Desbordes acuerda suspender procedimiento de cobro contra diputado republicano que adeuda $11 millones en horas extras irregulares a Santiago

La medida fue tomada de mutuo acuerdo con la defensa y paralizó por 60 días el procedimiento de cobro de $11 millones en horas extras irregulares detectadas por Contraloría en 2021, cuando el diputado Agustín Romero ejercía como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la gestión Alessandri. No obstante desde el municipio aseguran que "la nueva administración no tiene la intención de modificar el curso de estas acciones legales".
Desbordes acuerda suspender procedimiento de cobro contra diputado republicano que adeuda $11 millones en horas extras irregulares a la Municipalidad Santiago

A pesar de que desde diciembre es el nuevo alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) sigue penando en la Municipalidad de Santiago y dando trabajo, sobre todo, a la dirección jurídica del municipio.

Durante su gestión (2016-2021), la Contraloría detectó irregularidades en millonarios pagos en horas extras a funcionarios de confianza del exalcalde Alessandri.

Los dos nombres más prominentes siguen ligados a la política y aún no pagan las horas extras adeudadas, a pesar de que se tramitan causas civiles y una querella penal en su contra.

Uno de ellos es el exadministrador municipal, Juan Francisco García Mac-Vicar, recientemente fichado por Max Luksic para trabajar en el mismo puesto en Huechuraba, tal como reveló Fast Check CL. Según Contraloría, García adeuda $29 millones a la Municipalidad de Santiago.

El segundo deudor es Agustín Romero Leiva, diputado republicano que ejerció como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago con Alessandri. Según Contraloría, Romero debe regresar $11.320.978 en horas extras irregulares.

A pesar de que la gestión de Irací Hassler (PC) intentó recuperar el dinero, llegando a presentar una querella por fraude al fisco, el diputado Romero no se ha dado por aludido. En 2023, aseguró a Interferencia no haber sido notificado de la citación de la municipalidad para hacer la devolución del dinero. 

Romero ha insistido en esta versión en tribunales, donde se tramita el procedimiento de cobro desde noviembre de 2023. 

Acuerdo entre la Municipalidad de Santiago y la defensa de Agustín Romero para suspender el cobro de $11 millones en horas extras irregulares.
Acuerdo entre la Municipalidad de Santiago y la defensa de Agustín Romero para suspender el cobro de $11 millones en horas extras irregulares.

Municipalidad de Santiago solicita suspensión del cobro de horas extras irregulares

En junio de 2024, Agustín Romero no llegó a conciliación con el municipio. En octubre del mismo año, la defensa del republicano solicitó la prescripción del cobro, acusando que el municipio demoró más de dos años en notificarlo y que la causa debió llevarse ante un tribunal laboral.

Sin embargo, ello no había impedido que el procedimiento de cobro por los $11 millones siguiera su curso. 

Eso hasta el pasado 31 de diciembre, cuando la Municipalidad de Santiago, bajo la nueva gestión de Mario Desbordes (RN), llegó a un acuerdo con la defensa del diputado Romero para suspender temporalmente el cobro de las horas extras irregulares.

En un breve escrito, el municipio y Romero señalaron que de “mutuo acuerdo, venimos en suspender el procedimiento en curso por 60 días hábiles contados desde la fecha de presentación del presente escrito”. 

La solicitud fue acogida por el tribunal. De este modo, el procedimiento se reiniciará el miércoles 12 de marzo de 2025.

Consultamos a la Municipalidad de Santiago por esta decisión y la estrategia para lograr que Romero regrese los $11 millones. Desde el municipio señalaron que: “A la fecha, la nueva administración no tiene la intención de modificar el curso de estas acciones legales“.

Respecto al acuerdo para suspender el procedimiento por 60 días, desde el municipio aseguran que lo hicieron de común acuerdo, pero que es una solicitud que “usualmente se hace, a proposición de cualquiera de las partes”. 

Sin embargo, declinaron detallar la decisión alegando que “la Dirección Jurídica no puede comentar las decisiones de la tramitación judicial, sin perjuicio de que tanto sus pasos procesales como resoluciones son públicos”.

Por parte del diputado Romero, declinaron dar declaraciones.

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