El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas —entre 2023 y 2024—, destapó una ola de nuevos antecedentes, investigaciones y renuncias. Entre los implicados figuran exautoridades, médicos y representantes municipales que habrían usado sus días de reposo para realizar viajes, estudios en el extranjero o incluso actividades remuneradas. El caso ya generó reacciones en el gobierno, sumarios administrativos y revisión de normas internas.
En redes sociales se viralizó que la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, habría firmado contratos con organismos públicos a través de una empresa y una fundación de la que era parte. Fast Check calificó esta información como #Añejo, ya que los contratos sí existieron, pero se celebraron entre 2019 y 2022, antes de que asumiera como ministra. Arredondo participó en convenios con entidades públicas a través de la empresa Arrendo y Guzmán Ltda. y la Fundación Cultural La Agencia. Sin embargo, según su Declaración de Intereses y Patrimonio, se desvinculó de ambas en 2023, y no figura en documentos posteriores.
En redes sociales se afirmó que el gobierno del presidente Gabriel Boric contrató un transporte para el ingreso de inmigrantes irregulares al país, junto a una supuesta orden de compra como evidencia. Sin embargo, esta afirmación es #Engañosa: si bien la orden de compra es real, fue emitida por la Municipalidad de Arica y no por el Gobierno, además de estar destinada al traslado de funcionarios de salud, no al ingreso de migrantes irregulares.
