El debate sobre la regulación de las desinformaciones tiene adherentes y detractores, unos políticos declaran que es necesario regular las «fake news», mientras otras voces afirman que se «atentaría con la libertad de expresión». ¿Es viable legislar para combatir la información falsa? En este blog de Fast Check CL te mostramos las distintas miradas de los expertos.
Por Fast Check CL
Al menos ocho proyectos se han presentado en el Congreso Nacional desde 2018 para regular las desinformaciones, pero ninguno ha avanzado para ser aprobado.
Desde el comienzo del proceso constituyente las «fake news» han sido un tema hablado y varios actores políticos han planteado legislar para acabar con su circulación.
Sin embargo, estas medidas no concitan el apoyo de todos. Desde otra vereda se asoman los detractores que asocian la regulación como medidas en contra de la libertad de expresión.
¿Atenta con la libertad de expresión?
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) las regulaciones éticas del Estado hacia los medios o la desinformación «instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión».
De hecho la asociación en 2020 instó a los gobiernos a dejar de lado estas medidas afirmando que «la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital».
Además señalaron la importancia de que las plataformas digitales «adopten medidas de autorregulación».
En tanto, en una columna de opinión en el Diario Constitucional de la abogada especializada en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Florencia Bossi, señala que los periodistas tienen un papel fundamental en combatir la desinformación.
Bossi indica que se debe priorizar «el pensamiento crítico» en los usuarios «por sobre las medidas que apuntan a la supresión de contenidos o a las meras sanciones que corren el riesgo de convertirse en censura».
Qué dicen los expertos
Fast Check CL conversó con tres expertos en desinformación para conocer sus miradas sobre la posibilidad de legislar y sancionar las desinformaciones.
El académico de Derecho Informático y de Derecho de la Información, Carlos Reusser, señaló al medio que las desinformaciones en el país «efectivamente se pueden regular».
Afirma que en esos casos se abordaría la presentación falsa de hechos y no de opiniones por lo que «no tiene que ver con perseguir opiniones sino de perseguir falsas representaciones de hechos destinadas a engañar la percepción pública de la realidad», declara Reusser.
Sin embargo, enfatiza que «la legislación debe ser lo suficientemente amplia para que el Estado no se erija como “un sensor de la verdad” persiguiendo a medios de comunicación que compartan desinformaciones».
Sebastián Valenzuela, doctor en Comunicaciones de la Universidad de Texas en Austin y Profesor Asociado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, por su parte, asegura que «nuestro país no tiene las condiciones para tener un debate racional y mesurado sobre la desinformación, ya que hay poca evidencia aún sobre cómo funciona, a quién afecta y cómo afecta».
Por otra parte Enrique Nuñez-Mussa, profesor de Periodismo de la Universidad Estatal de Michigan, señala que no está de acuerdo con persecuciones individuales porque «muchas veces se comparte una desinformación sin mala intención y eso sería tremendamente peligroso».
Lo complejo, indica, es ver quién define qué es verdad o qué no, «porque si esa definición la toma el Estado es profundamente peligroso, como en Arabia Saudita en donde se penaliza compartir desinformación donde el Estado define los parámetros lo que provocaría persecución política».
La experiencia internacional
La Unión Europea (UE) ha estado preocupada de combatir la desinformación a través de medidas como un Código de Buenas Prácticas, donde se enfocan en la autorregulación de las plataformas digitales, es decir, las compañías se suscriben a compromisos de forma voluntaria.
Respecto a esto, Enrique Nuñez-Mussa es enfático en declarar que considera que el caso de la UE más que una regulación es una exigencia a las empresas para que «cumplan con sus políticas en las que estos actores han sido bastantes irregulares».
«Lo que está haciendo la UE es tomar la voz institucional para ponerles un estándar a las empresas para que cumplan con sus reglamentos y para exigirles mayor calidad a un espacio que hoy las personas habitamos», señaló Nuñez-Mussa.
En tanto, Sebastián Valenzuela indica que las regulaciones como las de la Unión Europea son un buen punto de partida: «son acciones basadas mucho más en la autorregulación, la voluntariedad y los códigos de conducta que en la legislación punitiva».
Por último, para Carlos Reusser el Código de las Buenas Prácticas parece una buena medida, pero en el caso de personas o empresas que generan dinero con estas prácticas «deberían tener una sanción más dura que otro tipo de casos».
