Tras un largo gallito judicial, la Corte Suprema ordenó a la Fuerza Aérea (FACH) entregar dos reglamentos internos calificados como secretos militares al Ministerio Público en el marco de la investigación de la tragedia del Hércules C-130, avión que cayó en el Mar de Drake, cerca de la Antártica, con 38 ocupantes civiles y militares en diciembre de 2019.
Se trata de una pieza considerada clave para la Fiscalía de Magallanes en el proceso de determinar responsabilidades en la cadena de mando que concluyó con la caída del avión en su viaje a la Base Antártica Eduardo Frei Montalva.
La FACH se había negado a entregar la información al fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema estableció que lo expuesto por parte de la FACH no deja en claro que el envío de los reglamentos requeridos “constituya una transgresión a lo establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, y de esa manera se pudiese ver afectada -como se expuso en el informe-, la seguridad nacional”.
En esta línea, el máximo tribunal argumentó que el Ministerio Público aseguró que la “información se encontraría a resguardo” en sus manos.
Nuevos formalizados en el caso Hércules C-130
En diciembre de 2024, a cinco años de la caída del Hércules, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó al general (r) de la FACH, Roberto Avendaño, ordenando su arraigo nacional. El general es imputado por la fiscalía del homicidio culposo de los 38 ocupantes del avión.
En audiencia, la Fiscalía Regional de Magallanes argumentó que el exgeneral Avendaño sería responsable de haber certificado la operatividad del Hércules C-130, pese a que no cumplía las condiciones técnicas para efectuar vuelos.
Sebastián González, fiscal jefe de Punta Arenas, indicó que Avendaño “ejercía el cargo de jefe de Estado Mayor General de esta rama de las Fuerzas Armadas y a quien nosotros atribuíamos participación en el conocido y desgraciado accidente”.
