Las claves del fallo contra Isabel Allende: estos fueron los argumentos del Tribunal Constitucional

El día de ayer, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia oficial sobre el polémico caso de la destitución de Isabel Allende como senadora. Un punto que ha generado tensión dentro de la izquierda es el voto a favor de la moción por parte de dos ministras del tribunal que fueron designadas por el Gobierno.

El día de ayer, el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer el fallo oficial en torno a la moción interpuesta por el Partido Republicano y Chile Vamos para destituir a Isabel Allende de su cargo de senadora.

A través de un documento oficial, el TC transparentó su fallo a favor de la moción que surgió a partir del reportaje publicado por Fast Check CL sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, por ocho votos contra 2. En este, se inhabilita a Isabel Allende de ejercer cargos públicos por un periodo de dos años.

Cabe recordar que los abogados de Isabel Allende, Gabriel Osorio Vargas Paula Vial Reynal, cuestionaron que se haya anunciado la decisión del TC sin antes conocerse el fallo que constatara los argumentos.

Los argumentos del TC para destituir a Isabel Allende

En el documento de 80 páginas de extensión, el TC dio a conocer en detalle los argumentos por los cuales dictaminaron el cese del cargo de senadora para Isabel Allende. La moción fue acogida de forma predominante por los miembros del TC, sin embargo, dos de ellas han generado una constante tensión política en el oficialismo.

Se trata de Daniela Marzi Muñoz, Presidenta del Tribunal Constitucional, y Nancy Yañez Fuenzalida, ambas designadas directamente por el Presidente Gabriel Boric para formar parte de este organismo y que votaron a favor de destituir a Allende.

Son, principalmente, seis argumentos los cuales entregaron desde el Tribunal Constitucional para justificar la decisión.

Los argumentos

En primer lugar, a pesar de que la senadora firmó a través de un representante, el Tribunal asegura que sí hubo un contrato con el Estado, lo cual está prohibido por la Constitución.

Por otro lado, se argumentó que, si bien el proceso administrativo no había terminado, el contrato se firmó de manera efectiva el 30 de diciembre, lo cual basta para señalar que fue “celebrado”. Asimismo, indica el texto, existió una negociación del precio, reflejando acuerdo entre las partes, por tanto, completo conocimiento del trato.

En tanto, el argumento principal se enmarca en el artículo 60, inciso segundo de la Constitución. Allí se indica explícitamente que “(…) cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. A través de este argumento, el Tribunal Constitucional argumenta que, a pesar de que Isabel Allende fue elegida democráticamente, su actuar sigue infringiendo lo establecido en la norma.

Para reforzar esta idea, los miembros del Tribunal Constitucional citan algo dicho por Jaime Guzmán cuando la norma estaba en discusión:

“Durante la discusión de esta norma, según consta en las actas oficiales de 1978 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República, el comisionado Jaime Guzmán, señaló que esta causal de cesación busca evitar el ‘aprovechamiento de la influencia del cargo para fines de índole económica, personal, o de gestión en beneficio de terceros'”.

Esta cita, vendría a reforzar el argumento que plantea que, independiente de si hubo o no intención en esta compra, la Constitución plantea una norma clara que busca evitar conflictos de interés.

Este es un resumen de los argumentos planteados por el TC:

  • La celebración del contrato de compraventa se considera un acto comprendido en la prohibición constitucional.
  • El significado del verbo “celebrar” se interpreta como la suscripción de la escritura pública, momento en el cual se manifiesta la voluntad de las partes.
  • La naturaleza administrativa del contrato y la necesidad de un decreto aprobatorio no desvirtúan la celebración del contrato para efectos constitucionales.
  • El argumento de que se trataba de un contrato de adhesión fue rechazado, ya que en la compraventa de un inmueble las partes deben acordar los elementos esenciales como el precio.
  • La existencia de una partida presupuestaria para la adquisición no exime a la parlamentaria de la prohibición constitucional
  • La cesación en el cargo es una consecuencia directa establecida por la Constitución ante la infracción de esta prohibición, y no una vulneración de la voluntad democrática.

Revisa aquí el documento completo con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Fast Check CL es un medio de comunicación, que depende de sus suscriptores para financiar el equipo de trabajo que hizo este artículo. Sin ti este proyecto finalizará en 2025. Puedes ser suscriptor/a y ayudarnos a combatir la desinformación en Chile por solo 1.500 al mes. 

