Una nueva investigación penal apunta a la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos por la Fundación Proyecto Futuro, ligada a excolaboradores del diputado Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía indaga un presunto fraude al fisco por la rendición de un proyecto FNDR que —según el Ministerio Público— no habría sido ejecutado, pese a recibir $7 millones del Gore de Aysén.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 11 de febrero de 2026 la audiencia de formalización en la causa que investiga la presunta obtención fraudulenta de casi $26 millones en recursos del FNDR, vinculados a proyectos adjudicados a la Fenats de Aysén. En el proceso serán formalizadas seis personas, entre ellas Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo —quienes también están siendo investigados en la causa que tiene al diputado Miguel Ángel Calisto desaforado— incluyendo además al padre y a la hermana de Cárcamo Catalán. Asimismo, el tribunal también autorizó el levantamiento del secreto bancario de parte de los imputados para reconstruir el flujo de los recursos públicos investigados.
El fiscal Eugenio Campos reveló que gran parte de los pagos recibidos por Carla Graf, exasesora del diputado Miguel Ángel Calisto, fueron transferidos a su entorno cercano, incluyendo al propio parlamentario. Pero, el ente persecutor también advirtió inconsistencias: sostuvo que parte de los informes presentados tienen fechadas actividades mientras habría estado fuera del país, junto con la presentación de licencias médicas.
La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco vinculada a eventuales desvíos de asignaciones parlamentarias hacia su círculo cercano. En los alegatos, el Consejo de Defensa del Estado expuso transferencias realizadas por la exasesora Carla Graf a colaboradores del parlamentario, entre ellos Américo y Hugo Soto, que habrían sido justificadas como reembolsos de gasto de campaña. Sin embargo, la defensa de Graf sostuvo que las operaciones se enmarcan en convenios entre particulares y que «no existe ninguna investigación relacionada con financiamiento político».
El diputado Miguel Ángel Calisto, recientemente desaforado por la Corte, aparece vinculado a la compra de un lote que aún figura a nombre del empresario Claudio Campusano. El lote está ubicado entre las parcelas de Graf y Calisto en Coyhaique. Todas colindantes. El único terreno a nombre del parlamentario mantiene una deuda de más de $1,5 millones en contribuciones.
El diputado Miguel Ángel Calisto fue desaforado este lunes por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el marco de una causa por presunto fraude al fisco. La investigación lo vincula con contratos de asesoría sin respaldo técnico y el desvío de fondos públicos, parte de los cuales habrían sido usados para financiar la compra de una parcela. Fast Check CL accedió a correos en los que el empresario de la zona, Claudio Campusano, exige a Calisto y a su amigo Roland Cárcamo el pago de un crédito de consumo solicitado expresamente para cubrir esa adquisición.
