Por Álvaro Marchant
El pasado jueves la exministra de Justicia, Marcela Ríos, bajo su rol como directora para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, presentó su estudio titulado “Violencia Política de Género en la Esfera Digital en América Latina“. El escrito expone cómo las plataformas digitales han dado forma a una nuevas maneras de violencia contra las mujeres que se dedican a la política.
La instancia contó con la presencia de la senadora Paulina Núñez (RN), la presidenta del Frente Amplio (FA) Constanza Martínez, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien fue la encargada de cerrar el evento.
Orellana y la ministra Tohá (PPD), han sido blanco de críticas por el manejo del caso Monsalve, a tal punto que la oposición, en más de una ocasión, pidió la salida del gabinete de la militante del PPD.
La ministra Ríos, sabe lo que es ser criticada por un caso bullado. En 2023, luego de la polémica por los indultos otorgados a personas detenidas en el estallido social, debió presentar su renuncia al gabinete ante las presiones de la oposición y una acusación constitucional que finalmente no se concretó.
Hoy, desde un rol distinto, la Marcela Ríos conversa con Fast Check CL y repasa la situación política del país, entrega su visión de las reformas al sistema político y nombramientos judiciales, y opina acerca del caso Monsalve.
“Me preocupa que demos vuelta la página a una de las crisis más profundas de legitimidad que se ha abierto con el caso Hermosilla”
—¿Cuál es su diagnóstico del escenario político actual, en virtud también de las elecciones que pasaron recientemente?
Yo creo que las elecciones muestran en algún sentido una cierta estabilidad del sistema político. Volvemos a tener una elección donde los partidos más tradicionales tienden a predominar y los partidos nuevos o alternativas más innovadoras como el Partido Republicano, el Partido Amarillo, el Partido Demócrata o el ex Partido de la Gente, que les fue bastante mal, quedan muy fuera. Y se consolida un fenómeno que está presente hace mucho tiempo en Chile, que tiene que ver con la preponderancia de los candidatos independientes.
Esa es una tendencia que viene hace mucho tiempo y se consolida ahora, pero es preocupante porque en algún sentido va deteriorando la capacidad de los partidos de ofrecer propuestas a la gente y para la ciudadanía sigue siendo muy atractivo apoyar candidatos que son, en algún sentido, antisistema o que se dicen fuera de los partidos. Esto deja la elección presidencial muy abierta, y en ningún sentido termina siendo un plebiscito al gobierno.
—Esta semana senadores ingresaron la reforma al sistema político. ¿Ve viable que se discuta en un contexto electoral?¿La considera una modificación urgente?
Primero no me parece que sea un buen momento para esa discusión. Falta muy poco para la elección parlamentaria, las autoridades de gobierno que querían competir ya renunciaron porque los partidos están en pleno despliegue para elegir a sus candidatos, para armar alianzas. Una consideración básica inicial es que en momentos de campaña no son los momentos para tener reflexiones profundas, ni cambiar los incentivos ni las reglas del juego de un sistema político.
Por otra parte, pienso que acá hay soluciones para un diagnóstico que no está sustentado en evidencia. Las soluciones no se condicen con el problema. Las propuestas que se han hecho no son las que resuelven los problemas de fondo. Lo que le falta a esta propuesta de reforma es tener claro qué problemas se quieren solucionar. Creo que ni el umbral, ni los mecanismos para eliminar díscolos del Congreso son las soluciones que resuelven los problemas de fondo del sistema de partido: la falta de disciplina de la bancada, los incentivos para el discolaje, la fragmentación del sistema de partido.
—Tampoco se propone nada en materia de independientes, que es uno problema fundamental del sistema actual…
No se propone nada en temas independientes, en temas de paridad en la representación de mujeres, nada para cerrar las listas y tampoco se busca una solución para el sistema de incentivos, que hoy día está puesto que es más rentable ser díscolo que ser disciplinado.
No hemos tenido ninguna elección legislativa con voto obligatorio y esto está generando cambios muy importantes en la correlación de fuerza. Entonces, mal pueden los partidos tomar decisiones respecto de qué conviene o no al Congreso, cuando no hemos tenido ninguna elección con voto obligatorio.
—¿Usted está a favor del voto obligatorio?
