Durante su discurso del 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una mesa interinstitucional destinada a abordar las adopciones forzadas o irregulares que afectaron a miles de personas en Chile, hasta antes de 1990. A pesar de existe una estimación de 20 mil personas afectadas, aún no existe un registro oficializado para este número y, por el momento, todavía no existen culpables. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Estado todavía tiene problemas para el reconocimiento de estas víctimas.
Por Fast Check CL
Durante su discurso en la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una mesa interinstitucional para abordar las adopciones forzadas -o irregulares- que ocurrieron en Chile antes de 1990. En su discurso, el mandatario habló de 20 mil personas afectadas por estas prácticas. Sin embargo, la duda quedó instalada, dado que dicho número no está respaldado por fuentes oficiales.
Las adopciones irregulares han sido una preocupación durante décadas, pero cobraron mayor relevancia en 2014, cuando comenzaron a surgir testimonios que revelaban cientos de casos de adopciones realizadas entre las décadas de los ’50 y los ’90.
A la fecha, todavía no hay culpables y las causas siguen frenadas. Dada la antigüedad de ciertos casos, muchos de los testigos o presuntos implicados no están vivos, dificultando las labores investigativas.
Pero, ¿hay un número oficial? ¿de qué trata la mesa interinstitucional? ¿Cuáles son las principales dificultades del caso? ¿Cuánto sabe el gobierno de los afectados? En este explicativo, Fast Check CL aborda una de las deudas pendientes del Estado de Chile.
En búsqueda del número
Las estimaciones de las personas afectadas por adopciones irregulares, entre las décadas de los 50’ y 90’, es cercana a los 20 mil. Aunque el número suele asociarse a información manejada por las asociaciones «Nos Buscamos» o «Hijos y Madres del Silencio», lo cierto es que se trata de una cifra trabajada por quien, en años anteriores, fue ministro en visita de este caso, el juez Mario Carroza.
El número fue obtenido a través de una investigación liderada por Carroza en el año 2017, y está contenido en un informe reservado. Pero, es posible que la cifra actualmente sea mayor, a medida que siguen sumando causas por posible adopciones irregulares.
Consultados por Fast Check CL, desde el Ministerio de Justicia admiten que no se cuenta con un número exacto de personas afectadas:
«Actualmente no existe información desagregada que permita determinar el número de adopciones calificables como forzadas o irregulares, tanto en el extranjero como territorio nacional», comentan desde la cartera.
Hoy por hoy, la búsqueda de personas sigue activa. En conversación con Fast Check CL, Marisol Rodríguez, Presidenta y Fundadora de Hijos y Madres del Silencio (HMS) -agrupación de apoyo para víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños en Chile-, comenta que «tenemos cuadros de búsqueda, que actualmente son de 1,000 personas que se atreven a hacer una búsqueda pública. Ahora, actualmente se están investigando más de mil causas; es decir, una mega causa».
Las 1.100 causas que hace referencia Marisol Rodríguez, residen en la Corte Suprema, apoyadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos que realiza las diligencias.
Sin embargo, los avances por la búsqueda de culpables se encuentra congelada. Fuentes conocedoras explican a Fast Check CL que un eventual registro, oficializado por el Estado, podría permitir catastrar a las personas afectadas, teniendo la posibilidad de emular experiencias como el Informe Rettig o Valech.
Inicialmente se propuso la creación de un Banco de Huellas Genéticas bajo la supervisión del Servicio Médico Legal (SML), para facilitar la búsqueda y reunión de personas con vínculos biológicos que fueron víctimas de adopciones irregulares o ilegales. Sin embargo, dada la dispersión geográfica de las víctimas, algunas en el extranjero, y la falta de una base de datos global de ADN en Chile, esto fue descartado.
De un juez a otro
En marzo de este año, polémica causaron las declaraciones del Ministro en Visita Extraordinario, Jaime Balmaceda, debido a que señaló no haber logrado establecer delitos en el caso de adopciones irregulares. En una entrevista con el diario El País, Balmaceda explicó que «no se han configurado los supuestos legales que permitan procesar a los posibles implicados».