Te puede interesar:

Los Ríos

Testimonios detallan cómo exfuncionario del GORE de Los Ríos vendió madera fiscal a un precio siete veces menor que su valor real

La Fiscalía de Los Ríos solicitó cinco años de presidio menor en su grado máximo, una multa superior a los $8 millones y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos contra Ernesto Espinoza Navarrete, exjefe de la División de Fomento e Industria del GORE de Los Ríos, acusado de fraude al Fisco por la venta irregular de madera fiscal. Según la investigación y una querella del Consejo de Defensa del Estado, Espinoza habría autorizado la tala y venta de 34 árboles pertenecientes al GORE a un particular por $2,1 millones, pese a que su valor real superaba los $17,8 millones. Testimonios recogidos en la investigación -a los que accedió Fast Check CL- describen cómo el exfuncionario habría negociado y recibido el dinero en efectivo, sin documentación ni registro institucional.

Licitación

Armada externalizó funciones propias de la institución a empresa de un exoficial: Contraloría ordenó un sumario

La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) tras observar que delegó en la empresa Germán Maturana Prat E.I.R.L.—cuyo titular es exoficial de la institución—funciones que deberían realizar sus propios funcionarios. Según registros revisados por Fast Check CL, desde 2021 la empresa ha sido la única adjudicataria de licitaciones para asesorías en compras públicas, incluyendo redacción de bases, gestión de contratos y respuesta a reclamos.

Estafa

Se hacía pasar por ministro de la Corte Suprema: así engañaron a funcionarios del Poder Judicial para suplantarlos y pedir dinero

La Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó una querella por estafa frustrada, usurpación de cargo público y fraude informático tras llamadas en las que un desconocido se hizo pasar por un ministro de la Corte Suprema. El impostor pidió correos y números institucionales para «enviar un PDF reservado» y luego intervino las cuentas de WhatsApp de los funcionarios, desde donde solicitó dinero a sus contactos.

Últimos chequeos:

“Hacen referencia a una condena que tuvo que cumplir Jara por el mal uso de recursos públicos cuando fue Core”: #Falso

Un video en TikTok asegura que Jeannette Jara fue condenada por el mal uso de fondos públicos mientras fue consejera regional de La Araucanía. Sin embargo, esto es completamente #Falso. La desinformación —que ya circuló un mes atrás—, confunde a la actual candidata presidencial con una exCore de La Araucanía que fue formalizada por dicho delito en 2013. Por lo demás, Jeannette Jara nunca se desempeñó en dicho cargo y desde su comando desmintieron la información.

(Video) “Parisi se adelanta a la segunda vuelta y da su apoyo a Jeannette Jara”: ‘Yo no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa… Jara gana’: #Engañoso

Un video viral muestra a Franco Parisi diciendo: «Yo no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa… Jara gana», dando supuestamente su apoyo a la candidata oficialista para una eventual segunda vuelta. Sin embargo, esto es #Engañoso, ya que si bien menciona dicha frase, la hace en referencia al pensamiento de los votantes —es decir, tercera persona—, no a su opción personal.

Licitación

Armada externalizó funciones propias de la institución a empresa de un exoficial: Contraloría ordenó un sumario

La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) tras observar que delegó en la empresa Germán Maturana Prat E.I.R.L.—cuyo titular es exoficial de la institución—funciones que deberían realizar sus propios funcionarios. Según registros revisados por Fast Check CL, desde 2021 la empresa ha sido la única adjudicataria de licitaciones para asesorías en compras públicas, incluyendo redacción de bases, gestión de contratos y respuesta a reclamos.

“Hacen referencia a una condena que tuvo que cumplir Jara por el mal uso de recursos públicos cuando fue Core”: #Falso

Un video en TikTok asegura que Jeannette Jara fue condenada por el mal uso de fondos públicos mientras fue consejera regional de La Araucanía. Sin embargo, esto es completamente #Falso. La desinformación —que ya circuló un mes atrás—, confunde a la actual candidata presidencial con una exCore de La Araucanía que fue formalizada por dicho delito en 2013. Por lo demás, Jeannette Jara nunca se desempeñó en dicho cargo y desde su comando desmintieron la información.

Los Ríos

Testimonios detallan cómo exfuncionario del GORE de Los Ríos vendió madera fiscal a un precio siete veces menor que su valor real

La Fiscalía de Los Ríos solicitó cinco años de presidio menor en su grado máximo, una multa superior a los $8 millones y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos contra Ernesto Espinoza Navarrete, exjefe de la División de Fomento e Industria del GORE de Los Ríos, acusado de fraude al Fisco por la venta irregular de madera fiscal. Según la investigación y una querella del Consejo de Defensa del Estado, Espinoza habría autorizado la tala y venta de 34 árboles pertenecientes al GORE a un particular por $2,1 millones, pese a que su valor real superaba los $17,8 millones. Testimonios recogidos en la investigación -a los que accedió Fast Check CL- describen cómo el exfuncionario habría negociado y recibido el dinero en efectivo, sin documentación ni registro institucional.