de las fuerzas militares en labores de seguridad interior.
— ¿Cómo es su evaluación respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno Central ante los delitos?
Creo que estamos viviendo una de las mayores crisis de seguridad de la historia de nuestra ciudad y esto producto de que se ha instalado en Chile prácticas de crimen organizado que eran absolutamente desconocidas para nosotros, por el nivel de violencia, el nivel de desprecio por la vida, por el nivel de armamento y también de organización. En esto Chile está atrasado 10 años. Como que miramos lo que pasaba en el resto del continente y decíamos “no, a los chilenos nunca nos va a pasar” y cuando ya vimos muchas de estas manifestaciones, estábamos tarde.
Creo que lo que el Gobierno ha hecho ha sido tratar de armar una agenda para este nuevo tipo de delincuencia que tenemos nuestro país, mucho más violenta, mucho más organizada, con dimensiones también globales. Y creo que se están adoptando las medidas que van en dirección correcta.
Ahora, es evidente que mucha de estas leyes se van a demorar mediano y largo plazo en implementarse, con lo cual la pregunta es qué vamos haciendo en el corto plazo y si todas las instituciones del Estado y todas las entidades del Gobierno están actuando con el mismo sentido de urgencia para el momento que vivimos.
“Hay instituciones tomando palco”
— ¿El Gobierno Central tiene claro ese “sentido de urgencia”?
Mira, creo que las medidas que se están adoptando van en la dirección correcta pero, a mi juicio, falta sentido de urgencia en algunas materias y hay instituciones que están tomando palco mientras que en otras, como el Ministerio del Interior, están a tope con esta agenda. Es importante que entendamos que si queremos de verdad erradicar las peores expresiones del narcotráfico y del crimen organizado en Chile, tenemos que hacer una estrategia que sea 360 grados y que nadie se reste.
— Usted se ha referido harto al Pacto Nacional por la Seguridad, ¿cuál es su desglose?
Son cinco puntos: el primero, una agenda legislativa 2.0 con proyectos muy concretos, el más emblemático ahí es la Ley de Inteligencia Financiera, en donde algunos sectores de oposición no quieren liberar el secreto bancario.
Segundo, una fuerza de tarea para levantar proyectos. Aquí hay proyectos que están financiados y que son legales, pero que por distintas razones tienen entradas burocráticas, como el sistema biométrico que le compramos a la PDI hace un año y medio y que todavía no se implementa.
El tercer punto consiste en un plan especial de control de fronteras, puertos y cárceles. Decir que el Estado tiene control no significa que tiene todo el control, porque no lo tiene. No tenemos todo el control en las fronteras y es cosa de mirar la calle. No tenemos todo el control en los puertos, pues mira lo que dice Naciones Unidas de que somos el tercer país exportador de drogas en América Latina. Tampoco tenemos todo el control de las cárceles, porque más allá de lo que diga el ministro, es cosa de ver las extorsiones, los delitos, teléfonos irregulares y armas que hay dentro de los recintos penitenciarios.
Cuarto punto: requerimos un equipo especializado en la trazabilidad del dinero. Si no le pegamos al crimen organizado en su patrimonio, esto se va a perpetuar eternamente. Y por último, tecnología. La Fiscalía y las policías requieren tecnologías de última generación para poder interceptar comunicaciones, lo que está permitido por la ley, pero se requiere dinero para hacerlo. Para poder mapear las operaciones, enfín.
— Usted menciona una gran medida legislativa, pero el año pasado se anunció el ingreso de más de 30 leyes de seguridad ¿El problema de falta de organización del Estado está en el Legislativo? ¿En el Poder Judicial?
Aquí todos tenemos que hacer nuestra cuenta. Lo que hizo la Fiscalía con la creación del ECOH, este Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios que es intercomunal, me parece que va en la dirección correcta. Aquí no podemos creer que haciendo más de lo mismo, vamos a tener resultados distintos, y te diría que la Fiscalía está haciendo innovación. ¿Qué innovaciones va hacer el Poder Judicial? Lo desconozco. ¿Qué iniciativa va hacer Gendarmería? Lo desconozco. Pero aquí, todas las instituciones tenemos que repensar cómo trabajamos para abordar una amenaza inédita.
Es un error creer que esta es la misma delincuencia que teníamos, solo que un poquito más aguda. Este es otro tipo de delincuencia y, o la frenamos ahora como país, o lamentablemente vamos a seguir el camino de otras naciones de América Latina que la están pasando muy mal hoy en día. ¿Estamos ahí? No. No hemos llegado ahí, tenemos tiempo, pero no nos queda mucho.
