Fast Check CL accedió a dos oficios de Contraloría sobre la prestación de servicios de Genera Gestión Ambiental SpA por parte de la Municipalidad de Coyhaique. Uno de ellos cuestiona tratos directos por $1.553 millones, atribuyendo responsabilidad administrativa al alcalde Carlos Gatica (DC). El otro aborda pagos regularizados por más de $1.462 millones, correspondientes a servicios prestados sin contrato, que el organismo calificó como «irregulares e ilegales» y remitió al Concejo Municipal para evaluar eventuales responsabilidades del alcalde, que podrían derivar en un requerimiento para su destitución.
La Contraloría detectó que la entonces directora de Gestión de Personas de la Municipalidad de Padre Las Casas intervino en tres compras de vestuario por más de $28 millones a una proveedora que es abuela de sus hijas. Aunque el informe omitió su identidad, Fast Check CL la identificó a través de antecedentes disponibles en Transparencia del municipio.
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén indicó que, entre enero y septiembre de 2024, en 14 ocasiones los actos administrativos que aprobaban contrataciones por un total de $689,6 millones se emitieron después de que los servicios ya se hubieran prestado. Fast Check CL accedió a un informe interno de la Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique, que reveló que, desde enero de 2022 hasta mayo de 2025, se realizaron cientos de compras y contrataciones por más de $4.400 millones, las cuales fueron «regularizadas» tras su ejecución, eludiendo los conductos regulares dispuestos en Mercado Público.
Se viralizó que la Contraloría General de la República ordenó que a los funcionarios públicos que no hayan pagado el CAE, se les descuente la deuda mensualmente de sus sueldos. Fast Check lo calificó como #Falso: no hay reportes oficiales de parte de Contraloría o de medios de comunicación que confirmen lo aseverado y desde Comisión Ingresa negaron que exista tal medida.
Durante los últimos diez años, el abogado Esteban San Martín Rodríguez ha prestado servicios a diversas municipalidades del la región del Ñuble, entre ellas, la Municipalidad de Pinto, donde los pagos superaron los $67 millones en 2019 y 2022, lo que a juicio de la Contraloría no contaban con el respaldo suficiente. Fast Check CL corroboró con datos de transparencia activa que, por ejemplo, en agosto de 2021, San Martín alcanzó a ganar más de $12 millones por trabajar —bajo honorarios y con Código del Trabajo— en siete entidades públicas simultáneamente.
En 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) contrató a Fundación Chile por $241 millones para ejecutar un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría detectó que los servicios se prestaron antes de firmar el contrato y que no se acreditaron ni la entrega ni la aprobación técnica de los productos.
En redes sociales se viralizó que el gobierno de Gabriel Boric habría emitido un dictamen para exonerar a 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Sin embargo, esto es #Falso. No existe evidencia que respalde dicha afirmación. Por el contrario, las autoridades han condenado públicamente los hechos y han reforzado la fiscalización de este tipo de situaciones.
Una nueva querella penal acusa a Clínica Ensenada de prácticas clínicas irregulares, incluyendo la presunta muerte de una paciente, uso de insumos no autorizados y personal sin acreditación. La denuncia se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero. Desde 2014, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en fondos públicos y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, fue objeto de dos auditorías internas realizadas por Fonasa, además de un tercer proceso que no pudo concretarse debido a que la clínica no entregó los antecedentes requeridos.
La Contraloría General de la República publicó un informe el mes pasado, donde señala que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha autorizado productos plaguicidas para cultivos que están prohibidos en su uso por la Unión Europea (UE), debido al riesgo que podría producir en la salud de las personas que se exponen a ellos. A partir de eso, un post de Instagram viralizó el titular: «SAG aprueba 99 plaguicidas de los cuales 40 están prohibidos en la Unión Europea», lo cual Fast Check CL calificó de Incompleto al contemplar solo una parte de la información referida a las prohibiciones de la UE.