Sí, era un paso necesario para poder incentivar a que casi el 50% del electorado que estaba sin votar participara. Se esperaba que las inscripción automática pudiera tener un efecto en traer al proceso electoral a las personas que no se estaban inscribiendo y que estaban fuera, pero eso no ocurrió y tuvimos elecciones municipales con 36% de participación, elecciones legislativas con 49% de participación, con 51% de participación, entonces también no era sostenible el funcionamiento del sistema democrático cuando tienes a la mitad de los electores fuera del juego democrático
El voto obligatorio ha traído complejidades, riesgos, nuevos desafíos y es un sistema menos estable en términos de incertidumbre electoral, porque ya no votan solo los sectores más politizados sino que vota toda la población. Hoy día tenemos una dinámica con mucha más incertidumbre electoral y eso también es un factor que tiene que ser tomado en cuenta para impulsar reformas.
—Otra reforma que se está discutiendo es al sistema de nombramiento de jueces. ¿Qué opina de la propuesta y de la urgencia de cambiar este sistema?
Esa reforma es mucho más urgente, me preocupa que demos vuelta la página a una de las crisis más profundas de legitimidad que se ha abierto el caso Hermosilla. En algún sentido se trata de dar vuelta la página con los múltiples otros temas que se instalan en el debate público, pero que nos ha dejado en evidencia un sistema que requiere profundos cambios.
Todos los actores del sistema de justicia tienen claridad que hay que buscar mejores formas para el sistema de nombramiento: hay que aumentar los estándares de probidad, transparencia y combate a la corrupción al interior del sistema judicial, no puede ser dejado solo a la autorregulación, porque estamos viendo que no está necesariamente a la altura del estándar que tiene que cumplir el poder ejecutivo, con el control de la Contraloría.
—Cuando usted era ministra ¿detectó que existía una urgencia de impulsar un nuevo sistema de nombramientos?
Esta discusión lleva mucho tiempo y fue un tema central en los dos procesos constituyentes. La Corte Suprema había planteado en sus informes anuales la necesidad también de hacer revisiones. Los especialistas venían planteando hace mucho tiempo el tema, incluso los actores al interior del sistema de justicia.
Yo creo que hace mucho tiempo teníamos la claridad que esto era necesario, pero había una impresión más difusa. Hoy día, estos casos permiten ponerle nombres y caras a procesos que eran más ocultos, pero ciertamente no es algo nuevo, ni algo que pensemos que hay que modificar sólo producto de este caso.
“Es insólito que finalmente gran parte del debate público gire en torno al comportamiento de dos mujeres ministras y no sobre el hombre que está siendo acusado”
—¿Considera que el gobierno ha manejado de buena manera el Caso Monsalve?
Yo no soy analista política de las coyunturas, nosotros estamos aquí para promover, fortalecer la democracia y las elecciones en un sentido amplio. Sobre este caso lo único que puedo decir es que me parece que nos pone de manera patente la necesidad de seguir trabajando en combatir la violencia de género en todas sus formas, en todas las instituciones. Vuelve a poner en el tapete la urgencia de tener protocolos, estándares, mecanismos de denuncia en todas las instituciones, y que esos tienen que ser revisados permanentemente.
—¿Considera justas las arremetidas contras la ministra Tohá y que se responsabilice por la gestión de este caso?
Aquí volvemos a constatar, una vez más, que hay un doble estándar brutal en la forma en que el debate público, las redes sociales y los medios de comunicación tradicional a las mujeres políticas. Es insólito que finalmente gran parte del debate público gire en torno al comportamiento de dos ministras que han hecho su trabajo, y no sobre el hombre que está siendo acusado como victimario en un caso gravísimo. No corresponde y me parece que está está totalmente fuera de lugar. Me parece más una utilización política que cae en una suerte de persecución respecto de mujeres que ocupan cargos de poder.
—¿Es cuestionable la etiqueta del gobierno “feminista”?
Bueno, acá estamos en un contexto de polarización donde todo termina trivializándose, tratando de utilizar todo para sacar un rédito político pequeño, que además dura un día. Es irónico que sectores que siempre han estado en contra del feminismo, y no solo en contra del feminismo, siempre han estado en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: la píldora del día después, del divorcio, de la educación sexual de las niñas y de la paridad, promuevan la igualdad de género, pretendan decir que están defendiendo lo que es ser feminista.
Por otra parte, pienso que el feminismo no está asociado a un sector político, va a existir y seguirá existiendo antes y después que exista un gobierno en particular. Mezclar la discusión sobre el feminismo con una coyuntura política y, además, con un caso tan grave como una violación es una pequeñez y muestra que no hay ningún interés por entender y apoyar los derechos de las mujeres, sino que por sacar un ganancia político.
