A finales de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de decretos prometidos durante su campaña, uno de ellos: el que niega la posibilidad de que hijos de inmigrantes indocumentados accediera a la nacionalidad estadounidense, argumentando que era un principio solo de ciudadanos del país.
Con cierta celeridad distintos tribunales del país norteamericano comenzaron a movilizarse para bloquear de manera temporal el decreto. Por otra parte, medios de comunicación de Estados Unidos, difundieron que los dichos de Trump no eran del todo cierto.
Según la Biblioteca Jurídica del Congreso de Estados Unidos, 30 países del mundo reconocen la nacionalidad por derecho a nacimiento sin ningún tipo de restricción, por lo que independiente de la situación migratoria de los padres.
En dicha instancia, Donald Trump apuntó a que “es ridículo. Somos el único país del mundo que hace esto con el derecho de nacimiento, como saben, y es absolutamente ridículo”.
De los 30 países que otorgan el ius solis (derecho a suelo), 26 se encuentran en América, informó el medio alemán Deutsche Welle. Asimismo, gran parte de esas naciones otorgan la nacionalidad sin ninguna restricción, diferente al resto del mundo donde existen una serie de requisitos que deben ser cumplidos.
El portazo de la Corte de Apelaciones a la prohibición de Trump
Así las cosas, el 19 de febrero el 9° Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó una solicitud de emergencia impulsada por el Departamento de Justicia que pretendía levantar la suspensión que un juez de Seattle había aplicado al decreto del presidente, argumentando que el mismo era inconstitucional.
El panel del 9° circuito —integrado por un juez designado por Trump, uno por Jimmy Carter y uno por George W. Bush— explicó que la revisión detallada del caso se realizará en dicha corte y se programó para junio. Esta situación será la primera en ser analizada por un panel de apelaciones.
En uno de los documentos presentados por el Departamento de Justicia se afirma que el decreto sobre nacionalidad por derecho de suelo contemplaba “una parte integral del esfuerzo más amplio del presidente Trump para reparar el sistema de inmigración de Estados Unidos y abordar la crisis en curso en la frontera sur”.
Según informó CNN, la mayoría del panel del 9° Circuito señaló que este no se trata de un caso “inmigración”, sino que se trata de derechos de la ciudadanía que la Décimo Cuarta Enmienda y el estatuto federal intencional colocan más allá de las atribuciones del presidente.