«A mi me parecen muy extrañas sus declaraciones, él muy pocas veces dio entrevistas a medios. Él ya no podía seguir estirando el chicle. Dando estas declaraciones, él no podía seguir. Creo que la presión que se ejercía, porque hay jueves involucrados y agentes del Estado, no podía seguir alargando la causa. Esa es mi impresión», explica Marisol.
Desde hace cinco años, y tras la salida de Carroza, Balmaceda continuó con las pesquisas para esclarecer culpables. Precisamente, HMS presentó una solicitud ante la Corte Suprema para remover a Balmaceda, acusando que con sus declaraciones se estaba pasando a llevar el «derecho a ser juzgado por un juez imparcial». De esta manera, la corte acogió la solicitud y decidió que a partir de junio la causa será liderada por el ministro en visita, Guillermo de la Barra. (Más información aquí).
A la fecha, no hay procesados ni culpables por estos casos. Según detalló el propio Balmaceda en entrevista con El País, «las personas que parecían más involucradas en los hechos y que uno podría haber llegado eventualmente al establecimiento de alguna responsabilidad, hoy están fallecidas».
La identificación de los patrones
El Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que el Estado aún enfrenta dificultades para reconocer como víctimas a los adoptados ilegalmente en Chile.
Según consigna el documento, hay cinco contextos y circunstancias de sustracciones de niños y niñas en Chile: recién nacidos enviados al extranjero, niños y niñas adoptados irregularmente dentro de Chile, víctimas adoptadas por jerarcas de Colonia Dignidad, menores víctimas de desaparición forzada durante la dictadura y embarazadas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
- Lee informe completo aquí.
De las adopciones en el extranjero, existieron dos métodos utilizados para sustraer a los niños y niñas de sus familias biológicas: el primero incluían la entrega de tutela del menor a un tercero por parte del tribunal de menores, permitiendo así que el niño pudiera viajar y ser adoptado según las leyes del país adoptante. Otro método implicaba la inscripción en el Registro Civil de un certificado de defunción falso del niño, lo que facilitaba que los padres adoptivos lo inscribieran como propio en el país adoptante.
El informe también aborda la situación de las víctimas adoptadas dentro de Chile, así como las realidades específicas de Colonia Dignidad y las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Las gestiones del Gobierno
Antes de anunciarlo en la Cuenta Pública, el Ministerio de Justicia conformó la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares, «enfocada en dar respuesta al problema de las adopciones forzadas o irregulares», indica un comunicado de la secretaría de Estado.
Pero aunque la instancia busca interrelacionar a instituciones y organismos, desde Justicia aclaran que «el trabajo de la Mesa no busca dar con la cifra exacta de adopciones forzadas o irregulares, dado que no hay forma de tener un dato certero considerando, además el lapso de tiempo y contexto legal en que aquellas transcurrieron».
Entre las instituciones que participan de la mesa, está el Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Familia, el Servicio Médico Legal, Registro Civil, Servicio de Protección Especializada de NNA y el Sename. La Mesa es liderada por Sthefania Walser -asesora del Ministerio de Justicia- y, como secretario ejecutivo, Ananias Reyes.
La mesa de trabajo se reunió por primera vez el 30 de abril, luego el 28 de mayo. Además, se podrán fijar sesiones extraordinarias cuando la materia a tratar lo amerite. La próxima sesión se llevará a cabo este 25 de junio.
Un camino largo
Otra de las gestiones que ha impulsado el Ejecutivo guarda relación con la reciente gira del Presidente Gabriel Boric a Europa, donde el mandatario se reunión con el Primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson, a modo de suscribir un acuerdo de cooperación entre ambos países.
Entre las principales virtudes que destacan en el Gobierno, es que el acuerdo permitirá compartir información, junto coordinar aquellos casos que comprometan a ambos países.
El Poder Judicial, consigna Ex-Ante, ha identificado 18 países a los cuales fueron llevados los menores adoptados ilegalmente, siendo Suecia uno de los principales destinos, con cerca de 2,100 personas estimadas.
La voluntad política para coordinar un plan de búsqueda se retrotrae, también, a la administración de Sebastián Piñera II, en continuidad con este Gobierno; sin embargo, el camino sigue siendo largo. A 10 años desde que se dieran a conocer los primeros casos, las cifras son indeterminadas de acuerdo al propio INDH. Mientras, en la sede judicial, no hay condenas.