—¿Es realista para un gobierno calificarse con la etiqueta “feminista”?¿Es posible mantenerlo?
Bueno, esa es una discusión legítima que se puede plantear. Yo creo que los gobiernos pueden plantearse como feministas y en pro de la igualdad. Obviamente, que la sociedad podrá evaluar si cumplieron o no con esas propuestas, pero no sería el primer gobierno que se declare así, ni la primera política que se declare en ese sentido. Es totalmente legítimo que un gobierno lo pueda hacer. Más allá de que tenemos que entender que el feminismo no se agota en un gobierno, en un partido, en un movimiento, en una organización.
—Por ejemplo, con respecto a la denuncia contra el presidente. ¿Lo considera un foco a seguir o es simplemente una acusación sin asidero? ¿Cuál es su perspectiva de eso?
No estoy al tanto del detalle pero yo sí creo que por lo que hemos visto en la prensa pareciera que esto obedece más a intereses que no necesariamente son de la víctima, sino que es un proceso bastante enredado. Lo importante en este caso, como en cualquier caso de una denuncia de este tipo, es que las instituciones funcionen rápido y que puedan esclarecer la verdad para que den tranquilidad a la sociedad, más allá de lo que estamos viendo hoy día pareciera no tener mucho fundamento y parece ser algo más bien instigado.
Queda esperar que rápidamente podamos tener indicios de si esto siquiera amerita el ruido que ha tenido, y si no lo amerita es muy importante el rol de los medios de comunicación porque muchos, algunos muy irresponsablemente, han difundido ampliamente todo tipo de hipótesis, de información, y lo que pasa con el clima de desinformación es que a menudo un escándalo, una denuncia, se transforma en titular, pero después cuando finalmente sabemos la verdad de lo que ocurrió, la noticia del resultado del proceso no está en ninguna parte. Es muy importante que en un caso como este ojalá podamos tener una cobertura efectiva, para que todos podamos entender cuál ha sido la resolución por parte de las instituciones.
—¿Cómo es vivir una crisis al interior de La Moneda? ¿Qué tanto impacto pueden tener casos de esta índole?
Mire, yo nunca he trabajado en La Moneda, así que no te podría responder. No tengo opinión sobre aquello.
—Está bien, pero usted fue parte del gobierno ¿Qué tanto influye un caso así?
Mira, no es algo que haya estudiado ni que tenga competencia para opinar sobre ese tema, así que no te podría dar una respuesta.
“Las personas quieren respuestas inmediatas a problemas complejos y la democracia no es la forma más rápida de resolver las cosas”
—Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el auge de movimientos de ultraderecha en Europa y la alta valoración que tiene Bukele acá en Chile, ¿de alguna manera cree que es una señal de que los sistemas democráticos no están dando respuesta a ciertas necesidades de la gente?
La democracia está enfrentando un momento crítico, en el sentido de que tenemos menos democracias que antes, y además hay un desempeño peor en todas las dimensiones a nivel mundial. Y en América Latina llevamos ocho años prácticamente de estancamiento, de retroceso democrático.
Efectivamente estamos en un momento histórico global particularmente preocupante para las democracias. Tiene que ver con muchos factores, entre ellos que hay una suerte de insatisfacción de los ciudadanos y las ciudadanas con la política, que se traspasa a la democracia. En América Latina estamos teniendo retrocesos muy importantes en materia de estado de derecho, de libertades y de derechos. Y este deterioro democrático es anterior al COVID, pero se ha profundizado en estos últimos años.
—¿Cree que quizás los sistemas democráticos no han logrado dar respuesta y han, en el fondo, empezado a decaer un poco?
Yo no sé si los sistemas democráticos no dan respuesta. El problema no es la democracia. Creo que los estados, independientemente de que sean democráticos o no, a nivel mundial hay un momento de multicrisis, de transformación, crisis climática, temas de seguridad.
Hoy día en particular los tiempos de la ciudadanía son muy cortos. Las personas quieren respuestas inmediatas, quieren muchas veces soluciones fáciles a problemas complejos y la democracia no es la forma más rápida de resolver las cosas. Entonces, ahí sí hay un desfase que está entre las expectativas de inmediatez de las personas y las formas en que está pensada la democracia para funcionar adecuadamente.
