Por Lissette Fossa
A fines del 2017, la entonces estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Brito, denunció a su profesor Carlos Carmona Santander, por presunto “acoso sexual”, ocurrido en la oficina del abogado. Brito, tal como informó el medio de investigación Ciper en un artículo de mayo del 2018, era ayudante de Carmona en uno de sus ramos y asistía al abogado en algunos casos, trabajando para él. La joven, además, recibía mensajes inapropiados por WhatsApp y caricias y abrazos no consentidos por parte del docente.
La denuncia inició un proceso disciplinario por “vulneración a la probidad administrativa”, cuyo resultado fue dado a conocer en abril del 2018. El sumario resolvió suspender a Carmona con tres meses sin dar clases en la universidad, además de restarle el 30% de su salario mensual.
Carlos Carmona es una eminencia en derecho administrativo. Fue asesor de La Moneda por años, durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Así también fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) entre 2014 y 2019.
Tras conocerse el resultado del sumario, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile decidieron iniciar una toma e incluyeron en su petitorio la salida de Carmona de la universidad. Finalmente, el 29 de agosto de ese año, el abogado presentó la renuncia y salió de la Pio Nono sin número.
Gobierno de Chile contrata a Carlos Carmona
A pesar del escándalo que implicó la acusación y del sumario en su contra, en octubre de este año, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), decidió contratar a honorarios a Carlos Carmona por un monto bruto de $3.864.735.
En la descripción de su función, en el Portal Transparencia, se indica que fue contratado “para la elaboración informe en materias de derecho administrativo”. También se define que la fecha de inicio de su labor fue del 23 de octubre de este año y que el término sería el 31 de diciembre del presente año.
En el Portal de Transparencia Activa, también aparece un documento adjunto titulado “informe de cumplimiento del hito n°1”, con fecha del 4 de noviembre, donde se indica que Carmona realizó “un primer borrador de un informe en derecho en el cual desarrolla y profundiza todos los argumentos contenidos en la acción de inaplicabilidad presentada ante el Tribunal Constitucional”. También se indica que este primer borrador tiene alrededor de 300 páginas.
Este documento es firmado por Christian Valenzuela Lorca, jefe de gabinete de la subsecretaria Macarena Lobos Palacios.
Desde 2010 al 2014, Macarena Lobos fue directora ejecutiva del Programa de asesorías legislativas de Cieplan, think tank ligado a la Democracia Cristiana, partido al cual también es cercano Carmona. Según la nota de Ciper del 2018, “a fines de los ‘80 integró el grupo de los ‘iluminados’, integrado por destacados estudiantes de la Falange, que se reunía en la Fundación Frei bajo la tutela de Gabriel Valdés, quien asumió como presidente del Senado tras el regreso a la democracia” y fue secretario de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Piden la salida de Carmona de Segpres
La contratación de Carmona no pasó desapercibida para los funcionarios de la Segpres. Esta semana, la asociación de funcionarios de la cartera envió un correo electrónico con copia a varios ministros, entre ellos a Álvaro Elizalde, jefe de la cartera de Segpres, y al jefe de gabinete del Presidente de Chile, Carlos Durán, manifestando diversas preocupaciones y necesidades de sus representados, entre ellas, la contratación a honorarios de Carmona.
El correo, al que accedió Fast Check CL, indica que la contratación de Carmona sería una señal “contradictoria” con el discurso del gobierno respecto a casos como el del exsubsecretario Manuel Monsalve.
La actual diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider fue dirigente estudiantil durante de la toma feminista de Derecho y de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2018. Consultada por esta contratación a honorarios de Carmona, señaló a este medio que no comparte esta decisión con la Segpres.
“No comparto la contratación de Carlos Carmona, aunque sea a honorarios y no sea un funcionario de gobierno. Me parece que el caso que él protagonizó fue muy grave, marcó un hito en contra de la violencia de género para el país, porque fue muy mediático y además nos hizo iniciar movilizaciones estudiantiles para exigir una educación no sexista”, señaló Schneider.
“Creo que es un error de la Segpres, con todas sus letras”, añadió la diputada
Renuncia en 2018
Además de la toma feminista en Derecho de la Universidad de Chile, que solicitó en su petitorio la destitución de Carmona, en julio de ese año se sumaron destacadas académicas de la universidad a pedir su salida.
“Hoy es incompatible la permanencia del profesor como académico de la Facultad de Derecho pues no representa los valores éticos necesarios para seguir siendo profesor titular de la Universidad de Chile”, consignaba la carta que firmaron, entre otras académicas, la periodista Faride Zerán, la exministra Laura Albornoz y la escritora Sonia Montecinos.
La demanda contra Carmona, que lideró la actual ministra de Desarrollo Social
A propósito del sumario, la estudiante que denunció a Carmona interpuso, en mayo del 2018, un recurso de protección contra la Universidad para acceder al sumario en contra del académico. Según consignó El Mostrador, en ese recurso, la abogada representante de la alumna era Javiera Toro Cáceres, actual ministra de Desarrollo Social y Familia.
Carmona terminó renunciando el 29 de agosto de ese año, también haciendo pública una carta con sus motivaciones.
“La Escuela necesita que nada la distraiga de sus tareas, deje atrás estos momentos complejos y retome el desafío de formar profesionales de excelencia que vivan y practiquen los principios del Estado Social de Derecho”, señaló en esa ocasión Carmona.
El abogado, según emitió radio Universo y replicó el diario digital El Dínamo en 2018, también había sido acusado por presunto “acoso laboral” por parte de la ex relatora del TC, Paola Molina, querella que finalmente se cerró tras el pago, por parte del TC, de 14 millones de pesos.
