«La fundación ya no tiene recursos para seguir operando». Así justificaron el despido masivo hecho por ProCultura mediante una reunión de Zoom el 17 de noviembre del 2023 a las ocho de la mañana. Se trató de una reunión masiva encabezada por Alberto Larraín y Constanza Gómez, en que, a raíz del caso Convenios, se anunció que la fundación cerraría sus puertas e iba a cesar sus operaciones.
Según un rastreo de esta redacción, 151 extrabajadores han presentado demandas laborales contra la fundación ProCultura. Acusan despidos injustificados y el incumplimiento en el pago de indemnizaciones. Son causas individuales y colectivas que, más allá de lo legal, buscan reparar el daño personal y profesional por haber perdido sus empleos sin compensación y la sensación de haber quedado con sus trayectorias profesionales manchadas.
Fast Check CL se puso en contacto con algunos de los afectados, quienes confesaron que más allá del daño monetario, esto ha generado efectos negativos en términos de salud mental. Juicios, pérdida de confianza entre colegas, dificultades en encontrar un nuevo puesto laboral; son algunos de los efectos colaterales del caso ProCultura que salpicó a cientos de personas que se desempeñaron como simples trabajadores o, como los denominaba la fundación, colaboradores.
El conflicto de los ex trabajadores de ProCultura
Fast Check CL detectó más de veinte acciones judiciales que acumula actualmente ProCultura por parte de quienes fueron trabajadores de la ONG. Son demandas laborales, las cuales acusan principalmente despidos injustificados, incumplimiento en el pago de indemnizaciones y subcontratación. Esta situación afectó transversalmente a los funcionarios de la fundación, tanto a quienes trabajaban con boletas de honorarios como los contratados a fijo o a plazo.
Fast Check CL tuvo acceso a las demandas laborales contra ProCultura. Si bien muchas de ellas ya cuentan con una sentencia, no todas son favorables a la parte demandante, en este caso, los extrabajadores. Asimismo, algunas a pesar de tener resolución se encuentran en estado de impugnación, es decir, con posibilidades de que la parte condenada apele.
Aún existen causas en tramitación, incluso algunas ni siquiera han tenido su primera audiencia. Entre ellas se encuentra una demanda colectiva que agrupa a más de cincuenta extrabajadores de ProCultura quienes reclaman el pago de su indemnización.
Esta redacción intentó contactar a Alberto Larraín para consultar si la fundación ha pagado las indemnizaciones a los extrabajadores que ganaron demandas en su contra. Sin embargo, no respondió a nuestras llamadas.
Los relatos de quienes vivieron el quiebre
Repentinamente y con proyectos aún en marcha, cientos de funcionarios de ProCultura fueron desvinculados. Entre ellos, Alicia, quien prefirió mantener su nombre real en reserva. Si bien el caso Convenios explotó en junio de 2023, el proyecto en el cual trabajaba Alicia seguía en funcionamiento y tenía financiamiento hasta diciembre de ese año.
Ella, junto a su equipo, creían que a pesar de la falta de recursos de la fundación, el proyecto seguía siendo viable en el plazo que se había estimado, ya que habían diversas comunidades educativas recibiendo servicios de la fundación. «Es súper heavy emocionalmente dejarlos botados de un rato para otro, porque finalmente la cara con las comunidades éramos los trabajadores», cuenta Alicia.
Si bien ella ha sentido el impacto económico de no haber recibido el dinero correspondiente a su finiquito, asegura que los daños no son solo económicos, sino que profesionales e incluso psicológicos. Cuenta que tras su despido acudió a la Asociación Chilena de Seguridad (Achs): «yo fui porque estaba con los nervios de punta», asegura Alicia, quien a causa del incidente relacionado con ProCultura tuvo que tratarse de manera particular con un psiquiatra y medicarse con antidepresivos durante dos años.
En paralelo, otra funcionaria de un área distinta, también ha sufrido consecuencias más allá de lo económico. En resguardo de su identidad y para efectos de este artículo, la llamaremos Belén. Ambas mujeres se enteraron del despido de la misma forma: una reunión con todos los trabajadores de ProCultura a través de una videollamada por Zoom.
Actualmente Belén también se encuentra en un proceso judicial en contra de ProCultura por un monto millonario que la fundación no le pagó al momento del despido. En su caso, ella contaba con clientes permanentes con los cuales trabajaba de manera particular antes de firmar con ProCultura.
«Ha sido un tema restablecer la confianza»
«Me iba muy bien», asegura, sin embargo, los dejó para dedicarse en un cien por ciento a la fundación. Tras el escándalo, Belén no ha enfrentado momentos fáciles si se trata de su carrera profesional. Si bien logró ponerse nuevamente en contacto con sus clientes, «ha sido un tema restablecer la confianza porque trabajé en una organización que está cuestionada por corrupción», confiesa.
Este estigma no solo ha afectado a estas dos funcionarias, sino a cientos de otras personas que se han visto afectadas en su salud mental. La exposición del último tiempo, sobre todo tras las filtraciones de la carpeta investigativa, han vuelto a reflotar los despidos y cotizaciones impagas, las explicaciones a medias y las primicias periodísticas que están a la orden del día.
Extrabajadores han sido mencionados en notas de prensa, sin siquiera haber estado vinculados con la administración financiera de ProCultura. «Aunque la gente me conozca, confíe y sepa cómo trabajo, igual es un daño reputacional que se traspasa», reflexiona Belén.
El quiebre de confianza en ProCultura: «Muchos de nosotros pecamos de ilusos»
La figura de Alberto Larraín trajo más de una desilusión a personas de la fundación que realmente creían en su visión y proyecto. «A mí lo que más me reventó de de todo esto fue la mentira», confiesa Belén, quien recuerda que Larraín aseguraba que el bienestar de las personas era el objetivo que sostenía a la fundación: «Ese era el corazón de ProCultura. Las cosas se hacían porque había que cuidar a las personas para que vivieran mejor».
Alicia, por su parte, también lamenta el desenlace de la situación y la actitud de Larraín, dado que reconoce que gran parte de los profesionales que cumplían su labor de manera honesta no tenían idea de lo que estaba ocurriendo financieramente y «confiaban ciegamente en una administración que jugó chueco». Con mucho pesar confiesa: «muchos de nosotros pecamos de ilusos» y tilda a Alberto Larraín como «un sujeto que mentía descaradamente y que no le importaba a la gente».
¿Aún hay esperanza?
Fuentes conocedoras de la interna —fuera de micrófono— explican a Fast Check CL que muchos demandantes contra ProCultura han perdido interés en el avance de estas causas. Esgrimen, en parte, al estado financiero de la fundación una vez que cerró sus operaciones. Además, señalan que entre los mismos extrabajadores existe una crisis de confianza, con rupturas y sospechas por las jerarquías y el rol que ejercían dentro de la misma ONG.
A su vez, una importante cantidad de audiencias civiles no han sido programadas, y las que sí, están fijadas para tiempo después. En el caso de Belén, su audiencia tiene fecha para comienzos del 2026. Ella señala que, si bien no va a abandonar el proceso, «el tema de la demanda es más bien simbólico, como para cerrar el ciclo y quedarme tranquila con que hice todo lo que pude».
Por el lado de Alicia, estos días se enfrentará a la primera audiencia de su caso. Esto será junto a sus excolegas en el marco de una demanda colectiva. Si bien cree que nadie de ProCultura se presentará, optó por persistir en esta instancia legal.
