Un mes después de que los familiares de Julia Chuñil presentaron una querella por la desaparición de la defensora medioambiental mapuche, el Ministerio Público anunció que utilizará el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de DDHH. Este protocolo tiene su origen en la adhesión al Acuerdo de Escazú, ratificado en 2022. Sin embargo, su implementación tardó dos años debido a un proceso de consulta y posterior periodo de vacancia.