Han pasado casi dos años desde que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ordenó la paralización de Minera Imperial, dedicada a la extracción de áridos en Rinconada de Maipú, por la emisión de contaminantes en un terreno aledaño al Liceo Reino de Dinamarca. En aquella ocasión, mediciones de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) detectaron la concentración de cuarzo en aire, un contaminante que puede producir graves enfermedades pulmonares, como la silicosis.
A la contaminación se sumaron denuncias por afectación al medioambiente en el terreno explotado, las que decantaron el pasado 24 de diciembre en una demanda por reparación de daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Imperial y su propietario Jorge Alejandro Soto Ponce.
En el escrito, admitido a tramitación en el Segundo Tribunal Ambiental el 31 de diciembre, el CDE acusa a Jorge Soto de la destrucción de propiedades físicas y químicas del suelo, privación de servicios ecosistémicos de soporte y regulación, menoscabo de la biodiversidad y contaminación del aire con material particulado.
Según el escrito, el daño causado es irreparable y provocó la pérdida irreversible de la calidad del suelo dañado, así como del hábitat y biodiversidad original.
“Se han afectado 83 hectáreas altamente productivas en términos agrícolas”, apunta el Consejo.
Respecto al material particulado, según el CDE, en Rinconada de Maipú “durante veinte años se ha generado un riesgo continuo para la salud de los trabajadores de la faena, así como para la comunidad local próxima, riesgo no mitigado, reparado o compensado, que deviene en una variable más del daño ambiental causado por la actividad desarrollada por Minera Imperial”.
Considerando que se trata de una demanda por reparación de daño ambiental, el CDE exige que Minera Imperial realice una serie de planes de mitigación, reparación y compensación valorados en $1.323 millones.
En mayo de 2024, Ciper publicó el artículo “Minería y extracción de áridos en Maipú: un negocio contaminante que no paga patente ni se somete a evaluación ambiental”, donde se exponen gran parte de los argumentos entregados por el CDE para denunciar a Minera Imperial.
Silicosis
Uno de los puntos centrales en la cobertura mediática del caso ha sido la contaminación del aire. Hecho respaldado en dos mediciones del Laboratorio de Higiene Industrial de la ACHS de diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Según el CDE, el movimiento de tierra y la labor de carga en los camiones levanta material particulado. Específicamente, el cuarzo en el aire es un contaminante que puede provocar enfermedades pulmonares incurables como la silicosis.
En esta línea, la demanda destaca que la contaminación con cuarzo llegó a provocar la suspensión del inicio del año escolar 2023 en Liceo Reino de Dinamarca, motivado por los informes de la ACHS antes mencionados.
En este sentido, la demanda apunta a que “lo anterior representa un riesgo inaceptable a la vida humana y a la salud tanto de los trabajadores de la faena como a la población cercana, en especial estudiantes, profesores y colaboradores académicos del Liceo Reino de Dinamarca, la cual debe ser mitigada adecuadamente y, en caso de no serlo, ser causa de la suspensión o cese de la faena”.
Minera Imperial: alteración del suelo hasta “hacer” un humedal
El Consejo de Defensa del Estado también apunta a la alteración de las propiedades del suelo explotado, destinado a la preservación ecológica y considerado de interés agropecuario por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Según el CDE, en el área concesionada Minera Imperial provocó la “remoción completa de la capa vegetal del suelo y modificación de las características fisicoquímicas del mismo, en una extensión de al menos 83 hectáreas de superficie de suelo productivo”.
De este modo, se habría eliminado totalmente de la cobertura vegetal, afectando a su estructura y composición física, “provocando un daño ambiental, acumulativo, permanente e irreparable”.
El CDE solicitó un informe al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el que concluyó que producto del daño ambiental causado provocó la aparición de “condiciones compatibles para la formación de un humedal dada la presencia de vegetación hidrófila, la cual se relaciona con suelos permanentemente saturados de agua”.
Vale decir, que la alteración del ecosistema producto de la extracción de áridos provocó la pérdida de infiltración e impermeabilización del suelo. Según el CDE, ello “explicaría la aparición de ojos de agua y la generación de ecosistemas propios de humedales caracterizados por presencia de agua en superficie, de suelo saturado y vegetación hidrófita”.
Minera Imperial opera sin evaluación ambiental
En línea con la alteración del suelo, la demanda cita el proceso sancionatorio que lleva a cabo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de Minera Imperial desde marzo de 2023. El pasado 10 de enero concluyó su etapa de investigación.
Ahora bien, en la formulación de cargos, la SMA imputó a la minera de Jorge Soto Ponce de ejecutar un proyecto de extracción de áridos sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental.
Al respecto, el CDE aclara que, si bien Minera Imperial cuenta con la pertenencia minera respectiva, cuando el volumen extraído supera los 100 mil metros cúbicos, la empresa debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), hecho que -a la fecha de publicación de este artículo- no ha sucedido.
Es más, Soto Ponce ingresó una consulta de pertinencia al SEIA en enero de 2020. En marzo de 2023, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respondió que debía ingresar obligatoriamente a evaluación.
Corredor biológico
La demanda del CDE también apunta a la afectación de un “corredor biológico”, considerando que el terreno explotado por Minera Imperial se ubica en un área que conecta las zonas urbanizadas de Maipú con el Santuario de la Naturaleza de la Quebrada de la Plata.
“Dicho corredor y zona de amortiguación ha sido eliminado, lo que incide en el proceso histórico de fragmentación de hábitat en la comuna de Maipú, causado por la creciente presencia de áreas urbanizadas, que ha llevado a la degradación progresiva de lo que fue un área extensa y continua de hábitat, de la que solo quedan fragmentos, como son el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata (además de los humedales El Pajonal, Sistema de Humedales Mapocho-El Trebal y Los Maitenes)”, afirma el escrito.
En otras palabras, “el suelo rural que antiguamente era un hábitat extenso de 83 hectáreas de espacio para alimentación y descanso de la avifauna y conectaba al sistema de humedales de Maipú con el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata, ha desaparecido o se ha reducido de manera drástica”.
