Entre 2022 y 2025, la Sociedad Constructora J.J.A. Limitada ha recibido más de $670 millones en contratos con la Municipalidad de Lolol, periodo en el que una funcionaria del municipio era hermana de uno de los socios de la empresa. En diciembre de 2023 entró en vigencia el artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe al Estado contratar con funcionarios públicos o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que los convenios previos a esa fecha no estarían cuestionados. Sin embargo, en marzo de 2025, la empresa volvió a ser adjudicada para la mantención de áreas verdes, contrato mediante el cual ha percibido hasta ahora más de $117 millones.
La Contraloría detectó que la entonces directora de Gestión de Personas de la Municipalidad de Padre Las Casas intervino en tres compras de vestuario por más de $28 millones a una proveedora que es abuela de sus hijas. Aunque el informe omitió su identidad, Fast Check CL la identificó a través de antecedentes disponibles en Transparencia del municipio.
La Contraloría General de la República observó un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó, luego de constatar que un proveedor de la campaña del exalcalde Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones, entre 2022 y 2024, para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico. Según el informe, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior. Fast Check CL detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
