Tras casi tres años sin avances, este miércoles se formalizará a siete personas en Coyhaique por presunto fraude al Fisco y malversación de caudales públicos. Entre los imputados figuran el exalcalde Alejandro Huala y su exdirector jurídico Waldemar Sanhueza, junto a exconcejales de la comuna, entre ellos Georgina Calisto, madre del diputado Miguel Ángel Calisto, y el actual concejal Ricardo Cantín.
La candidatura de Eugenio Canales —en la región de Aysén— quedó en entredicho tras declarar públicamente su apoyo a José Antonio Kast, en contraste con la línea oficial del Federación Regionalista Verde Social, que respalda a Jeannette Jara. Desde la colectividad advirtieron que evalúan pedir al Servel su eliminación de la lista.
Fast Check CL accedió a dos oficios de Contraloría sobre la prestación de servicios de Genera Gestión Ambiental SpA por parte de la Municipalidad de Coyhaique. Uno de ellos cuestiona tratos directos por $1.553 millones, atribuyendo responsabilidad administrativa al alcalde Carlos Gatica (DC). El otro aborda pagos regularizados por más de $1.462 millones, correspondientes a servicios prestados sin contrato, que el organismo calificó como «irregulares e ilegales» y remitió al Concejo Municipal para evaluar eventuales responsabilidades del alcalde, que podrían derivar en un requerimiento para su destitución.
Una auditoría interna a la concesión de estacionamientos en Coyhaique —a la que accedió Fast Check CL— reveló múltiples incumplimientos en el servicio de parquímetros de la comuna. El informe, confirmado por la Contraloría Regional de Aysén, advirtió retrasos en pagos, errores de cálculo, boletas de garantía fuera de plazo y deficiencias operativas que pudieron justificar multas o incluso la terminación anticipada del contrato, lo que no ocurrió. Finalmente, la concesión terminó por problemas financieros de los concesionarios. Posteriormente, se convocó una nueva licitación, pero fue declarada desierta al no presentarse oferentes.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique autorizó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por presunto fraude al Fisco en una causa que vincula la compra de una parcela financiada mediante un crédito solicitado por el empresario Claudio Campusano. Campusano representa a una constructora que se adjudicó un proyecto habitacional por más de $5.400 millones en la región, cuyo proceso y ejecución han sido objeto de observaciones técnicas y administrativas según informes de Contraloría. Este proyecto contemplaba la construcción de viviendas para dos comités que Calisto había respaldado públicamente.
El diputado Miguel Ángel Calisto, recientemente desaforado por la Corte, aparece vinculado a la compra de un lote que aún figura a nombre del empresario Claudio Campusano. El lote está ubicado entre las parcelas de Graf y Calisto en Coyhaique. Todas colindantes. El único terreno a nombre del parlamentario mantiene una deuda de más de $1,5 millones en contribuciones.
Por la compra de una parcela que habría pagado con asignaciones parlamentarias
El diputado Miguel Ángel Calisto fue desaforado este lunes por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el marco de una causa por presunto fraude al fisco. La investigación lo vincula con contratos de asesoría sin respaldo técnico y el desvío de fondos públicos, parte de los cuales habrían sido usados para financiar la compra de una parcela. Fast Check CL accedió a correos en los que el empresario de la zona, Claudio Campusano, exige a Calisto y a su amigo Roland Cárcamo el pago de un crédito de consumo solicitado expresamente para cubrir esa adquisición.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó dos querellas en menos de una semana contra Carla Graf y Roland Cárcamo, cercanos al diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas). La primera los vincula a un presunto fraude con asignaciones parlamentarias del mismo Calisto, y la segunda —a la cual accedió Fast Check CL— por el supuesto perjuicio de casi $26 millones en fondos públicos. Esta redacción detectó que tanto Cárcamo como Graf (casados), también encabezan una fundación que ha recibido millonarias transferencias desde el GORE de Aysén.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén reveló que la exautoridad actuó en nueve intervenciones administrativas —entre 2021 y 2023— relativo a proyectos para la Fundación Manos que Ayudan Patagonia. Macías no se inhabilitó, pese a que el presidente de la entidad le prestó servicios profesionales durante su campaña a la Gobernación Regional en 2021 por un monto superior a los $17 millones, lo que para el ente contralor podría configurar un potencial conflicto de interés. Además, se observan que dos convenios con esta organización no justificaron el mecanismo de asignación directa.
Este miércoles se concretó la incautación del celular del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien se encuentra siendo investigado por presunto soborno. Palma es abogado por la Universidad de Talca y Magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central.
El crimen ocurrió el jueves por la noche, en la comuna de Coyhaique. La formalización de los presuntos responsables será hoy durante la mañana.
Se comparte un video en que se ve a una presunta foca recorriendo las calles de Florida, uno de los estados afectados por el huracán Ian en Estados Unidos. No obstante, lo que se comparte es falso, puesto que la grabación tuvo lugar en Chile durante 2020.
