Política de actualización (17/01/2025): Tras la publicación de este reportaje, Fiscalía contactó a Fast Check CL para aclarar que si bien “la desaparición de Julia Chuñil se produjo antes de estar vigente (noviembre pasado), tanto el Ministerio Público como las demás instituciones parte del Protocolo, actuaron como si este se encontrara en vigor, lo que implicó una rápida coordinación entre el Ministerio Público, policías, Poder Ejecutivo, entre otros, para realizar las diligencias pertinentes en un caso como este”. Por ello, se cambió el verbo del titular de “activar” por “anunciar”.
Han pasado dos meses desde la desaparición de la defensora medioambiental mapuche Julia Chuñil, de quien se perdió el rastro cuando buscaba a sus animales extraviados.
Sus familiares denunciaron los hechos a través de una querella en diciembre. En el escrito, se apunta a un conflicto con un empresario local por las tierras que habitaba Chuñil y la comunidad indígena Putraguel en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
El Ministerio Público no se había pronunciado respecto a las diligencias de búsqueda hasta el pasado 13 de enero, cuando el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció la aplicación de un protocolo internacional para la búsqueda de Chuñil.
Considerando la tardanza de un mes en la confirmación de la aplicación de este protocolo, Fast Check CL consultó a la fiscalía por la razones.
Protocolo internacional para la búsqueda de Julia Chuñil entró en vigencia un mes y medio después de su desaparición
Desde la Unidad Especializada en Derechos Humanos de Fiscalía Nacional confirmaron que el protocolo tiene su origen en la adhesión del Estado de Chile al Acuerdo de Escazú. Si bien la suscripción al tratado internacional sucedió hace dos años, según el Ministerio Público la elaboración y puesta en marcha del Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos dependía del Ministerio de Justicia. Específicamente, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En este sentido, desde Fiscalía explicaron que el protocolo entró en vigencia el pasado 27 de diciembre, por lo que hasta ahora no habían podido anunciar su aplicación para la búsqueda de Julia Chuñil.
Por ello, consultamos a la Subsecretaría de DDHH por la puesta en marcha del protocolo y la razón de su tardanza en entrar en vigencia.
Desde la subsecretaría nos señalaron que “la implementación de este protocolo involucró un proceso riguroso y participativo, diseñado para garantizar su eficacia y sostenibilidad en el tiempo”.
Según el comunicado que hicieron llegar a esta redacción, “a partir del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, se realizó un diagnóstico exhaustivo de los cinco pilares establecidos por el acuerdo, incluyendo el pilar específico sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”.
De este modo, entre julio de 2023 hasta febrero de 2024 se realizaron diversos procesos participativos “para afinar los detalles del protocolo desde una perspectiva inclusiva y representativa”.
Además, desde noviembre de 2022, la Subcomisión por Defensores de Derechos Humanos trabajó en la elaboración de la propuesta del protocolo. Según la subsecretaría, “este grupo sesionó regularmente hasta diciembre de 2023, alcanzando un texto consensuado que fue sometido a revisión por cada una de las instituciones y aprobado en abril de 2024”.
Sin embargo, una vez aprobado “se estableció un período de vacancia hasta el 27 de diciembre de 2024 para cumplir con dos objetivos fundamentales:
- Difusión: Asegurar que directivos, funcionarios y demás personal involucrado comprendieran los alcances y procedimientos del protocolo.
- Preparación operativa: Implementar las herramientas tecnológicas y fortalecer las redes territoriales necesarias para garantizar su funcionamiento efectivo”.
De este modo, fue que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de DDHH entró en vigencia recién el 27 de diciembre de 2024, cuando se cumplían casi dos meses de la desaparición de Julia Chuñil.
Para la Subsecretaría de DDHH, “el tiempo transcurrido desde la adhesión al Acuerdo de Escazú hasta la entrada en vigor del protocolo refleja el compromiso del Estado de Chile con garantizar un proceso inclusivo, participativo y técnicamente robusto para la implementación de este mecanismo clave en la protección de los derechos humanos”.