— ¿El Gobierno Regional debiese tener un rol más protagónico en la lucha contra la delincuencia?
Hoy día lo estamos teniendo de facto. Estamos invirtiendo 85 mil millones de pesos en proyectos para Carabineros, la PDI, los municipios, la comunidad, la Fiscalía, ahora Gendarmería, o sea, estamos haciendo la pega pero no tenemos la facultad. Hemos ocupado la billetera para subsanar la falta de atribuciones, pero eso tiene un límite. Yo quiero poder tener un consejo regional de prevención del delito, con todos los alcaldes y que sea legal, en que estén las policías y los fiscales.
“¿Por qué yo publico todo lo que gasto y la Agorechi no? Eso me parece inexplicable”
— Durante el 2023 estalló el caso Convenios, una trama de corrupción que involucró a fundaciones, seremis y Gores. ¿Cómo podemos elevar los mecanismos de probidad en estas instituciones?
Hay que tener cuidado en no confundir probidad y transparencia con burocracia. Por mi que se publique todo, yo publico todo. Nosotros tenemos sistemas de control y de transparencia absoluta de lo que estamos haciendo, de nuestros proyectos, de todos los antecedentes que tenemos. Hemos creado convenios con la Contraloría, con la Unidad de Análisis Financiero, hemos capacitado a nuestros funcionarios, tenemos Código de Ética (…).
Pero muchas veces, para reaccionar al caso Convenios y al problema, lo que a veces se opone es la burocracia. Entonces, lo que ya autorizamos lo va a revisar Mideso, la Contraloría y la Dipres, entonces nos vamos a demorar 6 meses y no va a ser más transparente. Tengo la impresión de que algunos confunden burocracia con transparencia y se están estableciendo muchos mecanismos que no agregan ningún valor, del punto de vista de lucha contra la corrupción, y que van hacer que las cosas se demoren 6 meses más. Y eso me preocupa.
Ahora, creo que los Gobiernos Regionales, por ejemplo el de Santiago, hemos demostrado que se puede tener una política súper proactiva de transparencia, de probidad, sin tener más controles burocráticos.
— Nosotros el 12 de enero publicamos un reportaje que dejó en evidencia que la Agorechi, la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile, que si bien se financia con fondos públicos, no está sujeta a transparencia y tampoco a fiscalización. ¿Qué piensa sobre esta situación, que puede prestarse para futuros casos de corrupción?
A ver, aquí nadie está exento. Más allá de lo que diga estrictamente la ley, creo que Agorechi debería estar sometida a los más altos estándares de transparencia como todos los Gobiernos Regionales. O sea, ¿por qué yo publico todo lo que gasto y Agorechi no? Eso me parece inexplicable y espero que el nuevo presidente, Rodrigo Mundaca, y sé que lo va hacer, va a transparentar todo.
Ahora, probablemente hay algo más de desidia que de dolo. No son muchos los recursos. Los que maneja la Agorechi son muy chiquititos pero bueno, en estas cuestiones no solamente hay que serlo sino que también parecerlo. Aquí es una tarea pendiente de la Agorechi hacer lo que muchos gobiernos regionales estamos haciendo por separado, que es ponerlo todo transparente.
“Espero representar a un arco muy amplio”
— Usted ya confirmó su repostulación por la Región Metropolitana, ¿será apoyado por todo el oficialismo?
Pregúntale al oficialismo. ¿Qué es lo que he dicho? Que soy independiente, no milito en ningún partido; no soy neutro, soy una persona de centroizquierda progresista y así lo avala mi trabajo. Aspiro a representar a un arco espectro político del mundo del progresismo. He conversado ahora con todos los partidos políticos, he conversado con todos los alcaldes que, para mí, son tanto o más importantes y de quienes he recibido ya explícitamente apoyo, alcaldes del Frente Amplio, del Socialismo Democrático, de la Democracia Cristiana. Estoy haciendo mi trabajo, conversando con todo el mundo y aspiro a representar un arco espectro político, pero eso no depende solo de mi, sino también de lo que definan los partidos en sus conversaciones.
— Igual usted ve más cercano a Socialismo Democrático que al Frente Amplio y el Partido Comunista.
Sí pero, yo lo que aspiro… o sea yo he trabajado con todo el mundo y aspiro a representar un arco muy amplio. ¿Cuán amplio? Eso lo dirá el tiempo.
— ¿Ha pensado en volver a militar en algún partido?
Por ahora no.
— ¿No ha recibido ofertas de Amarillos, de Demócratas?
Explícitas no.
— ¿Le gustaría ser Presidente de la República?
Ya traté, me fue mal. Todo es posible en la vida, pero por ahora estoy feliz de ser gobernador.
